Declaración por el Día Internacional del Derecho a la Verdad 2018

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, entidad de la sociedad civil del Estado español, se suma a la conmemoración del “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas“, tal y como proclamó la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010. El propósito de conmemorar este día, conviene recordarlo, es:

-Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia.
-Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos, y a quienes la han perdido en ese empeño.
– Reconocer en particular la importancia y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y tantas otras personas que en El Salvador y en numerosos lugares del mundo, se consagraron activamente a la promoción y protección de los derechos humanos causándoles, en ocasiones, la muerte como le sucedió a Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad recuerda esta efeméride, como viene haciendo desde su creación, defendiendo que debe ser también una ocasión para evaluar las actuaciones de nuestros poderes públicos en favor de los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, de acuerdo con las recomendaciones que en los últimos años han realizado diversos órganos de Naciones Unidas a nuestro país.

El 24 de marzo es momento para la reflexión y el análisis de lo acontecido y, en este sentido, desde la Plataforma por la Comisión de la Verdad, junto con las demás entidades que apoyan esta declaración, saludamos las múltiples iniciativas que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han puesto en marcha en favor de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Valoramos, igualmente, como positiva la aprobación de leyes autonómicas de memoria y celebramos el encuentro del día 16 de marzo en Navarra, donde 13 comunidades autónomas aprobaron una declaración de condena del golpe militar de 1936 y sentaron las bases para un firme compromiso con la memoria como herramienta para el recuerdo de la injusticia de la violencia y como medio para la construcción de sociedades más justas, más éticas, más solidarias y más democráticas, donde aquellos trágicos acontecimientos no puedan volver a producirse.

Pedimos al Gobierno que respete el principio de derecho internacional “Aut dedere aut judicare” y facilite las extradiciones de los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad reclamados por la justicia argentina o, en caso contrario, juzgue estos delitos en nuestro país. Este principio, ampliamente aplicado por diversos países (como es el caso de Estados Unidos que aprobó la extradición de uno de los presuntos autores de la masacre en El Salvador), ha mostrado ser útil para la persecución y juzgamientos de estos crímenes que, por su gravedad, afectan a la humanidad en su conjunto. En este sentido, luchar contra la impunidad de los mismos debe ser un compromiso de todos los países, también del nuestro.

Denunciamos una vez más la no implementación de la Ley 52/2007, llamada como Ley de Memoria Histórica, lo que supone un atentado al principio de legalidad, pilar básico de nuestro Estado de Derecho. Al mismo tiempo, reiteramos la necesidad de modificar y profundizar la mencionada Ley y, en este sentido, valoramos positivamente los esfuerzos de diversas fuerzas políticas para reformar la Ley de Memoria Histórica, cuyo marco normativo ha mostrado ser insuficiente en estos diez años de implementación.

Consideramos que estas acciones deben, de acuerdo a las exigencias del Derecho Internacional, los estándares establecidos por Naciones Unidas y los convenios ratificados por España, establecer políticas de Estado imprescindibles para que promuevan y aseguren el conocimiento de nuestra historia y nuestra memoria colectiva como medidas que garanticen la no repetición de la barbarie padecida en nuestro pasado, atendiendo la formación ética y democrática de nuestros ciudadanos.

De igual forma, instamos nuevamente a nuestros dirigentes a que trabajen en la creación y puesta en marcha de una Comisión de la Verdad Estatal en nuestro país. Conocer la verdad de lo acontecido en el pasado y tomar medidas para la no repetición constituyen la base para una convivencia libre y democrática de todos y estimula la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y la tolerancia que nos debe hacer más libres.

Madrid, 21 de marzo de 2018

Firmado:

Plataforma por la Comisión de la Verdad. Jaime Ruiz, presidente AMESDE. Cristina Almeida

Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). María Garzón Fundación Cultura de Paz. Ana Barrero

Asociación de Expresos y Represaliados del Franquismo. Luis Pérez Lara Memoria en Acción. José Manuel Fernández

Fundación Francisco Largo Caballero. Almudena Asenjo Fundación 1º de Mayo. Ramón Górriz.

Foto: Oscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mentras decía misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador.

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