Con motivo de la celebración mañana del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha advertido que la “nueva normalidad” ha traído un retroceso en los derechos y condiciones de vida de las mujeres, especialmente de los sectores más vulnerables, en forma de una mayor precariedad, empobrecimiento, injusticia y desigualdad, “que no hace sino incrementar las violencias de siempre, las de género”, y que se ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza” como consecuencia de la pandemia.
El retroceso, denuncia la APDHA, viene de la mano de la paralización y el recorte de derechos, servicios, recursos y libertades que, en aras del miedo, han llevado a cabo las políticas neoliberales desarrolladas, que priman los servicios privados, concertados y externalizados, frente a los públicos y de calidad. “El temor, en nombre del coronavirus, ha sido durante este tiempo el hilo conductor de los discursos que justifican la pérdida de derechos y la precarización a la que asistimos”, señalan.
Las violencias contra las mujeres, apunta la organización, tienen su cara más agresiva en el asesinato de mujeres, en las agresiones, vejaciones y violaciones. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en lo que va de año se han producido 37 asesinatos. Con casos especialmente graves como el de María Isabel, en San Roque, el de Carla, mujer transexual, tras una agresión grave, o el de Samuel de A Coruña, asesinado por un grupo de jóvenes al grito de “maricón”.
A juicio de la APDHA, “la pandemia ha puesto de manifiesto un sistema injusto, desigual y peligroso, en el que unas vidas importan menos que otras”. Una realidad que se observa, afirma, en el caso de las trabajadoras del hogar y de las cuidadoras, que aun reconociéndolas esenciales durante la pandemia, se les ignoran todos sus derechos, trabajando sin contrato, sin derecho a enfermar, al subsidio de desempleo y a otras ayudas sociales.
Destaca también la situación “absolutamente intolerable” de las trabajadoras transfronterizas de Ceuta, sin derechos sociales, políticos ni laborales; las de las jornaleras marroquíes de la fresa en Huelva, trabajando sin ninguna protección y viviendo hacinadas en chabolas; la de las Kellys -camareras de piso-, que siguen cobrando sueldos de esclavitud, las de las mujeres presas, sometidas a peores condiciones que los hombres hombres.
La pérdida de derechos también ocurre con las trabajadoras sexuales, explica, más aún ahora que el Gobierno quiere legislar sobre ellas sin escucharlas, sin tener en cuenta sus demandas, lo que propicia que se las intente silenciar, negándoles el derecho a la palabra, la escucha la sororidad y la libertad de expresión. Por ello, la APDHA considera que “es imprescindible tomar una postura pro derechos, porque los años de trabajo nos demuestran que la violencia no se soluciona ni con represión, ni con una justicia y leyes cada vez más punitivistas, como pretenden este Gobierno y algunos sectores del feminismo”.
La asociación critica que la “nueva normalidad” esconde una mayor precariedad y pérdida de derechos de los sectores más vulnerables como son las mujeres, mayores, migrantes, personas con diversidad funcional, entre otros. “Todas estas violencias se asientan en el sistema capitalista, patriarcal y heterosexista de nuestra sociedad, que dice qué vidas deben ser vividas y cuáles no”, sentencian.
En opinión de la organización, urge un sistema laboral justo, que recoja las demandas de las trabajadoras domésticas, transfronterizas, trabajadoras sexuales, las Kellys y de todos los sectores que se encuentran mujeres precarizadas, racializadas y, por tanto, son víctimas de violencia institucional. Urge, continúa, una justicia que juzgue el delito y no a la persona, que ponga la vida en el centro, una justicia reparadora, que requiere sensibilización y programas educativos.
La asociación reclama una cultura inclusiva, en la que no se privilegien a unos frente a otras, que se haga realidad el principio de salud universal, y unas instituciones que en sus decisiones políticas pongan la vida y los cuidados en el centro, favoreciendo un modelo de país que incluya a todas las personas y que garantice los servicios básicos. “Volver la espalda a las mujeres en estas situaciones es otra expresión de violencia, una violencia institucionalizada”, concluye.
Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía anima a participar en los actos y actos y movilizaciones previstos en Andalucía con motivo del 25N y contra las violencias machistas.
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