Afirma nuestra Constitución de 1978, que el derecho a la vivienda es principio rector de la política social y económica que deben seguir los poderes públicos. La vivienda no es un derecho justiciable para nuestra norma suprema, si bien, para Organismos, Tratados y Acuerdos Internacionales -que nos vinculan como país-, el derecho de acceso a la vivienda es un Derecho Humano Básico.

La competencia para construir viviendas es exclusiva de las Comunidades Autónomas, aunque, la arquitectura de nuestro ordenamiento jurídico, la sitúa como una competencia que exige colaboración entre el Estado y las CC.AA. Si hablamos de vivienda pública protegida, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBL) habla de competencia propia del Municipio (Ayuntamiento), además de delegable. 44 años de democracia no han sido suficientes para permitirnos contar con una Ley Estatal de Vivienda que asegure el acceso a este bien básico, -condición de posibilidad para el ejercicio efectivo de cualquier otro derecho-, como derecho humano, siendo que es, un imperativo legal en virtud de Acuerdos y Tratados ratificados por España como Estado, y una exigencia de los Organismos y Comités que velan por su cumplimiento.

Abordemos unos hechos. El Ayuntamiento de Barcelona, tirando de la competencia prevista en la LRBL ha construido 4.768 viviendas más que toda la Comunidad de Madrid de Ayuso o 4.050 más que la Generalitat de Catalunya. Exactamente, 2.818 viviendas más que las levantadas por la Comunidad de Madrid y Catalunya juntas. Las personas que han impulsado la construcción de estas 6.000 viviendas protegidas para familias de Barcelona, han tenido que declarar ante la Justicia ¿La razón? El Ayuntamiento de Barcelona, amparado por el derecho autonómico, sancionó al Fondo Buitre -Vauras Investments- por desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Esta sanción, radicalmente legal y legitima en su momento, ha decaído, al determinar el Constitucional de la era PP que la Ley Catalana de Vivienda que la amparaba es inconstitucional. Hasta aqui, lo de siempre. El derecho cuando la Justicia cae en manos del PP. La Audiencia Provincial ordena ahora reabrir una querella que había sido archivada. Una demanda que buscaba condenar al Ayuntamiento por “connivencia» con unos «okupas”. Es ruido frente a la acción de quienes demandan tras 4 décadas de democracia una Ley Estatal que garantice el acceso a una vivienda digna y adecuada. Ruido promovido por un Fondo Buitre contra quienes, cumpliendo la legalidad vigente, ofrecen una vida digna de ser vivida a la ciudadanía que reside en la ciudad que los votó para ello. 6.000 familias más tienen asegurado el derecho humano básico a la vivienda y un Fondo Buitre anda cabreado.

¡Gracias Lucía Martín, Concejala de Vivienda!

¡Gracias Marc Serra, Concejal de Derechos de Ciudadanía!

¡Gracias Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona!