Luís Pernia
Un lazareto es una instalación sanitaria, más o menos aislada, donde a lo largo de la historia se han tratado enfermedades infecciosas. Históricamente se han utilizado para enfermedades como la lepra, la tuberculosis o la fiebre amarilla, y se solían instalar en los puertos de las grandes ciudades costeras para tener en cuarentena a las embarcaciones o personas procedentes de otros países contaminados o sospechosos de contagio.
La Real Academia de la Lengua Española define el concepto Lazareto como un “establecimiento sanitario para aislar a los infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas” y como un hospital de leprosos”.
En estos días nos han llegado las buenas noticias de que el Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la tarjeta sanitaria para los inmigrantes. Concretamente, suprimirá el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que suprimió la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS). También han sido buenas noticias el anuncio de la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla y, de manera especial, la acogida de 630 inmigrantes rescatados por la flotilla compuesta por el barco ‘Aquarius’, de las ONGs SOS Méditerranée y Médicos sin Fronteras, una nave de la Marina y otra de la Guardia Costera italiana llegadas recientemente a Valencia.
Pero entre estas noticias positivas y otras que no lo son, hay una cuya visibilización es importante. Es la presentación del Informe Anual 2017 sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) elaborado por el Servicio Jesuita de Migraciones (SJM) con el título ‘Sufrimiento inútil: los nuevos lazaretos’, presentado hace dos semanas en el Senado y en Málaga el 13 de junio.
Porque de forma clara el informe manifiesta que es imprescindible que el CIE deje de emplearse como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular, y es que, en 2017, 8.814 personas fueron internadas en un CIE y sometidas a un sufrimiento inútil, entre ellas 396 mujeres y 48 menores. Pues bien, dos tercios salieron en libertad y solo un tercio fue devuelto a su país. Es decir, hay un bajo porcentaje de devoluciones y expulsiones desde los CIE, lo cual implica la desproporción con el sufrimiento infligido a las personas internadas. Por ello seguimos pidiendo su cierre.
Hay que tener presente que, a lo largo del año pasado, 28.572 personas entraron irregularmente en España por vía marítima y terrestre y se produjeron 18.794 detenciones de personas migrantes en situación irregular. Se iniciaron 21.834 expedientes de expulsión y se incoaron 20.672 órdenes de devolución, de las que, en total, se repatriaron a 9.326 personas, 4.107 (el 44%) directamente desde los CIE
En cuanto a las personas internadas, cabe señalar que el CIE es africano: argelinos (31%), marroquíes (18%), y costamarfileños (13,78%), sin olvidar que otro 21% corresponde al conjunto de Guinea, Gambia, Camerún, Mali, Guinea-Bissau y Burkina Faso.
El informe hace hincapié en que el uso del Centro Penitenciario Málaga II para el internamiento de extranjeros fue una mala respuesta a una situación de emergencia. Unas instalaciones listas para funcionar como cárcel en Archidona fueron usadas como CIE, en un claro fraude de ley. Esta contravención de la ley y de la jurisprudencia constitucional no era ni es admisible. Al fraude legal acompañaron otros baldones: unas instalaciones todavía con graves carencias de habitabilidad, la falta de personal cualificado sustituido por miembros de intervención de la Policía Nacional, quejas de internos que no recuperaron algunas pertenencias de valor en su traslado o puesta en libertad y la muerte por suicidio de un interno, circunstancia cuya investigación ha instado la sociedad civil.
El modelo policial establecido en los CIE olvida que las personas internadas únicamente están privadas del derecho a la libertad ambulatoria, y que conservan todos los demás derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El informe reconoce la intensa labor de los jueces de control y del Defensor del Pueblo para garantizar el acceso y el papel de las ONG dentro del CIE, promover una mejora en las condiciones de internamiento, garantes de la dignidad y los derechos básicos, y tratar de limitar el uso indiscriminado del internamiento. En este marco reivindica el rol fundamental de las organizaciones sociales en la prevención y protección ante las violaciones de derechos humanos, generando una reflexión crítica sobre el internamiento de extranjeros.
La celebración del Día del Refugiado es una invitación a buscar respuestas que no han de pasar por los CIE, sino por la articulación de alternativas a la detención para las personas recién llegadas, en centros de primera acogida dignos, por la apertura de vías legales que permitan a las personas entrar regularmente en el territorio y posibilitar una estancia segura que abra puertas a la inclusión.
*Presidente de ASPA.
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