Martina Cociña Cholaky.

• Es esencial desmontar retóricas que blandiendo la bandera de la seguridad defienden el cierre de fronteras y la inversión en militarización como única política migratoria posible.

Inmigrante es un término que se corresponde con quienes debido a la posición marginal que ocupan en los circuitos internacionales de producción, se desplazan con el ánimo de residir en otros lugares distintos de su origen. Inmigrante no sólo refiere a la condición de extranjero, sino también se relaciona con la precariedad, con encontrarse en una situación de desprotección. Es decir, son quienes que, además de estar en desventaja en términos materiales, son sujetos a prácticas racistas. Por regla general, coinciden con pobres, indígenas y/o negros, o sea, una categoría donde se conjuga la nacionalidad junto a la etnia, la clase y/o el color de piel.

Como señala la filósofa Adela Cortina en su obra “Aporofobia, el rechazo al pobre” “es imposible no comparar la acogida entusiasta y hospitalaria con que se recibe a los extranjeros que vienen como turistas con el rechazo inmisericorde a la oleada de extranjeros pobres. Se les cierran las puertas, se levantan alambradas y murallas, se impide el traspaso de las fronteras”. Esta doble moralidad devela que lo que se castiga más allá del no ser nacional, es la pobreza, es decir, lo que molesta es que ciertos foráneos no serían capaces de responder a un intercambio recíproco.

A pesar de esta lógica excluyente, la Unión Europea no sólo recibe el 2012 el premio Nobel de la Paz, sino el año pasado es galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por difundir “valores como la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad”. Considerando las políticas migratorias adoptadas, las razones argüidas para otorgar este reconocimiento resultan a lo menos sarcásticas, más ahora teniendo en cuenta el incumplimiento de las denominadas cuotas obligatorias de refugiados, el proyecto de construir plataformas externas para impedir el ingreso de extranjeros a territorio europeo, el acuerdo de mínimos y la negativa del primer ministro italiano y de su par de Malta de recibir embarcaciones de organizaciones no gubernamentales con rescatados en el Mediterráneo. Se ha llegado a tal punto, que la labor de estas organizaciones, que justamente procuran salvar vidas, termina siendo bloqueada y criminalizada.

Esta política europea de militarización y cierre de fronteras ha agudizado los desplazamientos de personas hasta el punto de convertir al Mediterráneo en un verdadero cementerio. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, “cruzar el Mediterráneo es hoy más peligroso que nunca”, sólo este año las muertes se acercan a los 2.000 individuos, superando por primera vez el 2% de las llegadas. En la ruta que alcanza a Italia “1 de cada 8 personas que cruzaron en septiembre murió o desapareció”¹. Se trata de cifras alarmantes, pero no deberían causar sorpresa ya que se atienen a los datos que venían publicándose, la última medición develada por The Migrant Files había situado en 23.000 los fallecidos intentando alcanzar Europa entre el 2000 y el 2013²; en el 2014 se contaron 3.507 decesos, en el 2015 la cifra aumentó a 4.273³ y el 2016 fue el año más mortífero con 5.096 muertes, es decir, 14 personas de media diaria⁴, sólo el año pasado murieron o desaparecieron en el Mediterráneo 3.115 individuos⁵. Estas trágicas cantidades dan cuenta de las proporciones que están adquiriendo los desplazamientos humanos a nivel europeo.

Para evitar más tragedias, Pedro Sánchez, como primera medida en materia de inmigración en junio de este año decidió acoger a las 629 personas rescatas por el Aquarius, luego de que Salvini se negó a que recalaran en Sicilia y Malta también rechazara su arribo. Sin embargo, mientras a los 629 rescatados se les otorgó un permiso de residencia, dándole 45 días para regularizar su situación, descartándose su expulsión, a las más de 1.200 personas que han llegado en pateras a las costas andaluzas, en los cuatro días de travesía del Aquarius, se les consideró en situación irregular, por lo que pueden ser repatriados forzosamente. El Ejecutivo Español sostuvo que se debía a una decisión extraordinaria basada en razones humanitarias, que buscaba llamar la atención de la Unión Europea para que se alcanzaran soluciones conjuntas. No obstante, cabe reflexionar ¿qué diferencia a quienes veían en el Aquarius de quiénes llegaron a las costas en pateras? En cuanto a necesidad y a humanidad, todas son situaciones dramáticas que requieren una respuesta acorde a los derechos humanos, esto es, salvaguardar a quiénes cuya vida corre peligro.

Frente a lo anterior, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, acusó que el Aquarius estaría ocasionando un efecto llamada, advirtiendo que “no hay papeles para todos”, haciendo alusión directamente a que España no puede absorber a los, según él, millones de africanos que quieren venir. Sobre el particular, es esencial examinar las cifras, para determinar si esta retórica se condice con la realidad migratoria:

Fuente: elaboración propia a partir de informes y balances sobre inmigración del Ministerio del Interior de España⁶.

