Jorge Alcázar, Miembro del Colectivo Prometeo

Recientemente, dos figuras importantes de la esfera política han venido a señalar la impotencia del ejercicio de los gobiernos en las democracias liberales contemporáneas. Por un lado, Barack Obama afirmaba abiertamente, en la entrevista concedida el pasado sábado a Javier del Pino en “A vivir que son dos días”, que tuvo que hacer muchas cosas como presidente en contra de su voluntad, y dejar de hacer otras tantas por incapacidad o por estar maniatado. Por su lado, Pablo Iglesias, en su intervención en el programa “Salvados”, ponía de manifiesto sin paños calientes lafalta de capacidad de poder real en la gobernanza ejecutiva en cuanto a decisiones sensibles se trataba, aludiendo a poderes superiores a los democráticamente dados por la ciudadanía.

Del primero, poco que decir. El blanqueo mediático al que su figura y sus políticas durante sus ocho años de mandato han sido sometidos por los grandes medios de comunicación, habla por sí solo. En cuanto al segundo, recuerdo más de una intervención suya, en aquellas turnés que en su tiempo hacía, denunciando precisamente la hipocresía del gobernante que se amparaba en su falta de poder real para no hacer aquello que en campaña prometió.

En cualquier caso, las afirmaciones de estos dos líderes, al margen de las consecuencias éticas que se deriven para ellos y del juicio que cada uno pueda hacer al respecto, revelan una verdad yacente en el seno de las democracias burguesas contemporáneas, nacidas del fin de la segunda guerra mundial, y evolucionadas al calor de acontecimientos históricos como la Guerra Fría, el derrumbamiento de la URSS y la consecuente hegemonía del capital, todo ello adobado por la propia esencia de crisis cíclica que acompaña a las economías capitalistas: nuestros sistemas democráticos son cada vez más precarios en cuanto a forma y, sobre todo, en cuanto a fondo, ensanchándose sistemáticamente la brecha entre la voluntad popular y los límites de la soberanía y la gobernanza, por un lado, y los problemas de la sociedad real y las soluciones aportadas o no por esta gobernanza, por otro.

En el año 2013, el banco de inversión estadounidense JP Moran hizo público un documento titulado “The Euro area adjustment: about halfway there”¹, a través del cual venía a advertir que los problemas derivados de la crisis financiera del 2007 no solo eran de índole económica en lo que a la zona euro se refería, sino que estos hundían sus raíces en “problemas políticos fundamentales arraigados en la periferia²”, de tal forma que para un buen funcionamiento en adelante de la Unión Europea, estos problemas de naturaleza política debían ser tenidos muy en cuenta para actuar en consecuencia en la esfera económica. El documento, poco publicitado en los medios de comunicación y menos comentado aún en los mentideros políticos y mediáticos de nuestro país, cayó en el olvido con el paso del tiempo. Solo unos pocos comentaristas políticos se hicieron eco en su día de las connotaciones que el mismo llevaba en sus entrañas³, de tal forma que lo que allí se decía y cómo se decía apenas ha tenido incidencia alguna desde entonces. Sin embargo, de la radicalidad de lo allí dicho, tanto en la forma como en el fondo, emana la esencia del abismo al que las democracias occidentales se asoman.

Para los señores de JP Morgan, el hecho de que nuestras constituciones⁴ fueran el producto histórico que dejaron años de dictadura, y el fuerte sesgo socialista que en ellas se puede encontrar⁵ hace que las mismas presenten una serie de características negativas particulares: gobiernos ejecutivos débiles; estados centrales endebles en relación a las regiones administrativas; protección constitucional de los derechos de los trabajadores/as; sistemas de construcción de consenso que fomentan el clientelismo político; y el derecho a la protesta si se realizan cambios no deseados en el status quo político⁶.

