El 16 de febrero de 2018 se producía un violento desalojo policial que ponía fin a la ocupación de varios inmuebles vacíos que habían servido para dar alojamiento a un grupo de personas sin hogar en situación de calle. En aquel desmedido operativo policial fueron detenidas 6 personas, que permanecieron además en prisión provisional durante 2 meses. Los agentes policiales también identificaron durante aquella jornada a otras 12 personas que se encontraban en las inmediaciones del inmueble. En total serán 18 vecinos y vecinas de la ciudad de Sevilla contra quienes comenzará el próximo 15 de julio un juicio en el que se les piden penas de entre 5 años y medio y 3 años y 10 meses de prisión, multas individuales de entre 4.140 y 5.255€ y una responsabilidad civil colectiva de casi 22.000€. Entre las imputadas, además de personas sin hogar en situación de calle y activistas vinculados a los movimientos sociales, se encuentran además jóvenes universitarios que apoyaban la demanda de vivienda digna.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha querido expresar, mediante nota de prensa, toda su solidaridad con «los 18 de la Macarena» y denuncia «que las actuaciones policiales así como el juicio que comenzará el próximo 15 de julio tienen como principal objetivo acallar la legítima protesta social«.

En este sentido, la entidad andaluza sigue denunciando que la aplicación y la no derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza‘, tiene como objetivo la desmovilización social y la criminalización de los sectores más críticos y disidentes, limitando los derechos y libertades básicas y fundamentales de la ciudadanía activa. No obstante, como explica la APDHA, «la Ley Mordaza es solo una parte del engranaje, del sistema perverso y complejo que abarca desde la visión sesgada que ofrecen numerosos medios de comunicación contra colectivos vulnerables hasta la petición desmedida de penas que, como es el caso que nos atañe, realiza la Fiscalía contra 18 personas y unas movilizaciones que tan solo reivindicaban el derecho a una vivienda digna«.

APDHA cree que el juicio que el próximo 15 de julio arranca en el Juzgado de Lo Penal nº1 de Sevilla contra «los 18 de la Macarena» «es un caso de utilización de medidas ejemplarizantes contra activistas sociales y contra personas de un colectivo vulnerable con el único objetivo de deslegitimar y acallar protestas legítimas».

De esta forma, 18 personas se enfrentan a penas de entre 5 años y medio y 3 años y 10 meses por el simple hecho de ocupar y habilitar un edificio hasta entonces deshabitado. A las personas que serán juzgadas también se les solicitan multas individuales de entre 4.140 y 5.255€, así como una fianza colectiva que asciende hasta los 21.914€. Está previsto que el juicio comience el próximo 15 de julio y que continúa durante los días 16, 19, 22 y 23 de julio. APDHA ha anunciado que estará presente en la concentración de apoyo a las personas que serán juzgadas que se desarrollará en los Juzgados de la Buhaira (Sevilla) el próximo 15 de julio a las 9.30 de la mañana.