En la nota de prensa hecha pública el 21 de mayo, el Tribunal Constitucional anunció su posición ante el recurso que, contra la ley por el derecho a la vivienda, interpuso la Junta de Andalucía, avalando la posición mantenida por La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), donde está integrada la Plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba como nodo local, y la iniciativa Ley Vivienda, en el sentido de que el Artº 149.1.1 de la Constitución, permite al Estado legislar en esta materia, por ser la vivienda un derecho universal, pese a que la propia Constitución otorgue la competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas.

El Tribunal Constitucional avala así que, como tal Derecho Universal, el Estado tiene competencia para establecer un mínimo de igualdad entre las personas, con independencia de su lugar de residencia.

El posicionamiento del Tribunal reafirma la demanda de estos colectivos en cuanto a que cabía mayor ambición en una ley que pretende establecer tales mínimos de igualdad. Muchas de sus pretensiones, que el Gobierno rechazó, podían tener, a su juicio, cabida en la ley definitiva y «hubieran tenido el impacto necesario para resolver el problema de la vivienda realmente para garantizar el Derecho a la Vivienda, como el fin de los desahucios sin alternativa, el alquiler social obligatorio a grandes tenedores o las medidas para disponer del adecuado parque público, por ejemplo«.

Sin embargo, la Plataforma de Córdoba lamenta que una de las medidas que proponía y que sí está recogida en la Ley, el control de precios de los alquileres, en todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y Vox, y en Andalucía y Córdoba en particular, se niegan a aplicar la declaración de zonas tensionadas, para bajar los precios del alquiler. También critican que no hayan desarrollado los protocolos de mediación frente a los desahucios, entre otras medidas contenidas en la ley. Hasta el momento, sólo Cataluña, que también la recurrió, está aplicando estas medidas.

Tras la sentencia, que se conocerá en los próximos días en su totalidad, 15M Stop Desahucios Córdoba entiende que es imprescindible la reforma de la ley, tanto por los aspectos parciales que el Tribunal Constitucional sí ha considerado que invaden competencias, como para incluir en la misma aspectos como los ya mencionados.

Para la Plataforma, «urgen medidas que obliguen a todas las Comunidades Autónomas, y a Andalucía en particular, a garantizar esos mínimos de igualdad, en relación tanto con los alquileres, como introduciendo el alquiler social obligatorio. Estas medidas, junto a las que incansablemente planteamos desde La PAH, son necesarias para garantizar una convivencia democrática, puesto que los ataques cada vez más bestias de los fondos buitre y del capital especulativo no hacen más que aumentar la emergencia habitacional que ahoga a nuestras familias y les quita años de vida«. Y advierten de que, desde la PAH y 15M Stop Desahucios Córdoba seguirán luchando por ello.