César Pérez Navarro

Publicado en febrero de 2017 en el Número 2 de la edición impresa

La última Encuesta de Condiciones de Vida publicada en mayo de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situó a Andalucía como la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa del 43,2% de su población. Esta encuesta reflejó que el 55% de los hogares andaluces “no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos” y tampoco “pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año”. O que el 11,3% paga la hipoteca o el alquiler de su vivienda habitual a duras penas, con retrasos, y el 15,3% llega a fin de mes “con mucha dificultad”.

Algo más de 1 millón de andaluces (el 12,8% de la población total) se encuentra en situación de pobreza extrema, o lo que es lo mismo, sobrevive con ingresos mensuales que no superan los 332 euros al mes. Andalucía es la Comunidad con los ingresos medios anuales más bajos de España (7.942 euros) junto a la Región de Murcia (7.924) y Extremadura (8.469). Se sitúa lejos de Euskadi, Navarra, Madrid, Aragón o Cataluña, regiones que superan los 12 o 13 mil euros de media anual. La evolución de la pobreza en Andalucía es aún más preocupante si observamos los datos desde el inicio de la crisis financiera. En 2009 la tasa de riesgo de pobreza se situaba diez puntos por debajo de la de 2015, en el 33,3%, mientras que los hogares con “carencia material severa” eran el 5,7 en 2009, elevándose el porcentaje al 8% en 2015. Son familias que -por ejemplo- “no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año”, que “no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada” o tampoco “disponer de automóvil, teléfono, televisor o lavadora”.

Con un total de 2.151 desahucios, Andalucía también lidera las ejecuciones sobre viviendas habituales en el tercer trimestre de 2016 para un total de 3.919 en todo el país. Es decir, nuestra comunidad acumula más de la mitad de los desahucios del país según los datos más recientes del INE pero también sobre el total de fincas, con 3.833.

Íntimamente relacionada con los anteriores datos, la tasa de paro, principal preocupación de los ciudadanos desde muchos años atrás. Si la legislatura de Rodríguez Zapatero concluyó en 2011 con 5.273.600 parados y el 22,85% de la población según la Encuesta de Población Activa (EPA), hoy esa tasa de paro apenas se ha reducido tres puntos. En 2016 se mantenía en el 18,91%, lejos de porcentajes anteriores a la crisis sistémica y financiera (8,57% en 2007) y sin sumar el matiz del alarmante incremento de la precariedad laboral desde la aprobación de las reformas laborales de los gobiernos Zapatero y Rajoy.

Las consecuencias de la “flexibilización” y de los contratos temporales se traducen en jornadas más largas y horarios variables a voluntad de la empresa, de hasta 12 horas diarias y más de 50 horas semanales. Siguiendo datos de la EPA, más de la mitad de las horas extraordinarias no se pagan.

Lo que sorprende, pues no suelen publicarse comparativas a escala autonómica en los medios corporativos, es que la tasa de paro que dejó Zapatero en Andalucía (29,71% en 2011) se incrementó ligeramente tras varios años de gobierno Rajoy (29,83% en 2015) y aún se mantiene casi inalterable desde entonces (28,5% en el tercer trimestre de 2016).

La estadística aplicada a mujeres (32,1%) o menores de 25 años (55,1%) deja claro que estamos lejos de salir de esta crisis estructural e -igualmente- que no se ha diversificado el modelo productivo tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. El turismo se mantiene como uno de los pilares de la economía, y en Andalucía es un sector fundamental de desarrollo. Solo en el primer semestre de 2016, 8,3 millones de turistas visitaron Andalucía, un 9% más que el año anterior, pero a la par que crecen los ingresos, aumenta la precariedad laboral. Según los datos de la Seguridad Social, casi la mitad de la plantilla ligada a la hostelería trabaja con un contrato temporal y a tiempo parcial, lo que suele ocultar situaciones fraudulentas. 

Todo ello resulta más escandaloso cuando descubrimos que emigraron al extranjero 2.132.248 españoles entre 2011 y 2015 según el INE, lo que supone una media de 426 mil personas al año. Aproximadamente, la décima parte de estos emigrados son andaluces, esto es, unos 40 mil de media anual.

