Los bienes y servicios que están en el mercado son cosas y tienen precio. Los servicios públicos no han de estar en el mercado, y por tanto no han de tener precio, aunque sí tienen un coste, menor que el de mercado si se gestiona eficientemente, ya que no buscan beneficio empresarial y reparto de dividendos, sino el beneficio social.

El mercado iguala de hecho mercancías muy diversas en cuanto a su naturaleza y cantidad, mediante su precio (un café con leche tomado en un bar es igual a un kilo de naranjas, si pagamos lo mismo por ambos). Pero las Administraciones deben igualar la accesibilidad a los servicios públicos de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, mediante el criterio de equidad, y no intentando valorar exclusivamente el coste de los mismos e igualarlo, enorme error que continuamente es cometido por los gestores de lo público, y que conlleva la generación de desigualdades, y por ende de discriminación de parte de la sociedad. Sin embargo usan índices basados en costes y no en accesibilidad a los servicios públicos, y lo hacen de forma que incrementan la brecha preexistente entre territorios, ya que anteponen criterios de necesidades político-partidistas a criterios sociales.

Cuando se constituye el sistema para “valorar” las necesidades de gasto de los servicios públicos esenciales en cada CCAA, se procede a implementar un mecanismo que divide la población en 7 grupos de edad, y a ponderar con diferente valoración las necesidades de gasto de cada uno. La cuestión no es baladí, ya que según se realice la división por edad, y se usen diferentes variables para determinar la citada necesidad de gasto, así como las ponderaciones de las diferentes variables consideradas, obtendremos resultados muy diferentes, cuya validez desde el punto de vista de la equidad puede resultar más que cuestionable. Así, por ejemplo, si no introducimos como variable la cantidad de población en exclusión o riesgo de exclusión social en cada territorio (que de hecho no se incluye), obviamos uno de los principales parámetros que contribuiría a la equidad de las políticas. Así, la valoración sesgada de las necesidades tiene su reflejo en el cálculo de la distribución de recursos por CCAA.

El sistema actual de valoración se traduce en la determinación de lo que se suele denominar la “Población Ajustada”. Dicho sistema ha sido defendido por ser el resultado de informes de “expertos” y del acuerdo político del gobierno estatal con las CCAA. Estas premisas que aparentemente procuran la asepsia política distan mucho de ser garantistas al respecto. Los asuntos de carácter sociológico van indisolublemente unidos por naturaleza a una cierta subjetividad y a un sesgo ideológico que cuestionan la validez de los informes, y el acuerdo con las CCAA. Especialmente en el caso de Andalucía, se ha producido merced a la intervención de partidos centralistas que han tenido el control de los distintos gobiernos andaluces desde el inicio de nuestra historia democrática (baste recordar las declaraciones de José Rodríguez de la Borbolla en defensa de Andalucía como “región” negando su realidad de Nacionalidad Histórica)

El resultado ha sido un sistema altamente perjudicial para las andaluzas, lo que desgraciadamente ocurre de forma habitual, ya que carecemos de voz propia en las Instituciones Estatales y en los centros de poder donde realmente se toman las decisiones. Los representantes políticos elegidos desde Andalucía han optado de forma habitual por la obediencia a los criterios de sus comités centrales, para garantizar su propia continuidad eludiendo el enfrentamiento que les supondría la defensa de los derechos e intereses del pueblo andaluz por encima de cualquier otra consideración. Los recientes acontecimientos en la Mesa del Parlamento Andaluz donde tanto Ciudadanos , PSOE como UP del sur y PP han actuado al dictado de Madrid en lo referente a la expulsión de varios/as parlamentarios/as del grupo Adelante Andalucía, o el desmantelamiento de Airbus en Puerto Real, son solo ejemplos de lo que habitualmente se vive en nuestra Comunidad en casos tal vez menos mediáticos pero igualmente lesivos para nuestros intereses.

Veamos ejemplos de cómo se ha perjudicado claramente a Andalucía en el cálculo de la “Población Ajustada” o “Población protegida equivalente” como se denomina oficialmente:

La Población Real española es de unos 47,5 millones de habitantes. Sin embargo, cuando se aplican los parámetros de ponderación, arroja una cifra total de Población Ajustada de 49,15 millones en el conjunto del Estado, es decir, 1’65 millones más de los que realmente somos. Esto podría llevar a pensar que en todas o casi todas las Comunidades Autónomas debería existir un superávit de Población Ajustada frente a la real pero no es así. En el caso de Andalucía, si se hace la diferencia entre Población Ajustada menos Población Real el resultado es la pérdida de más de 100.000 habitantes, que parece ser asumible por nuestra clase política andaluza.

