El precioso enclave costero de El Palmar, en Vejer de la Frontera, viene teniendo problemas con las viviendas ilegales que pueblan su paisaje durante décadas. La Junta de Andalucía propone medidas de precintado y demolición para restablecer la legalidad en la zona, una decisión que ha generado el rechazo por parte del Alcalde de Vejer, quien aboga por la regularización como solución, como pide también la Asociación Vecinal de El Palmar, que convocó una manifestación el pasado domingo en contra de las actuaciones de la Junta, la cual tuvo que ser suspendida debido a condiciones meteorológicas adversas.

El Alcalde de Vejer ha expresado su postura en contra de las demoliciones propuestas, argumentando que la regularización es la vía adecuada para abordar el problema de las viviendas ilegales. Según sus palabras, «debe regularizarse, no demolerse«. Sin embargo, Ecologistas en Acción recuerda que las promesas de regularización han alimentado el crecimiento descontrolado de construcciones ilegales en la zona durante décadas.

El aumento exponencial de viviendas ilegales es evidente, pasando de 120 en los años 80 a más de 2.500 en la actualidad, según datos proporcionados por Ecologistas en Acción. Ante esta situación, argumentan que es necesario detener este descontrol de forma prioritaria, ya que el infractor debe conocer las consecuencias de sus actos, y no hay otra forma que demoler las viviendas construidas bajo la ilegalidad.

Ecologistas en Acción respalda las actuaciones emprendidas por la Junta en El Palmar, subrayando la urgencia de cumplir con la ley para detener la agresión territorial y buscar soluciones dentro del marco legal establecido. La mayoría de las construcciones ilegales son segundas residencias, muchas de ellas destinadas al alquiler turístico.

La escasez de medios dedicados por parte de la Junta de Andalucía a estas actuaciones ha sido denunciada repetidamente por Ecologistas en Acción, quien destaca la gravedad de la situación ecológica que enfrenta la región. Las construcciones y parcelaciones ilegales en suelos rústicos y no urbanizables han provocado una verdadera hecatombe ecológica, según el Defensor del Pueblo en un informe emitido hace casi 25 años.

La disputa entre el Alcalde de Vejer y la Junta de Andalucía sobre el destino de las viviendas ilegales en El Palmar refleja un dilema recurrente en muchas zonas afectadas por la urbanización descontrolada. Mientras se debate entre la regularización y la demolición, la urgencia de encontrar soluciones viables se hace cada vez más evidente ante los crecientes impactos ecológicos y sociales de esta problemática.

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