La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto oficialmente una queja ante el Defensor del Pueblo Español para denunciar “la situación totalmente injusta y discriminatoria” que están sufriendo las mujeres presas en la cárcel de Puerto III. La asociación andaluza explica que en la prisión gaditana hay en la actualidad aproximadamente 1.300 personas reclusas, de las que en torno a unas 100 son mujeres.

Aproximadamente 80 de esas mujeres están recluidas en el denominado Módulo 13, un módulo conflictivo que aloja a internas con diferentes situaciones procesales, perfiles delictivos, edad, estado de salud mental o necesidad de tratamiento, lo que “va en contra de lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria”, según señala la asociación.

APDHA explica en el texto remitido al Defensor del Pueblo que, “según los datos facilitados a esta asociación por familiares de personas presas”, otras 20 mujeres se alojan en otro módulo de carácter mixto donde los internos e internas “pueden progresar en el tratamiento penitenciario a través del acceso a un trabajo remunerado”. Sin embargo, como señala la propia APDHA, el resto de mujeres internas en el complejo penitenciario no tienen esa opción y sufren, por tanto, “una situación totalmente injusta y discriminatoria” con respecto al conjunto de hombres recluidos en Puerto III.

APDHA señala además que “la existencia de un único módulo de mujeres obliga a que personas que tienen incompatibilidad entre sí y conflictos previos” se vean obligadas a compartir espacios, lo que puede conllevar “nuevos conflictos y peleas”. En el resto de módulos con población masculina, sin embargo, sí que se produce esa separación entre quienes tienen algún tipo de conflicto y se evita, de esta manera, “la incoación de futuros expedientes sancionadores”. De hecho, APDHA cree que es un hecho muy grave el absoluto incumplimiento del artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que las personas reclusas se agruparán en función de su situación procesal, su edad o de la existencia de problemas de salud mental.

No obstante, la situación discriminatoria que padecen las mujeres internas en el Módulo 13 de Puerto III es aún más complicada por la ausencia de programas, formación, talleres y actividades, “según le consta a la asociación a través de las quejas recibidas por parte de familiares”. De hecho, según denuncia APDHA, las internas recluidas en este módulo no pueden acceder siquiera a programas de tratamiento por drogodependencia o por razones de salud mental.

APDHA cree que la situación de discriminación que viven las mujeres internas en Puerto III es tan grave que “es contraria al artículo 14 de la Constitución Española” y que, bajo ningún concepto, está justificado que no se atiendan las necesidades de las mujeres presas y que, por el hecho de ser minoría, tengan menos accesos a los espacios, recursos, programas u ofertas laborales o formativas, y, en definitiva, menos acceso al tratamiento penitenciario y, en última instancia, a la reinserción”.

La asociación andaluza explica además que la situación que padecen las mujeres presas en Puerto III vulnera no solo la Ley Orgánica General penitenciaria, concretamente su artículo 16-, sino también la normativa internacional aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2010 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2008, sobre la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios.

APDHA reclama al Defensor del Pueblo Español que emita una Recomendación dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “para que tome las medidas necesarias para que las mujeres que cumplen condena en Puerto III tengan acceso en igualdad de condiciones que los hombres”. Igualmente, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía solicita al Defensor del Pueblo que requiera a Instituciones Penitenciarias información referente al número de internas que “están realizando talleres y cursos formativos y/o actividades ocupacionales y terapéuticas en el Módulo 13” de Puerto III, así como “cuántas internas tienen acceso a programas para abordar problemáticas de adicciones”.

Os dejamos, a continuación, la denuncia presentada:

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