DESMONTANDO PREJUICIOS PSICOLÓGICOS: LAS CAUSAS EXTRUCTURALES DEL ATRASO

Tradicionalmente, los medios de comunicación difunden vagos argumentos para explicar las causas del atraso económico de Andalucía respecto a otras zonas de España. Factores psicológicos que inciden en la “pereza” natural del andaluz o en el disfrute del ocio en la calle se sitúan en el centro de un pobre debate mediático. Hemos escuchado por boca de algún conocido político frases maniqueas tales como “en Andalucía viven del cuento, yo he estado en Andalucía y la gente trabaja cuatro horas y la mayoría de la gente o está en el bar o está de fiesta” o “en otros sitios de España, con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”. Volviendo a las cifras, este subsidio agrario solo supone el 2% del gasto nacional de desempleo y apenas supera los 700 millones de euros, cifra que palidece al colocarla junto a los 35.000 millones de euros que pagamos cada año en intereses de la deuda pública o los cerca de 80.000 millones de fraude fiscal anual estimado por el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, la mayor parte atribuido a grandes empresas o fortunas. Es un ejemplo de cómo los datos brutos pueden destrozar con facilidad argumentos con base xenófoba, racista o clasista.

Para entender el desarrollo económico de Andalucía con rigor debemos acudir a los recursos naturales y humanos, al tejido productivo, al comercio y a cómo se ha utilizado históricamente el capital o el dinero fruto del esfuerzo de los trabajadores.

Nuestra tierra ha padecido una concentración crónica de la tierra y de la riqueza en pocas manos. La invasión cristiana de la mayor parte de la península musulmana fue distinta a la de Andalucía. El norte se ocupó gracias a la presión demográfica antes que por la acción militar, mientras que la meseta, muy poco poblada, se sometió muy lentamente. Al contrario, el desalojo de los musulmanes de Andalucía occidental se produce mediante la acción de estados cristianos consolidados y en un período muy escaso de tiempo. Esto se tradujo fundamentalmente en la creación de grandes latifundios que perduran sin grandes cambios hasta la actualidad. El mecanismo fue sencillo: los reyes pagaban los servicios de los señores feudales con grandes extensiones de tierra. Las emigraciones de andaluces sin tierra a las Américas atenuaron la conflictividad social durante los siglos XV a XVII. Más adelante, asistimos a levantamientos que pretendieron subvertir esa torcida lógica impuesta desde arriba, como el de Loja de 1868 o el de Casas Viejas en 1933.

Los intentos colectivizadores de la mano de la II República fueron frustrados por el golpe de estado y la guerra civil. Nunca más se intentó una reforma agraria. La histórica reivindicación “la tierra para el que la trabaja” se ha enterrado en subvenciones -como el PER precisamente- que tratan de paliar el abaratamiento de los productos del campo en origen por efecto de la globalización. Desde sindicatos agrarios como el SAT ya ni siquiera se reivindica la propiedad de la tierra, sino su mera explotación: “no queremos la propiedad de la tierra, queremos su uso para formar cooperativas”.

Los jornaleros siempre trabajaron de sol a sol y -hasta la muerte del dictador- era común observar a menores en el campo junto a sus padres y madres, con salarios que solo permitían una vida de subsistencia.

Una metáfora del economista Eduardo Garzón ayuda a entender el motivo fundamental del histórico atraso económico respecto a zonas del norte: “la economía de cualquier región o país se puede asemejar a una embarcación empujada por remos. Los remeros que posibilitan el movimiento del barco son los trabajadores que, con su fuerza de trabajo, crean la renta y la riqueza. El capitán decide qué se hace con ese esfuerzo creado por los remeros y por lo tanto hacia dónde se dirige la nave […] Si el barco se queda atrapado en un coral (si Andalucía queda atrasada en términos de desarrollo económico) no es culpa de los remeros (de los trabajadores andaluces) sino que la culpa es del capitán que dio la orden para ir hacia el coral y no hacia otra dirección”. Es -por tanto- la culpabilización colectiva inducida la que exculpa a quienes poseen el capital y no supieron invertirlo.

Frase para el pie de página;

Blas Infante: Esclavos son los hombres que necesitan señor.