De este modo, la crisis de 2008 desveló los males que encerraban las mismas, produciéndose, durante los años posteriores al estallido de la crisis, una serie de deficiencias en forma de escaso éxito en cuanto a reformas fiscales y laborales, limitación de la acción “reformadora” de los gobiernos ante el mandato constitucional y escaso margen de acción de las reformas legislativas necesarias, según el enfoque planteado por los redactores. Es decir, el problema principal se centraba en que había demasiada injerencia y demasiados obstáculos para poder rediseñar el modelo económico y social, o lo que es lo mismo, que el papel de los Estados y de los principios rectores de estos (las cartas constitucionales) eran obstáculos en cuanto a su volumen y robustez. No deja de ser curioso que quienes fueron agentes activos en la crisis financiera del 2008⁷ fueran precisamente los que señalaran la hoja de ruta a seguir…

Tras aquella crisis y las palabras vacías que anunciaban un nuevo capitalismo⁸, los estados occidentales fueron aplanando aún más sus competencias, cediendo sus responsabilidades económicas a grandes corporaciones y lobbies de poder que han sido quienes han propiciado una nueva vuelta de tuerca más al estado de cosas. Así, los gobiernos hoy son ya títeres que representan la farsa descarada de la representatividad popular. Mientras que un amplio sector de la población entiende como lesivas las políticas de desregulación laboral o fiscal, mientras que se ponen nuevas esperanzas en los mandatarios y líderes políticos tras cada convocatoria electoral, el revés que supone la realidad de la ejecución de gobierno lastra las esperanzas de la ciudadanía en que los problemas políticos, económicos y sociales al que las sociedades contemporáneas se enfrentan puedan tener solución en la esfera de la política, tal cual hoy se entiende en el imaginario colectivo. Como consecuencia de esto se explica la fuerte desafección que la sociedad tiene en su conjunto para con las instituciones democráticas (justicia y administraciones gubernamentales), así como la incredulidad cada vez más patente que producen los discursos, programas y promesas políticas, pues el Estado, sus instituciones y representantes, no solucionan sus problemas, mas bien los perpetúan y agravan.

Tanto Obama como Iglesias tienen razón. El sistema hoy está dirigido por grupos de poder que no se presentan a ningún proceso electoral, que escapan del escrutinio público y que no tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. Los sistemas democráticos occidentales tiempo ha delegaron sus responsabilidades y soberanías en manos de elementos abstractos como los mercados y los lobbies de presión e interés. Recordemos en este punto que en Bruselas, actualmente, existen casi tantos lobistas como funcionarios europeos⁹, o que la influencia de estos lobbies se manifiesta en más del ochenta por ciento de las decisiones políticas legislativas que en el Parlamento Europeo se adoptan¹⁰, haciendo de la UE el paradigma de esta farsa. Iglesias y Obama tienen razón al decir que cuando llegaron a la gobernanza se dieron cuenta de que tenían que traicionar su programa, sus ideas y a su electorado, pues las fuerzas acumuladas por ellos no eran suficientes en su labor ejecutiva y legislativa para llevar a cabo las ideas y propuestas con que contaban.

La peligrosa derrota que enfilan las democracias liberales occidentales, derrota consecuente por otra parte dentro del hábitat capitalista en el que se hallan, ha venido socavando el papel del Estado en cada nueva ocasión que le ha sido propicia. Así, los estados liberales contemporáneos se han ido desprendiendo de competencias como la soberanía económica, energética o alimentaria; se han desentendido de las necesidad elementales de la población en materia de trabajo, vivienda o educación; han amputado sus brazos en cuanta a atención social y sanitaria, construyendo de este modo una suerte de Estado adelgazado hasta la mínima expresión Weberiana, en el que el monopolio de la fuerza figura como el único bastión inexpugnable para el Estado contemporáneo, pareciendo (y siendo realmente) que las leyes en materia económica que dirigen las naciones emanan de un poder superior a la soberanía de los pueblos.

Así, el individuo de estas democracias, hoy más que nunca, entiende al Estado como el mecanismo represor que permite salvaguardar un determinado status quo. Pero este estado de cosas se constituye en un contexto cada vez menos favorable para amplias capas de la población, por lo que el descontento, la desafección y la indignación tienen a su vez más eco dentro de las sociedades occidentales. Esta masa no ve ya en el Estado aquella estructura que preserva determinados derechos y permite el desarrollo del individuo, si no en términos globales, al menos en términos materiales tomados con determinada parcialidad. Al haber abdicado el Estado de las funciones recogidas dentro de sus principios rectores, y que tenían que ver con la preservación de un determinado modo de relaciones y equilibrios que posibilitaran una convivencia pacífica entre clases y una coexistencia positiva entre diferentes (entiéndase, en términos materiales), las tensiones a las que la sociedad se enfrenta no pueden si no ir en aumento.

