El pasado 8 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos los datos correspondientes al primer trimestre de este año, revelando que los desahucios alcanzaron la cifra de 6.579. De estos, 1.308 fueron resultado de ejecuciones hipotecarias, 4.860 se debieron a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y 411 tuvieron otras causas.

Según informa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en ese primer trimestre en el que las Letradas de la Administración de Justicia estuvieron en huelga durante 2 meses, dejando sin ejecutar una gran cantidad de acciones judiciales, y considerando además la existencia del decreto de escudo social, el número de desahucios solo disminuyó en 2.402 con respecto al trimestre anterior. Esto pone de manifiesto, a su juicio, «la vulnerabilidad de las personas frente a los desahucios y la insuficiencia de las leyes existentes para proteger el derecho a la vivienda«.

Además, la PAH recuerda que en la reciente Ley de Vivienda no se incluyeron las medidas solicitadas para proteger a personas vulnerables, como la prohibición de cualquier desahucio sin ofrecer una alternativa habitacional o la obligatoriedad del alquiler social para grandes propietarios. «Las medidas que se incluyeron solo alargan los procedimientos, pero su implementación depende de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, dado el cambio de gobierno en muchas de ellas y la clara intención del Partido Popular de derogar o incumplir esa ley, el panorama se oscurece aún más. Además, el decreto del escudo social expira el próximo día 30, lo que plantea un escenario desolador«, afirman.

Por todo ello, la PAH exige al gobierno actual que mejore y prorrogue dicho decreto, el cual puede ser validado por la Diputación Permanente del Congreso, para garantizar un nivel mínimo de protección social. Asimismo, instan al próximo gobierno a reformar de inmediato la Ley de Vivienda, incluyendo las medidas de protección mencionadas, y hacerla de obligado cumplimiento en todo el territorio.

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