25 de octubre de 2018. Con motivo de la convocatoria de elecciones andaluzas para el próximo 2 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha hecho público un documento de propuestas dirigido a que estas sean integradas en los programas electorales de los diferentes partidos políticos.

El documento recorre diversos temas de calado social que la organización considera “inexcusable” abordar con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más elementales de las personas en situación de vulnerabilidad en Andalucía y las que siguen aún afectadas por la actual crisis económica.

En el apartado de marginación, se hace imprescindible desarrollar una Ley de Inclusión Social que venga a afrontar la situación de enquistamiento de la  exclusión social que se están produciendo en Andalucía. El 37,3% de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, a tenor de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a migraciones, la organización prioriza la atención deficiente a la infancia migrante no acompañada a los que en lugar de acoger y velar por sus derechos, como establece la Convención de Derechos del Niño y la Ley del Menor andaluza, se les intenta devolver. La APDHA cree imprescindible la creación de un programa integral que permita mejorar la acogida y la adecuación de su proyecto migratorio de emancipación.

Junto a este tema, considera que merecen especial atención la existencia de asentamientos en las localidades de Huelva y Almería habitados por centenares de personas, la situación de marginación en la que se encuentra la comunidad rumano-gitana en Andalucía, para el que se hace necesario un plan de integración específico, y la imposibilidad del acceso a los derechos sociales de una parte importante de la población migrante (servicios de escuela infantil y comedor escolar),  por carecer de NIE.

Respecto a la realidad de las personas privadas de libertad, la APDHA considera fundamental dar un paso decisivo en el traspaso de las competencias a las comunidades autónomas, como vía para acabar con la precariedad de la sanidad en prisión en el Estado español. Esta realidad ha sido denunciada, afirma, tanto por organismos nacionales e internacionales como por el Defensor del Pueblo en repetidas ocasiones y provoca numerosas muertes evitables y “un sufrimiento intolerable”. Una razón de ello se encuentra en la falta de personal sanitario, cuyas bajas no se cubren, el 30% de las plazas de médicos en prisión está vacante (148 de 489), según se desprende de la información oficial facilitada en respuestas al Senado.

En lo que se refiere al trabajo sexual, la organización denuncia que la Ley andaluza de Igualdad de Género contribuye al estigma de las trabajadoras sexuales como “criminales”, ahonda en su exclusión social y las priva de su capacidad para reclamar derechos, y pide que se eliminen las sanciones a la libertad de expresión que establece la nueva norma.

Por último, la organización, en su diagnóstico de la situación por la que atraviesa la educación, señala la ausencia de oferta de plazas públicas de 0 a 3 años, por un lado, y de formación profesional, por otro, como vitales en la mejora en una firme apuesta por la educación pública. En el primero de los casos, para permitir una conciliación familiar y, en el segundo, para proporcionar un futuro a una generación de jóvenes sin oportunidades.

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