Si nuestras formas de gobierno se fundamentan en la soberanía del pueblo, del cual tienen que emanar las leyes y las normas que nos definan como sociedad; si nuestras democracias delegan en unos representantes para que se legisle y ejecute aquello que desde el pueblo ha emanado; si el ejercicio de la política a través de las vías e instituciones establecidas es la herramienta que una sociedad tiene para incidir en su presente y planificar su futuro, ¿cómo debemos interpretar que aquellos que han sido designados por nosotros, bajo un programa político determinado, con un compromiso establecido, nos lancen a la cara que gobernar no es suficiente? La respuesta es simple: porque no vivimos en democracia.

Esto será negado, censurado, objeto de burla o chanza para amplios sectores de la población o de la oficialidad. Mas basta con formularse aquellas preguntas para obtener esta respuesta. Si un pueblo no puede decidir, si la opinión de una mayoría social no sirve para modificar derivas, sancionar nuevas leyes, establecer rutas alternativas, el modelo político por el cual se rige la misma no es democrático, pues no participa en última instancia de la fuente de que debe cualquier estado que así mismo se llame democrático. Por mucho que la política actual se haya convertido en el arte de vaciar palabras, la realidad, tomada fríamente, se muestra descarnada.

Si un Estado a través de sus representantes políticos, de sus instituciones, no puede fijar el precio de la luz, no puede dotar de un medio de vida a sus ciudadanos, no puede garantizar vivienda a los mismos, es incapaz de modificar las reglas económicas para que lo anterior sea posible; si una sociedad no puede imponerse a la mole abstracta de los mercados, no puede revertir leyes lesivas para una mayoría y bondadosas para una minoría, no puede arbitrar nuevas fórmulas que posibiliten la convivencia y la coexistencia pacífica, este Estado ha abdicado de su razón democrática en tanto en cuento ha dado por terminada su obligación para con los pilares maestros que la fundaron¹¹. Pero hay más, pues la estructura social que debe sostener el tejido democrático se haya podrida. Cuando en una sociedad se admite tramposo por político, vocero por periodista, diletante por intelectual, consumidor por ciudadano, adiestramiento por educación, entretenimiento por cultura, consumo por ocio; cuando en una sociedad los conceptos se trocan en palabras ambiguas como desaceleración, ajustes, movilidad exterior, reformas estructurales o externalización, cualquier esencia democrática en la misma se encuentra enferma, al borde de la inanición.

Si ya de por sí nuestra salud democrática es precaria, con comicios electorales aislados, nula participación ciudadana en los asuntos del día a día o monopolio de los canales y medios de comunicación, el que desde nuestros representantes políticos se reconozca de manera pública que por encima de la soberanía del pueblo existe la soberanía de los mercados, o la de unos intereses que se sitúan en una esfera de poder superior a estos, ponen los clavos al ataúd de la democracia, desnudando la hipocresía del mito.

Sin entrar a juzgar si alguna vez se las creyeron o no, Obama e Iglesias dieron en la clave: nosotros, el pueblo, no nos gobernamos. Son otros, en la sombra acechante, quienes controlan los designios, quienes definen el futuro, aquellos que establecen qué, cómo y cuándo. Y hubiera sido muy honesto por su parte continuar esta denuncia que hicieron con las consecuencias que de ella se derivan, ya que ellos saben de la mascarada de que hablamos pues participan de ella. Saben de primera mano de los documentos, como el de JP Morgan citado, y de las hábiles manos que los elaboran al calor de los intereses en la sombra visible que les dicen a “nuestros representantes” qué se puede y hasta dónde se puede. No hay democracia como no hay libertad de expresión, igualdad de oportunidades, estado del bienestar o justicia para todos. Nuestro mundo se ha construido alrededor de mitos que ya no resisten como fachada. Solo falta saber cuándo se derribarán definitivamente estos mitos dejando ver la realidad cruda y, lo que es más importante, quién los derribará y para qué. Ante estas cuestiones yo me sitúo ante un planteamiento pesimista. Ojalá me equivoque, pero solo puedo concluir, al calor del pulso de la sociedad actual (occidental en su conjunto), que será el fascismo el que derribe finalmente la farsa mitológica del capitalismo en descomposición. Y el resto ya es historia.

Fuente: Colectivo Prometeo.

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