No solo resulta sorprendente que los parámetros que se manejan hagan que Andalucía precisamente pierda población respecto a los datos reales -teniendo en cuenta los lamentables índices económicos de paro, renta disponible, etc. que arrastramos-, sino que en la realidad la pérdida de población que se aplica en los repartos de fondos es aún mayor.

El porcentaje de Población Ajustada andaluza sobre los 49,15 millones totales supone el 17% de la población, y ese es el porcentaje que se aplica a la hora del reparto de fondos afectos al peso poblacional. Sin embargo el porcentaje de población andaluza real sobre los 47 millones de habitantes reales de España es de casi el 18%. Eso implica que perdamos aproximadamente un 1% de los fondos que nos corresponderían.

Ese 1% traducido a datos poblacionales mediante la fórmula de cálculo: , equivale a considerar que en Andalucía hay aproximadamente 400.000 personas menos de las que hay realmente a la hora de una distribución de recursos. En base a este cálculo, la población que la administración central considera de facto para cada Comunidad Autónoma, obtenemos los siguientes resultados:

Es decir, a la hora de repartir fondos entre las CCAA para cuestiones tales como el Sistema de Financiación Autonómica, o los Fondos Covid-19, por ejemplo, el sistema de cálculo no sólo no mejora a aquellos con menor renta disponible, o aquellas CCAA con mayor población en exclusión o riesgo de exclusión social, sino que perjudica especialmente a Andalucía, a la que se le considera casi un 5% de población menos de lo que realmente somos. Es como si más de 400.000 andaluzas no existieran a la hora de dotar económicamente los servicios públicos; algo así como si la mitad de la población de la provincia de Córdoba no existiera. El reparto no solo no es equitativo, sino que ni siquiera es igualitario. Galicia, Castilla y León y el País Vasco son los grandes beneficiados del sistema de cálculo actual de la Población Ajustada, y Andalucía la gran perjudicada. A ningún miembro del Congreso de los Diputados elegido por los y las andaluzas le ha interesado modificar esta triste realidad, y exigir la equidad (o como mínimo igualdad); no debe estar entre sus prioridades.

Puesto que el valor permite igualar todas las mercancías ha de estar presente en todas ellas, ser cuantificable y no depender del uso de la misma. Pero no es lo mismo valor y coste. Debería ser el trabajo humano el componente, la materia que da lugar al valor; sin embargo, en nuestro contexto neoliberal actual, es el coste o precio lo que se usa como componente del valor de un bien o servicio asociándolo a menudo con la utilidad del mismo (principio de la especulación). Pero es evidente que una cosa no vale 20 euros porque tenga una utilidad de 20 euros. Si la sociedad trabaja lo suficiente para mantenerse en un estado “estacionario”, todo su trabajo sería necesario. Si se trabaja de más, se crea un excedente que hace posible el crecimiento (se genera un “plus”).

Pero si una parte de la sociedad consigue vivir a costa del trabajo del resto, del ajeno, se apropia de este plus social para beneficio particular e incluso empobrece al resto de la sociedad si acapara más allá del citado excedente. Este es el modelo imperante en las políticas públicas en lo que a la financiación de las CCAA (y no solo) se refiere. En el modelo que deriva del 78, los ciudadanos y ciudadanas andaluzas han sido siempre relegadas a ser empobrecidas, a quedar atrás y al exilio laboral porque otras CCAA, sectores sociales o grandes poderes económicos acaparan el valor de nuestro trabajo, de nuestros recursos e incluso los impuestos que pagamos. Volvamos a poner como claro ejemplo lo sucedido estos días con Airbus, su cierre en la Bahía de Cádiz y su inversión y ampliación en Getafe.

Hay múltiples ejemplos que podríamos citar respecto a la falta de equidad en las aplicaciones de las políticas públicas estatales y los recursos asociados a las mismas. Desde la menor inversión pública per cápita en Andalucía (incumpliendo nuestro propio Estatuto), pasando por la infrafinanciación de las Políticas Activas de Empleo en Andalucía (a pesar de ser la CCAA con mayor tasa de desempleo con diferencia), por el Sistema de Financiación Autonómica (la infrafinanciación de servicios públicos en Andalucía es ya histórica y recurrente), el Fondo de Compensación Interterritorial supuestamente destinado a nivelar desigualdades (cada vez más mermado, y cuyo reparto obedece a criterios más políticos que de desigualdad real), etc.

Nos vamos a centrar, dada su reciente aplicación e interés actual, en los Fondos Covid: 16.000 millones de euros transferidos desde las arcas del Estado a las CCAA para paliar los efectos de la pandemia sobre el sistema sanitario, así como en los ingresos de las CCAA, con cargo a deuda pública, y que pagaremos con intereses todos y todas las ciudadanas. Eso sí, esta vez según población real y no en función de la población ajustada (o población protegida equivalente). ¿A alguien se le escapa la perversión que supone aplicar la población ajustada en Andalucía -menor que la real- a la hora del reparto de fondos, pero no a la hora del pago de deuda?

