La delegación en Córdoba de la APDHA presentó el pasado día 16, en rueda de prensa, el informe “Discriminación hacia la población migrante y las minorías étnicas en el acceso al alquiler residencial en Córdoba”, donde se denuncian las situaciones discriminatorias que sufren estos sectores sociales para ejercer su derecho de acceso a una vivienda digna. Este documento es el resultado de un proceso de investigación que ha contado con la financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, y en el que han participado a través de diferentes herramientas 30 colectivos sociales cordobeses, unas 200 personas de origen migrante, 100 de etnia gitana y más de 25 agentes de la propiedad inmobiliaria de nuestra ciudad, lo que da cuenta de la representatividad de sus resultados. El estudio se ha centrado en la vivienda en alquiler, ya que el acceso a la propiedad es una quimera prácticamente inalcanzable para estas personas vecinas de Córdoba.
Las principales conclusiones del informe confirman la existencia de graves obstáculos de base discriminatoria en el acceso a la vivienda que afectan a estos colectivos. De esta manera, las entidades sociales entrevistadas destacan entre los principales problemas que inciden en sus personas usuarias migrantes o de etnia gitana en esta materia el ser rechazadas por su nacionalidad (presente en el 33% de las respuestas) o por su aspecto/perfil étnico (también en el 33% de los casos).
De las respuestas de las personas de origen migrante también se obtiene un panorama nada halagüeño: “guetización” (el 40% de ellas residen en el Distrito Sur), precariedad de sus viviendas habituales (viven en viviendas/habitaciones compartidas el 49% y en infraviviendas/casas de acogida/situación de calle el 15%) y las experiencias negativas vividas durante los procesos de búsqueda (rechazo por nacionalidad -33%- y por apariencia física -21%-, y un mal trato por parte de inmobiliarias, propietarios o instituciones -55%-). No es mucho mejor la realidad para los cordobeses de etnia gitana: el “efecto gueto” se dispara (el 86% vive entre los distritos Noreste y Sur) o su práctica exclusión del mercado privado de vivienda (el 45% reside en vivienda social y el 14% en infraviviendas).
Asimismo, APDHA considera definitivos los datos obtenidos del trabajo de campo realizado entre los agentes inmobiliarios: preguntados por el perfil de cliente “más adecuado” para las viviendas que ofertan, el 50% de las respuestas se decantan por los españoles de altos ingresos. Llama la atención que sitúen en el mismo nivel de preferencia a las personas españolas con bajos ingresos (25%) y a las extranjeras de altos ingresos (29%). El 33% señalan a las personas extranjeras de bajos ingresos como los clientes “más problemáticos” y el 46% admite abiertamente aplicar requisitos discriminatorios exigidos por los propietarios de las viviendas (como no aceptar inquilinos extranjeros).
Por todo ello, consideran que no es una mera percepción la dificultad en el ejercicio de su derecho a la vivienda que denunciaban estos colectivos, sino que es el resultado de una realidad gravemente discriminatoria. El informe concluye con algunas propuestas que desde la APDHA consideran imprescindibles para superar esta situación inaceptable:
- Incremento de la oferta de vivienda pública en alquiler a precio asequible, evitando caer de nuevo en el “efecto gueto” en las futuras promociones de inmuebles de este perfil.
- Flexibilización de los requisitos de acceso a la vivienda social de alquiler, tanto los sustantivos como los burocráticos (en este ámbito el Registro Municipal de Vivienda tiene un amplio margen de mejora).
- Mejora integral de las actuales zonas de nuestra ciudad donde se concentran las viviendas sociales. AVRA (Junta de Andalucía) debe asumir su responsabilidad de mantener estos edificios y el Ayuntamiento la suya respecto al mobiliario urbano y la limpieza viaria. Junto a otros organismos públicos, es imprescindible dotar a estas barriadas de equipamientos sociales, educativos, deportivos…
- En lo concerniente al mercado de vivienda privado de alquiler, es ineludible contener el crecimiento descontrolado de los precios (en la línea de lo establecido por la nueva Ley estatal de vivienda) y erradicar las prácticas de discriminación directa e indirecta descritas en este informe (para ello hay que agotar las herramientas creadas por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, con la implicación de los actores clave en este ámbito, tanto públicos como privados).
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