El pasado 3 de abril se cumplieron 44 años de las primeras elecciones municipales tras la restauración de nuestra democracia (11 corporaciones democráticas desde 1979), y el próximo 28 de mayo se elegirán las personas que ocuparán los escaños como concejales de la corporación local número 12 del actual período constitucional. Eran tiempos, esos de 1979, verdaderamente difíciles y arriesgados para participar en la actividad política. A pesar de esa dificultad, hubo personas comprometidas y valientes que dieron un paso al frente y decidieron ser candidatas en sus pueblos y ciudades.

Hacía muy poco tiempo que había entrado en vigor la actual Constitución, tras el largo y negro período de negación de derechos y libertades que supuso la dictadura franquista. El nuevo texto constitucional de 1979 consagraba el principio de autonomía local, al establecer, en el marco del título referido a la organización territorial del Estado, que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales” (artículo 140).

Dicha proclamación está precedida de otro precepto fundamental, el artículo 137, que expresaba una concepción de Estado compuesto, no unitario, diverso territorialmente en la gestión de los intereses, de cercanía a los administrados, y que literalmente decía, y dice: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Con ese fundamento constitucional tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de nuestra actual democracia. En ese 3 de abril de 1979 millones de españoles se lanzaron a las urnas para elegir democráticamente a sus concejales, que unos días después, una vez que se constituyeron las Corporaciones Municipales, elegirían a sus alcaldes y alcaldesas, primeras autoridades locales netamente democráticas desde la II República.

Como decía al inicio, eran tiempos, esos de abril del 1979, complicados para la vida política. En el mundo rural aún quedaban muchos resquicios del franquismo, y muchos problemas sociales y económicos, y la decisión personal de ser candidato a alcalde no era nada pacífica, sobre todo en las fuerzas políticas que habían estado prohibidas hasta hacía muy poco tiempo.

Las personas que decidieron dar ese paso y fueron elegidas concejales, y en su caso, alcaldes o alcaldesas, contribuyeron en esos años a experimentar la nueva democracia que había sido conquistada para nuestro país. En sus municipios y ciudades empezaron a construir el futuro, nuestro presente, a trabajar desinteresadamente por el bien común, dedicando su tiempo, sus energías y su patrimonio, y la de sus familias, a los demás, al bienestar de sus pueblos y de sus gentes.

En esas históricas elecciones locales de 1979, se eligieron un total de 67.505 concejales, en los casi 8.100 municipios del conjunto del Estado español. La Unión de Centro Democrático consiguió 28.960 concejales (30,6%), el Partido Socialista Obrero Español un total de 12.059 concejales (28,1%) y el Partido Comunista de España llegó a los 3.727 concejales (13,1%). Es de destacar que un total de 16.320 concejales lo fueron en candidaturas ajenas a partidos políticos, candidaturas independientes de nivel local. Por el pacto político que tras las elecciones se firmó ente Partido Socialista y Partido Comunista, la izquierda gobernó en dicha primera legislatura local en las grandes ciudades de nuestro país.

Cuarenta y cuatro años después, en mayo de 2023, con otras relevantes elecciones locales, culmina una primera gran época del poder local en España, y desde mi punto de vista, se inicia otra con grandes y estratégicos objetivos a acometer, en un mundo lleno de cambios e incertidumbres.

La problemática del mundo rural se ha puesto en valor en el último lustro, la España vaciada la llaman, provocada por políticas históricas de poca atención al hecho rural, con consecuencias nefastas en términos de equilibrio poblacional y preservación de la naturaleza. Hace más de cuatro décadas muchas personas valientes y comprometidas se presentaron a aquellas lejanas elecciones con la esperanza de luchar por el desarrollo de sus pueblos. Hoy persisten muchas de las problemáticas del mundo rural, con una brecha muy importante en términos de acceso a la sociedad de la información y al espacio digital en la gestión, de infraestructuras y servicios básicos, de escasas posibilidades de desarrollo endógeno que facilite que los jóvenes puedan desarrollar su futuro personal y profesional en sus pueblos de origen y, no verse obligados a migrar a ciudades e incluso a otros países.

Y, en cuanto a las grandes ciudades, el gran reto sin duda es la contaminación o la gestión de un recurso esencial para la vida, el agua, con graves consecuencias para la salud de millones de personas que habitan las grandes urbes de nuestro país. Se trata de un modelo de vida poco sostenible, grandes concentraciones humanas con actividades y hábitos altamente impactantes en el entorno y en su propia salud. Se imponen políticas de sostenibilidad local, de apuesta por la persona, por su salud, por su movilidad racional, por un uso cuidadoso de nuestro entorno.

Sin duda, en este período de poder local 2023-2027 ha de iniciarse otra forma de entender la gestión territorial de nuestro Estado. Los entes locales son lo más cercano al ciudadano y al territorio, y con las personas como principal centro de interés, deberían iniciarse nuevas políticas públicas de apoyo al mundo rural, a las personas, y de lucha contra los ataques al medio ambiente de unos modos de vida urbana altamente perjudiciales. Pensemos en el futuro.

El blog del autor es Derecho y Democracia