Desigualdad y justicia social, un binomio imposible

“Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas, cicatrices y heridas, señales y recuerdos del hambre, contra tantas barrigas satisfechas”.
Miguel Hernández. (El hombre acecha)

Sonia Díaz, Observatorio Desigualdad Andalucía

Publicado en Número 10 de la edición impresa (Feb/Mar 2018)


La desproporcionada capacidad de influencia de una, cada vez más reducida, élite que concentra una riqueza creciente pone en riesgo la sostenibilidad mundial, desde las perspectivas social, medioambiental e, incluso, económica. Y está atrapando a millones de personas en la pobreza, de tal forma que más de 800 millones continúan viviendo con menos de 1.9$/día (umbral de pobreza extrema).

El I Informe desarrollado por el Observatorio de Desigualdad de Andalucía permite observar que, en Andalucía, la economía ha sufrido un declive en su proceso de convergencia con respecto a la española. El PIB per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74.1% del español, en comparación con el nivel de 77.3% que alcanzaba en 2007. Hay varios indicadores que nos alarman de la emergencia social. La proporción de personas que se encuentran en situación de paro sin percibir ningún tipo de prestación o subsidio ha superado el 50%. A esto se suma la precarización en las condiciones del empleo. En el tercer trimestre de 2016, el 35.7% de los contratos de trabajo eran temporales en la economía andaluza, frente al 27% en la española.

Esta desigualdad primaria debe ser corregida por las políticas públicas, y para ello es imprescindible una política fiscal justa y suficiente. Sin embargo, en el territorio nacional se están produciendo diferencias fiscales que sólo llevan a la menor recaudación para el conjunto de las Administraciones pública, y, por tanto, a una menor capacidad redistributiva del sistema. Pese a que las diferencias entre Andalucía y España en la desigualdad medida a través del índice Gini se reducen como consecuencia de la acción redistributiva pública, este mejor comportamiento se debe en buena medida al efecto de los estabilizadores autonómicos, y, en particular, al efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Y como la política no es neutra al género y perpetúa la brecha si no implementan medidas correctoras, la desigualdad de género tiene un durísimo reflejo en las pensiones, ya sean éstas contributivas o no contributivas. En España en 2013 sólo 39 mujeres por cada 100 hombres recibían una pensión de vejez no asistencial, frente a la media europea que se situaba entonces en 53 mujeres por cada 100 hombres. Las pensiones no contributivas se encuentran claramente feminizadas. En Andalucía en 2015, el 67.6% de estas pensiones eran recibidas por mujeres.

Con todo, una medición real de las condiciones de vida de las personas no es posible únicamente con indicadores económicos. En este sentido, en el ámbito de la salud, se ha estudiado la salud de la población adulta afectada por un proceso de desahucio poniéndose de manifiesto una peor salud general percibida, peor salud mental, mayor posibilidad de presentar una enfermedad crónica y una menor probabilidad de llevar una dieta saludable. También se ha observado un aumento de las desigualdades de salud percibida entre personas inmigrantes y nativas en perjuicio de las primeras, especialmente entre las mujeres.

A nivel educativo, el nivel de formación terminada de la población andaluza entre 2006 y 2015 se mantiene, y registra un ligerísimo crecimiento en población poseedora de estudios universitarios. Sin embargo, el crítico ciclo de 0 a 3 años se muestra cómo, paradójicamente, son las familias de más bajo nivel socioeducativo y socioeconómico – aquellas que según evidencias científicas más necesitarían de la escolarización temprana de sus menores- las que menos recurren a estos servicios. Las acentuadas diferencias sociales también se manifiestan cuando reparamos en la distribución social del rendimiento educativo. En PISA 2012 la puntuación media del alumnado que pertenece al 5% de hogares con menos ingresos es prácticamente la mitad que la del alumnado que pertenece al 10% con más ingresos.

Y la dramática consecuencia de todo los denunciado anteriormente se recoge en una cifra. En 2015, la Tasa de Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en Andalucía es del 43.2%, la más alta del territorio español, y tan sólo el 30.9% de la población andaluza se encuentra en lo que se denomina “integración plena”. Uno de las manifestaciones más claras la ofrecen los datos de acceso a vivienda. En la actualidad, el sector financiero está legitimado para dirimir un mercado desregulado que lleva años provocando desahucios, y segregando espacios y personas. Andalucía registró en el tercer trimestre de 2016 el 26.9% de las ejecuciones hipotecarias a nivel nacional. Por su parte, el impago del alquiler está suponiendo un motivo que se consolida poco a poco en el abandono de los inmuebles.

De Ghana a Alemania. De Sudáfrica a España. La desigualdad económica ha alcanzado niveles extremos y la brecha entre personas ricas y pobres es cada vez mayor. La desigualdad extrema corrompe la política, exacerba la desigualdad de género y reduce la movilidad social. Está en nuestra mano cambiar las reglas.

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