El citado Fondo Covid se divide en 4 tramos. Los 2 primeros se denominan tramos sanitarios, dotados con 6.000 y 3.000 millones respectivamente. El objetivo de estos fondos sanitarios es el de intentar compensar el incremento del coste del servicio sanitario de cada CCAA por efecto de esta pandemia. El mecanismo de reparto se ha basado en 4 factores o variables que son:

1. Número de pacientes ingresados en UCI.
2. Número de hospitalizados.
3. PCR realizadas.
4. Población ajustada.

La ponderación -el peso relativo de cada uno de los factores o variables citadas-, es diferente entre ambos tramos, de forma que la población de cada CCAA incide con un 35% en el reparto de los primeros 6.000 millones, y con un 45% en el reparto de los 3.000 millones restantes. Esta arbitrariedad es un claro síntoma de que la elección de las variables y sus ponderaciones se realizó en virtud de necesidades político-partidistas de forma que se permitiera contentar a las Comunidades que podían suponer un mayor escollo, un mayor socavo de la popularidad e índices de credibilidad del gobierno, y no en virtud de la accesibilidad real de la población a los servicios sanitarios ni del sobrecoste que esta pandemia genera en los servicios públicos sanitarios de cada CCAA.

Por otra parte se decide a priori, sin mucha justificación, que se valoran solo los datos de ingresados UCI, Hospitalizados y PCR realizadas a 30 de abril del 2020 para los primeros 6.000 millones, y a 31 de Octubre del 2020 para los 3.000 millones restantes. Como si la pandemia y sus consecuencias sanitarias se acabaran en dichas fechas.

El resultado ha sido, nuevamente, manifiestamente diferente a lo que intentan “vender” los representantes públicos. Tomando los datos de ingresados UCI, hospitalizados y PCR realizadas en cada CCAA a fecha 09/04/2021, y las transferencias realizadas, podemos concluir que cada ingresado UCI en Cataluña ha recibido 4.02 veces más que cada ingresado UCI en Andalucía; en Madrid 2.48 veces más, en País Vasco 2.38 veces más, en Castilla la Mancha 2.30 veces más,… Como media estatal, cada ingresado UCI en España ha recibido financiación extraordinaria 1.88 veces mayor que cada ingresado UCI en Andalucía.

Respecto a los hospitalizados, la realidad es similar. Por cada hospitalizado en Cataluña, el Estado le ha transferido 3.54 veces más que por cada hospitalizado en Andalucía; 2.70 veces más en el País Vasco, 2.62 veces más en Castilla la Mancha, 2.52 veces en La Rioja, 2.35 veces en la Comunidad de Madrid, 2.30 veces en Navarra,… A nivel del Estado, se ha transferido por cada hospitalizado como media 1.99 veces más que lo transferido a Andalucía por el mismo concepto.

Se sigue la misma tónica al analizar las transferencias realizadas a las CCAA por PCR realizadas. En este caso, la C. de Madrid ha recibido 1,99 veces lo que Andalucía por cada PCR realizada, La Rioja 1.95 veces, Castilla y León 1.62 veces, Canarias 1.61 veces,… La media estatal es 1.32 veces lo transferido a Andalucía por cada PCR.

La cuarta y última variable para el reparto del tramo sanitario de los Fondos Covid (de estos 9.000 millones de euros totales entre los dos tramos descritos) es la población. Por supuesto se considera la Población ajustada (población protegida equivalente) y no la real que, como ya hemos dicho, implica no contabilizar a casi el 5% de la ciudadanía andaluza, ni considerar la pobreza o población vulnerable (en riesgo de exclusión social), ni el nivel de paro etc. a la hora del cómputo. El resultado es que por cada asturiano se ha transferido 1.24 veces lo transferido por cada andaluza, 1.19 veces en el caso de Castilla y León y de Galicia, 1.16 veces en el caso del País Vasco… Como media estatal, por cada residente se ha transferido un 5% más que lo transferido por cada andaluz o andaluza en función de la población (ajustada).

El muy discutible método en el cálculo de la Población Ajustada, la arbitraria ponderación de las variables de cálculo en el reparto de fondos, el reparto igualitario del pago de la deuda… Una y otra vez el sistema parece diseñado para ahondar en las desigualdades en lugar de reducirlas. Pero los argumentos que lo demuestran basados en un análisis de más factores y tramos de los Fondos Covid y uno fundamental sobre el pago de la deuda serán el objeto principal de próximos artículos.

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