La situación de pobreza, marginalidad y precariedad que estamos sufriendo en Córdoba, donde tenemos cuatro barrios entre los quince más pobres de España, es una situación que, como se pudo comprobar en el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) se amplía a la mayor parte de Andalucía. Una de esas zonas que comparten y, en según qué problemas, incluso superan a la de nuestra ciudad, es la Comarca del Campo de Gibraltar, donde la realidad de la inmigración supone un plus adicional. Nuestra tierra, Andalucía, se confirma desgraciadamente como una de las mayores cenicientas del estado español, a la que se le exprime sus recursos pero se le niega ser destino de sus riquezas. Tantos años de gobierno en democracia no han hecho sino profundizar la situación de explotación y extracción que el franquismo puso en marcha. Y esto, para vergüenza de gobiernos estatales y andaluces, y los partidos que han pasado por ellos y están actualmente en ellos.

Las 11 organizaciones que promueven la acción ciudadana en la comarca hermana del Campo de Gibraltar nos han hecho llegar una nota en la que explican la situación y las medidas que defienden, basadas en la defensa de la Solemne Declaración de los Derechos Humanos.

Paradigma Media Andalucía, como sabéis, nació y vive para dar voz a los colectivos que, precisamente, luchan por que se cumplan los derechos humanos y se organizan en la mayoría social consciente necesaria para conseguirlos. Por eso, con todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad, os dejamos íntegra la nota de prensa porque, entre otras cosas, estas situaciones no tienen eco en los grandes medios de comunicación y es esa carencia de información la que hace que la población no sea consciente de la realidad y, por tanto, no tome las decisiones adecuadas sobre el destino de nuestras vidas y las futuras.

Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos en todo el mundo. La cita conmemora la firma de la Declaración Universal que los proclamó en 1948 y que fue un hito en el progreso de la Humanidad al reconocerle a todas las personas igualdad de derechos y libertades. Posteriormente los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, desarrollaron la Declaración Universal y vincularon a los Estados. La impulsora de dicha declaración y primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt, hizo una elocuente afirmación entonces: “En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano».

Inspiradas por esa cita, de que los derechos humanos comienzan en casa, estas once organizaciones nos sumamos para hacer posible esa acción ciudadana en nuestro entorno, en el Campo de Gibraltar. Y para ello analizamos y denunciamos la vulneración de cinco grupos de derechos: derecho al trabajo y a un nivel adecuado de vida, a la libre circulación y el asilo, a la no discriminación, a la salud y el medio ambiente y a la educación.

Artículo 23. Derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Artículo 25. Derecho a un nivel adecuado de vida.

El desempleo es un problema crónico de nuestra comarca. De forma especialmente dura afecta a La Línea, que en estos meses ha alcanzado la medalla de oro del paro registrado de todo el Estado. La pandemia y el Brexit han destruido miles de empleos, especialmente en zonas ya empobrecidas como el Campo de Gibraltar, que suma más de 40.000 desempleados/as. A eso hay que sumarle que las medidas de protección social como la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta o el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno se han convertido en una gincana burocrática que ralentiza su acceso a muchas familias cuando más lo necesitan. La pobreza afecta de forma profunda a muchos de nuestros barrios, mientras las organizaciones solidarias no dan a basto y las ayudas de los ayuntamientos son insuficientes. Familias linenses denuncian que las ayudas del Ayuntamiento a personas necesitadas, que se prometieron semanales, apenas han llegado una o dos veces. Además nuestra comarca adolece de falta de vivienda social desde hace décadas. Por ejemplo, en Castellar, con 3.000 habitantes, las personas solicitantes de alquileres sociales son más de 200.

Artículo 13. Derecho a la libre circulación.

Artículo 14. Derecho al asilo.

Nuestra condición fronteriza nos otorga un papel relevante ante las migraciones. La construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras, una institución que priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, es una grave violación de los derechos humanos y la perpetuación de un modelo de gestión de la migración caduco e ineficaz.

Además, un Brexit sin acuerdo amenaza la fluidez y el libre tránsito en torno a la frontera con Gibraltar, destruyendo cientos de empleos, especialmente de trabajadoras del hogar sin contrato y la normalidad de miles de familias. Las relaciones humanas a ambos lados de la Verja no pueden verse alteradas por el capricho de los gobiernos y la circulación libre y ágil para trabajadores/as y todas las personas entre ciudades vecinas y hermanas debe garantizarse.

Artículo 7. Derecho a la no discriminación y a igual protección.

Desde la unificación del juzgado de violencia de género en la comarca, se han producido 366 denuncias; y el total hasta el mes septiembre asciende a 1040 denuncias.

Estos datos, además de reflejar la cifra más alta en la comarca en los últimos años, significan que hay 38 mujeres víctimas de violencia de género más con respecto al año anterior, entre ellas 10 menores de edad.

Si a este aumento, le añadimos la disminución de recursos para gestionar estas denuncias, nos encontramos ante una clara vulneración de los derechos de estas mujeres.

Artículo 12*. Derecho a la salud y el medio ambiente. 

La ampliación de la refinería, con su proyecto Fondo de Barril en San Roque, o la del Puerto de Algeciras, atentan gravemente contra el medio ambiente de la comarca, y de igual forma, la salud pública. La ausencia de un estudio epidemiológico, históricamente reclamado y a la vez negado, nos impide cuantificar los efectos del polo industrial-portuario en la ciudadanía campogibraltareña, pero los más altos índices de cáncer o enfermedades respiratorias no son casuales. Ese estudio sería una actuación clave para propiciar un debate social sobre el futuro de la comarca y reclamar justicia ambiental. Como sede del principal polo industrial de Andalucía, el Campo de Gibraltar debe iniciar la transición ecológica que demanda la sociedad, necesita el planeta y promueven pactos internacionales.

En materia sanitaria, desde hace años, las denuncias de las plataformas sanitarias y mareas blancas del Campo de Gibraltar son constantes, en especial, por la escasez crónica de especialistas, lo que ocasiona largas listas de espera. A ello hay que sumarle una atención primaria saturada, y con la pandemia, muchos enfermos con otras dolencias han quedado prácticamente abandonados.

Es fundamental además hacer de la participación ciudadana un pilar de las políticas sanitarias y medioambientales, creando los Consejos de Salud donde se incluyan a las asociaciones de pacientes y escuchar a la sociedad civil ante los grandes proyectos de las administraciones. Desgraciadamente hemos comprobado cómo la Autoridad Portuaria ha desoído todas las alegaciones vecinales y ecologistas a la ampliación del Puerto de Algeciras. Y ante la intensa actividad industrial y turística y la amplitud de nuestra comarca, urge crear una Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía de Algeciras.

Artículo 26. Derecho a la educación.

Las altas ratios en nuestras escuelas e institutos (en ocasiones, por encima del límite legal), la precariedad laboral de las plantillas docentes y de servicios, llegando incluso a superar el 50% la interinidad en algunos centros, así como las insuficientes medidas de seguridad ante la pandemia impiden un correcto desarrollo del derecho a la educación, en una zona que necesita especialmente de ella para combatir la desigualdad social.

*artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El resto de artículos son de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.