Nos congratulamos de un Informe que, como dice en su “Consideración final”, aspira a «contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española» y que recuerda «que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas». Pero lamentamos con Miguel Hurtado, miembro de la Plataforma Tolerancia 0, que el resultado «no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», y que no se hayan investigado a fondo los archivos canónicos ni «el encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática», por lo que es «una oportunidad de oro perdida». También nos sorprende que, aunque en el informe se estima que el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos cometidos por un sacerdote o religioso católico es del 0,6 %, no se recogen estudios como los de Richard Sipe (autor de un estudio de referencia sobre sexualidad en el clero) y otros, que concluyen que los abusadores de menores pueden representar entre el 4 y el 10 % del clero, e incluso más (según tiempos y lugares).

Habrá mucho que comentar, pues, acerca del extenso Informe, pero de entrada queremos añadir a lo dicho antes las siguientes consideraciones sobre la “Recapitulación de las recomendaciones” con que finaliza (apéndices aparte).

Las recomendaciones sobre “Reconocimiento”, “Reparación” y “Apoyo” a las víctimas, que incluyen una cuota en cada aspecto a los poderes públicos, incorporan elementos adecuados, pero otros no lo son tanto. Rechazamos de forma destacada lo que se refiere a las indemnizaciones a las víctimas de abusos eclesiales. Pretender que se haga cargo de ellas el Estado es inaceptable. Sólo faltaba eso. Recordemos, a este respecto, que la institución que ha propiciado y ocultado los abusos sexuales no carece de recursos económicos, y que su inmensa riqueza la ha acumulado en gran parte precisamente gracias a la “generosidad” del Estado, a través de la acción o inacción de los distintos gobiernos pre y postconstitucionales. El Estado, con el último gobierno, ha seguido contribuyendo a la fortuna de la Iglesia mediante la concesión de unos 12.000 millones de euros anuales (entre asignaciones directas, exenciones de impuestos, asignación tributaria, etc.). Súmese a esto la complicidad estatal (gubernamental) en el robo a la ciudadanía de un enorme patrimonio público (que incluye la Mezquita de Córdoba, la catedral de Granada, y así hasta más de 100.000 bienes) a través de las inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos.

Al margen de ese desatino, incluso los aspectos positivos de estas recomendaciones sobre “Reconocimiento”, “Reparación” y “Apoyo” serán muy insuficientes e hipócritas si no se atiende lo que señalamos a continuación sobre “Prevención”.

A nuestro entender, el apartado sobre “Prevención” se queda muy corto porque previamente no se ha realizado un estudio y diagnóstico suficiente de las causas de los abusos. Aunque se reconoce en el estudio que «En la raíz de todas las formas de abuso sexual tanto si afecta a menores de edad como a personas adultas hay un abuso de poder», no se llega a ver que ese abuso poder, especialmente en el caso de la infancia, antes de llegar a ser físico, suele ser mental. La infancia, en una etapa de su desarrollo en la que debe progresar en su capacidad intelectual y en su autonomía moral, se ve expuesta, en particular en la catequesis que se imparte en las asignaturas escolares de religión, a un adoctrinamiento en buena medida anticientífico (que incluye creacionismo y pensamiento mágico-milagrero) y en el que se intenta imponer una moral heterónoma con grandes dosis de homofobia y misoginia; en una palabra, del machismo que cabe esperar de una institución que discrimina de una forma extrema a las mujeres.

Todo esto ya debería ser suficientemente grave para que el Estado no permita, y menos aún facilite, aliente y financie, mediante la instrucción religiosa, el posible daño causado al desarrollo de los menores, con todas las consecuencias que ello pueda acarrear. Pensamos, por ejemplo, que merecería la pena un estudio que indagara las posibles relaciones entre esa educación machista y la violencia de género en los adultos que la padecieron.

Pero es que, además, hay datos y argumentos que apuntan a que el adoctrinamiento catequista sirve a menudo como antesala de los abusos físicos, pero no aparecen en el informe; por ejemplo, los aportados por el exsacerdote argentino Adrián Vitali (aunque se le cite en la Bibliografía) o la teóloga alemana Gunda Werner.

El informe dice que “Es necesario que la Iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y, en lo que sea necesario, la reforma institucional”. Estamos en desacuerdo: no podemos dejar todas estas acciones a merced de la buena voluntad de la Iglesia católica. Es el Estado quien debe exigirle la reparación de las víctimas; y, en cuanto a la “reforma institucional” de la Iglesia, es algo que no compete al Estado.

Lo que a este le compete es no permitir que una institución tan esencialmente antidemocrática, teocrática y machista tenga en sus manos la educación de la infancia. Asimismo, y como ya exigió Europa Laica en 2020 mediante enmiendas a la ‘Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia’, que ninguna de sus normativas pueda contravenir las obligaciones de la ley, incluyendo el llamado secreto de confesión y el secreto de oficio.

Por consiguiente, lo que el Estado debe establecer como medida de prevención básica, además de toda la vigilancia de tipo policial que sea necesaria, es una defensa de la infancia que niegue a la Iglesia católica (y a otras confesiones religiosas, y en su caso a otras instancias ideológicas) la posibilidad de adoctrinamiento y acoso mental infantil. Esto se traduce, entre otras cosas, en que no debe haber religión (ninguna asignatura de ninguna religión, o de otras creencias particulares) en la escuela y, por supuesto, no puede ser que el Estado financie escuelas confesionales a través de los llamados “conciertos educativos”. Hay que resaltar que estas medidas, así como las antes apuntadas referidas a la financiación estatal de la Iglesia católica, exigen la urgente derogación (no reforma) de los Acuerdos con la Santa Sede.

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