Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 26,6% de las personas que viven en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es la consecuencia directa de las políticas austericidas implantadas con mayor fuerza desde el estallido de la crisis financiera y sistémica, allá por el año 2008, cuando se situaba en el 24,7%, pero también de una redistribución de los recursos del país que sitúan a España en la peor posición en cuanto a desigualdad, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania, según publicó las Unión Europea en su informe sobre empleo de 2017. En su tabla de 14 indicadores sociales, la Comisión colocó a España en el apartado sobre desigualdad en una “situación crítica, una situación mucho peor que la media europea y deteriorándose o no mejorando lo suficientemente rápido”, decía el informe del año pasado.

La cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza «refleja la necesidad de contar con una ley efectiva que proteja a la ciudadanía de esta situación de carencia material, laboral y monetaria que impide el libre desarrollo de nuestras vidas». «En España a día de hoy es perfectamente posible poner fin a la pobreza. Somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de actuar para revertir esta situación injusta de desigualdad y de vivir», dice el texto de la PL.

«A nuestro juicio, no hay democracia sin libertad, y no hay posibilidad de que exista la libertad en la pobreza». Partiendo de esta premisa, el coordinador General de IU, Alberto Garzón, ha explicado esta mañana junto a Eva García Sempere cuáles son los objetivos fundamentales de la ley. «El objetivo prioritario es que salga aprobada», por ello tendremos que «discutirla con el Gobierno», ha añadido Garzón.

IU propone como prioridad el empleo. A pesar de que los datos muestren una mejora en los datos –cuya peor cara se mostró durante los años duros de la crisis–, es todavía uno de los principales objetivos de muchos españoles que, tras años en situación de desempleo, ven más lejana la salida de la pobreza. Por ello, el partido liderado por Alberto Garzón opta por la creación directa de un millón de puestos de trabajo a través de un plan de carácter anual. Estos contratos, coordinados entre el Gobierno y las administraciones locales y autonómicas, serían de carácter indefinido y tendrían una remuneración de 1.050 euros brutos mensuales.

«Esta ley quiere sacar todas las caras de la pobreza y visibilizar pobrezas que no veíamos», ha añadido Eva García Sempere, una pobreza que no da tantos titulares, por ejemplo, como es «la pobreza del mundo rural» y la «exclusión territorial» que sufren». Para ello, se recogieron nueve territorios, a fin de analizar todas estas caras de la pobreza de primera mano: Melilla, Castilla la Mancha, Castilla León, Andalucía, etc. donde se recogieron fenómenos como «qué ocurre cuando un pueblo se muere».

Específicamente se propone la creación de una Renta Mínima Garantizada para todas aquellas personas o familias cuyos ingresos anuales sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, de forma complementaria, los individuos sujetos a este programa podrían continuar recibiendo el resto de prestaciones a las que tengan derecho y, además, podrían acceder a un programa de inserción profesional, laboral y/o social.

Proponen, además, ampliar el Real Decreto 8/2015 para que las prestaciones económicas por hijo, hija o menor de edad a cargo se amplíen a más supuestos de los contemplados actualmente. Y, del mismo modo, la Ley 39/2016 sufriría también algunas modificaciones con el objetivo de garantizar una mejor y mayor atención a todas aquellas personas con un grado de dependencia reconocido.

También la modificación del Real Decreto 8/2015 para que las pensiones se revaloricen cada año en función del IPC de ese momento. Se atendería así al principal reclamo de los miles de pensionistas que han sacado su grito a la calle, que también verían eliminado el conocido factor de sostenibilidad, que entraría en vigor el 1 de enero de 2019 y reduciría la pensión de cada nuevo jubilado según la esperanza de vida que se atribuya a su generación.

En cuanto a sanidad, la modificación del Real Decreto 16/2012 que ha originado bolsas de exclusión sanitaria inaceptables«, y la supresión del aspecto más criticado de la normativa de 2012: el copago para los pensionistas, que hasta ese momento solo contribuían al pago de los medicamentos vía impuestos.

Se abordan los suministros básicos de agua potable, luz y gas, pues estos deben estar garantizados, y por eso se aboga en su propuesta reglamentaria por «un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de pobreza y exclusión social».

En el título quinto de la ley, IU explica que otra de las medidas fundamentales: la recuperación de la función social de la vivienda. En este sentido, proponen que los poderes públicos garanticen el acceso a todas aquellas personas que carezcan de un hogar, así como a todas las que, por «causas sobrevenidas», se hayan visto expulsadas de la que ya tenían. «Se establece una moratoria de los procedimientos de ejecución hipotecaria para deudores en situación de insolvencia sobrevenida, y se impulsa una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y programas de ayuda al alquiler para evitar el lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler de personas en situación de exclusión social».

En cuanto a la educación, se garantiza la calidad de la misma al conjunto del alumnado, también al que presenta especiales dificultades, como el migrante o el gitano. Para ellos, se propone la extensión de la dotación del profesorado que, de manera individual, pueda atender cada contexto individual. También la creación de suficientes plazas públicas educativas de 0 a 3 años y por el mandato a las administraciones educativas de garantizar la gratuidad del transporte, el material escolar y el servicio de comedor escolar en todos los centros y en periodos no lectivos, así como otras ayudas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades. Por último, el aumento de las becas hasta alcanzar el 0,4% del PIB en 2020.

«Estamos recaudando 9 puntos por debajo de la Unión Europea, asi que cuando nos quieran tildar de voluntariosos indicaremos que se afronte la situación de pobreza y exclusión social», ha aclarado Carlos Sanchez Mato. «Es una cuestión de voluntad política» que se resuelve «con los recursos que podríamos obtener actuando en el ámbito fiscal para llegar a la media de la Unión Europea, algo necesario e imprescindible».