Cuando celebramos el 28F, conmemorando la consagración legal de la autonomía del pueblo andaluz, desde Andalucía Laica pensamos que la autonomía real está lejos por las siguientes consideraciones:

Andalucía no tiene el dominio sobre su propio Patrimonio, que ha sido enajenado en gran parte por la Iglesia católica. Según el listado hecho público por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, 2111 bienes inmuebles han sido inmatriculados a su nombre por obispos andaluces entre 1998 y 2015, aunque todos los estudios y listados realizados por Andalucía Laica contemplan un número bastante mayor. De ellos, 1554 son templos o dependencias de estos, y una buena parte son Bienes de Interés Cultural y patrimonial. Y esta expoliación se ha producido por simple “certificación eclesial”, es decir por una mera declaración del obispo. Por tanto, nuestro inmenso Patrimonio, en buena medida con reconocimiento internacional, como en los casos de la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la catedral de Granada, se ha dejado ilegítimamente bajo la propiedad de una entidad privada religiosa con sede en un Estado extranjero, el Vaticano. El informe del Gobierno ha avalado las inmatriculaciones realizadas, dejando al albur de difíciles, costosas e improbables reclamaciones la recuperación de bienes públicos. Además, ha dejado fuera del listado los bienes inmatriculados, merced a una ley franquista, entre 1946 y 1998, probablemente más numerosos que los del periodo considerado. En suma, se trata de un expolio histórico, escandaloso y monumental.

El pueblo andaluz ha sido privado de gran parte de su historia y de las culturas que han labrado su pasado y su entidad propia. Los importantes legados de la Bética romana o el foco mundial científico y artístico del califato andalusí han sido prácticamente borrados, como si la historia de Andalucía sólo empezara seriamente con la invasión castellana cristiana. Pero lo que desde entonces ha prevalecido ha sido la imposición de la fe frente al desarrollo del pensamiento libre, mientras que las expresiones artísticas, científicas y humanistas, por ser racionalistas, ilustradas o librepensadoras, han sido perseguidas o silenciadas. En pleno siglo XXI, cientos de ayuntamientos andaluces tienen a vírgenes o a cristos como alcaldes perpetuos, nuestros gobernantes se dirigen a santos o vírgenes para pedir la solución a los problemas que tienen que gestionar, y gran parte de las autoridades democráticas siguen guiándose y supeditándose a las opiniones de las autoridades católicas. Al día de hoy se mantienen símbolos religiosos en los centros educativos y en muchos espacios públicos. La mayoría de las fiestas son de signo católico, así como la denominación de infinidad de calles y edificios públicos. Las universidades andaluzas siguen manteniendo a santos como patronos, conmemoran en sus sedes celebraciones católicas, mantienen cátedras de teología cristiana y a la religión católica como materia de aprendizaje doctrinal, e incluso alguna tiene su propia cofradía de semana santa. Es preocupante el llamamiento de obispos como el de Córdoba a incumplir la Ley de memoria histórica, incitando a impedir la retirada de cruces de los caídos franquistas de espacios públicos, y alarma el alineamiento de parte de la jerarquía católica andaluza con ideologías de ultraderecha franquista.

Aunque el Estatuto que ratifica la autonomía dice que “la educación en Andalucía será laica”, los conciertos con centros educativos de la Iglesia católica se mantienen y alcanzan en las capitales andaluzas hasta el 50 % del alumnado, mientras se disminuyen las unidades en los centros públicos y se incrementan en un porcentaje mayor los recursos a los centros concertados frente a los públicos.

Estos y otros aspectos de la realidad pueden llevar a cualquiera a concluir que Andalucía se parece más a “la tierra de María Santísima” que a la cuna de grandes civilizaciones, poetas y artistas universales, ese “pueblo de luz” que ilumina a los hombres.

Andalucía Laica hace suyo el llamamiento del himno de Andalucía a levantarse para pedir la “tierra” de nuestro patrimonio histórico y la “libertad” de conciencia, de pensamiento y expresión, no sometida a ninguna creencia particular.

Sólo una Andalucía laica, que respete y proteja todas las conciencias y vele por la neutralidad de los espacios y las administraciones públicas, podrá garantizar una verdadera Autonomía plenamente democrática.