Como se desprende del gráfico, las llegadas a España de inmigrantes en situación irregular desde el año 2000 al 2008 se han mantenido en torno a los 10-15.000, salvo por la fuerte alza del 2006, luego desciende y a partir del 2016 comienza a subir, experimentando un importante aumento del 2017 en adelante. Una cifra que se puede interpretar como alta, pero si se contextualiza en el marco de las rutas del Mediterráneo, se observa que España, comparado con Italia y con Grecia, especialmente, recibe un porcentaje muy menor de quienes se desplazan, salvo este año en que las llegadas se asimilan. Tal como se aprecia a continuación:

Fuente: elaboración propia a partir de los Reportes ACNUR “Desperate Journey” de 2017- 2018 y de enero-agosto 2018⁷.

Asimismo, para efectuar una adecuada lectura de este fenómeno y su incidencia a nivel nacional es esencial considerar que España no figura en los primeros países de destino de los flujos internacionales de personas, sino que sólo ocupa el décimo lugar, con 5,9 millones de inmigrantes, tal como se expone a continuación:

Fuente: elaboración propia a partir de Informe de la ONU “International Migration Report 2017”⁸.

Además, se debe considerar que a nivel porcentual los inmigrantes en España representan una cifra cercana al 10%, la que se ha mantenido estable en los últimos años, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE de España⁹.

Como se deduce de las cifras analizadas, el mensaje “proteccionista” de Casado es alarmista, no se atiene a la realidad migratoria. No obstante, a pesar de no condecirse con los datos resulta eficaz, pues explota un recurso facilista: la hostilidad hacia ciertos extranjeros, haciendo uso del prejuicio existente en la sociedad para obtener apoyo ciudadano.

No sólo es una campaña ibérica, en Europa se ha llamado a protestar contra quienes se desplazan, Alemania es un ejemplo paradigmático de actos de este carácter. Manifestaciones donde la ultraderecha germana desafía el supuesto proyecto de puertas abiertas que se le reprocha a Angela Merkel. Sus detractores responsabilizan a la canciller del ingreso de extranjeros provenientes de Medio Oriente, quiénes habrían aumentado la delincuencia, destruyendo la seguridad existente. En agosto de este año tras el asesinato de un alemán presuntamente a manos de un iraquí y un sirio en Chemnitz se congregaron para marchar contra la “criminalidad extranjera”. El naciente partido xenófobo “Alternativa para Alemania” ha asumido que este fallecimiento se inserta dentro de los “muertos de la multiculturalidad obligatoria”¹. Aferrándose a esta idea, junto con el movimiento islamófobo Pegida, han congregado a más de 6.000 ultraderechistas. Las movilizaciones se han repetido en otras ciudades como Dresden, donde se han denunciado persecuciones a inmigrantes, golpizas, ataques, etc. El gobierno alemán ha desplegado efectivos policiales en la zona para frenar esta escalada de violencia, siendo enfático en subrayar que actos como los acontecidos de Sajonia “no cabe en el Estado de Derecho”². En esta misma línea centenares de personas en Chemnitz se han manifestado bajo el lema “corazón en vez de persecución” para instar por una sana convivencia, haciéndole frente al racismo³.

En efecto, en la actualidad se aprecian partidos políticos que, blandiendo la bandera de seguridad, le adosan a los foráneos la criminalidad, así a partir de situaciones particulares generalizan la inmigración reduciéndola a violencia, fomentando la exacerbación de un clima hostil hacia quienes se desplazan. Discursos que generan fácil rédito político, que han posibilitado la emergencia de partidos que antes ni siquiera contaban con representación parlamentaria. Se trata de retóricas altamente xenófobas que terminan naturalizándose en la medida que la sociedad acepta sin más protestas de esta índole, actos que reproducen prejuicios y temores enquistados. Por tanto, es esencial desmontar estas retóricas al igual que el discurso de Casado que blandiendo la bandera de la seguridad defiende el cierre de fronteras y la inversión en militarización como única política migratoria posible.

Frente a la necesidad de promover una adecuada comprensión de un fenómeno tan complejo como es la inmigración, se hace vital reflexionar ¿hasta cuándo tendremos que justificar la presencia del inmigrante en España y en la Unión Europea? No es posible continuar sujetando la presencia de ciertos foráneos a la contribución que realicen o aceptarlos según las coyunturas económicas, bajo las condiciones y el tiempo que requiera el sistema neoliberal. La inmigración constituye un fenómeno sociocultural que se debe abordar desde una perspectiva social, política y humanitaria, y no sólo se debe restringir al plano económico-securitario. La lógica de los sectores conservadores de condicionar el derecho a desplazarse a los requerimientos del país de destino, significa no entender la democracia, implica asumir la ciudadanía como un estatus excluyente, a fin de cuentas, se traduce en no tomarse en serio la democracia. En un sistema democrático que se precie de tal, resulta intolerable el establecimiento de una doble categoría de sujetos, pues no se debe aceptar que un factor del azar, como lo es el lugar de origen, condicione la vida.

Ya es tiempo de que se entienda que el inmigrante tiene derecho a permanecer en España, en la Unión Europea o en cualquier lugar del mundo, por su mera condición de ser humano. Ya es hora de desmantelar retóricas alarmistas que atizan los peores temores de la sociedad y terminar con políticas migratorias excluyentes que valorizan ciertas vidas y desechan otras. Una vez que se comprenda que el desafío que resta es asumir que la inmigración es una gran tarea que compete a todos, ni España ni la Unión Europea deberían poder desligarse de su responsabilidad.

Notas