Ecologistas en Acción entiende que el Decreto-Ley 3/2021 constituye una adaptación del Derecho comunitario, que no recoge las condiciones establecidas en la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Tampoco se atiene a las condiciones establecidas en la legislación básica estatal, de la Ley 9/2018.

Con el Decreto 3/2021, la Junta de Andalucía busca la modificación de una norma que debería garantizar la calidad ambiental, para eludir el control que suponen los procedimientos de Evaluación Ambiental, que se realizan ante la propia administración autonómica. En estos procedimientos pueden intervenir las entidades y personas interesadas, como lo es Ecologistas en Acción, derecho que viene recogido en diversa legislación europea y española, como el Convenio de Aarhus. Afectaría a determinados proyectos europeos, que serían eximidos de evaluación de impacto ambiental sin motivar dicha decisión. Estas evaluaciones son importantes para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en relación al medio ambiente.

Ecologistas en Acción considera que este Decretazo de la Junta supone graves e invalidantes vulneraciones en materia de evaluación ambiental, tanto del derecho estatal básico como del Derecho de la Unión Europea, que podrían contribuir a generar una indeseable inseguridad jurídica en la tramitación y posterior ejecución de los proyectos subvencionables y dar lugar a un indeterminado número de litigios de consecuencias imprevisibles que podrían dañar seriamente la imagen de Andalucía como región receptora de fondos europeos como “Next Generation” en un momento tan crítico como el que vivimos y seguiremos viviendo los próximos años.

Ecologistas en Acción anuncia que estará atento y recurrirá legalmente los proyectos que se aprueben por la Junta de Andalucía eximiendo de los trámites de evaluación ambiental en base a esta legislación, que considera inconstitucional y contraria a la legislación estatal y a los convenios internacionales firmados por el estado español.

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