La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha expresado esta mañana su «enorme preocupación por el incumplimiento de España de sus obligaciones internacionales en materia de prevención y sanción de la tortura, así como por la alarmante concentración de muertes bajo custodia en Andalucía» a propósito del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Las actuaciones de violencia injustificada cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la ciudadanía no son fiscalizadas por las propias administraciones públicas, según explica APDHA que señalan que «en la actualidad sigue sin existir una investigación efectiva de la tortura». La organización advierte que «la impunidad alimenta nuevos episodios de violencia institucional y desanima a las víctimas a denunciar». A modo de ejemplo, el próximo 3 de diciembre de 2025 se celebrará un juicio contra Policías Locales de Córdoba por detención ilegal y por faltar a la verdad durante su comparecencia en sede judicial; uno de los cuales fue grabado por cámaras de videoviligancia y pese a ello sigue trabajando dos años después como Policía.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que pertenece al Defensor del Pueblo Estatal, confirmó en su último informe de 2024 la falta de investigación exhaustiva de los malos tratos y muertes bajo custodia policial. Así, identificó, entro otros elementos importantes, la nula utilización como prueba de algunos instrumentos como son la videovigilancia, incumpliéndose el deber de remitir de oficio las imágenes en caso de alegaciones de malos tratos y fallecimientos a la autoridad judicial; la existencia de partes de lesiones incompletos; y la inaplicación de protocolo de Estambul, pese a que normativamente ya es obligatorio su cumplimiento.

Según la respuesta parlamentaria del pasado 13 de mayo de 2025 a la pregunta del diputado Jon Iñarritu, en los últimos cinco años se han registrado 148 muertes durante actuaciones o bajo custodia policial: 46 ocurrieron en Andalucía (31 %). Por provincias, Cádiz (18) y Málaga (12) encabezan el número de fallecimientos a nivel estatal, mientras que Almería o Sevilla acumulan un número importante de 5 defunciones. Del total de las muertes en Andalucía, el 34,9 % se clasifican como accidentales y el 25 % como suicidios.

En el ámbito penitenciario, según el citado informe Anual del MNPT de 2024, se observa que en el 2023 se produjeron 212 fallecimientos. A final de noviembre de 2024 aún estaban pendientes de determinar su etiología un 36% de las muertes, lo que constituye una dilación importante en el proceso de clarificación. Un hecho especialmente grave tiene que ver con el 93,5 % de las personas que se suicidaron en 2023 no estaban incluidas en el programa de prevención de suicidios. A juicio de APDHA, se trata de un «fracaso absoluto» de la administración penitenciaria.

Por otra parte, entre el 1 de septiembre de 2023 y 31 de agosto de 2024, 55 funcionarios que trabajan en contexto de privación de libertad fueron condenados por diversos delitos relacionados con la tortura. Por ello, desde la APDHA consideran necesaria «la creación de un registro estatal de tortura y muertes bajo custodia, con datos desagregados y acceso público, la conservación obligatoria y remisión automática al órgano investigador de todas las grabaciones de videovigilancia asociadas a incidentes de uso de la fuerza o fallecimiento, la cobertura completa de personal sanitario, formación obligatoria en protocolo de Estambul y partes de lesiones detallados e independientes, así como investigaciones independientes y diligentes, con participación proactiva del Ministerio Fiscal desde el primer momento, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional».

Desde la entidad concluyen que «la falta de respuesta eficaz transmite un mensaje de impunidad, alimenta la violencia institucional y desalienta a las víctimas» y denuncian que «Andalucía no puede seguir siendo el epicentro estatal de muertes bajo custodia».

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