La manifestación “Renovables sí, pero no así” surge, según sus organizadores, “para hacer oír su propuesta de un modelo de transición distribuido y justo, que no se limite a reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de generación renovable a gran escala, sino que aproveche esta oportunidad histórica para democratizar el acceso a la energía, reducir su impacto en el medio ambiente y evitar que los beneficios de estas tecnologías, impulsadas por los fondos europeos con miles de millones de euros, se queden en manos de las grandes empresas del sector que controlan los precios del mercado, con el dramático resultado que estamos viviendo”.

Ecologistas en Acción afirma que otro modelo sin energías fósiles ni nucleares y en manos de la ciudadanía es posible y necesario. Por ello, la organización ecologista defiende muchos de los principios de la movilización de ayer, 16 de octubre, pues comparte que “ningún modelo será justo social y ambientalmente si se continúa manteniendo un sistema económico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energéticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradación planetaria”.

Unas demandas que han sido trasladadas en numerosas ocasiones a la administración estatal y que siguen ignorándose. La organización ecologista recuerda que “ante la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones, son las empresas promotoras las que están haciendo esa selección de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso eólico o solar, sino también en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social”.

Unas tensiones que no se reparten por igual sino que se centran en los territorios rurales, lo que, en algunas ocasiones, supone una amenaza adicional a un modo de vida que lleva décadas sometido a la despoblación y al abandono institucional. Es fácil comprobar que regiones como Aragón, Extremadura, Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha están produciendo mayores cantidades de energía de la que necesitan en su territorio, mientras grandes núcleos de población como la ciudad de Madrid y su área metropolitana no reducen el consumo, y apenas llegan a producir una mínima parte de su demanda eléctrica. Esta descompensación territorial, que se da también entre áreas rurales y metropolitanas, no solo tiene un impacto en las regiones productoras, sino que genera pérdidas en el transporte de esta energía.

Descarbonizar la economía es uno de los retos más urgentes, como señalaba el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su último informe de septiembre. Apenas queda tiempo para actuar. Los objetivos planteados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son, a juicio de la organización ecologista, insuficientes en cuanto a nueva potencia renovable, mientras que las solicitudes a red eléctrica de nuevas conexiones sobrepasan la necesidad real de potencia renovable necesaria. «Es urgente racionalizar estas solicitudes y descartar a la mayor brevedad posible todas aquellas que no garanticen una adecuada conservación de la biodiversidad, o compitan con otros usos del territorio como el alimentario. Del mismo modo, parece sensato no conceder más autorizaciones sobre nodos eléctricos o territorios saturados de proyectos«, afirman.

Aún con todo lo anterior, Ecologistas en Acción no contempla una paralización temporal del despliegue de energías renovables, ya que podría dar continuidad a la generación fósil y nuclear, con peores efectos climáticos, económicos y sobre la biodiversidad. Para la organización ecologista, “un sistema eléctrico sostenible y eficiente debería estar basado en la reducción de consumos innecesarios y en un conjunto equilibrado de tecnologías de generación renovable, junto con sistemas de almacenamiento adecuados y sistemas de previsión y gestión de la demanda, que sean capaces de adaptar generación y demanda en función de las condiciones climatológicas de cada momento”. En este sistema, tecnologías como la solar ayudan a la descentralización de la producción. Para Ecologistas en Acción, “si cada terreno tiene que tener un saldo 0 de consumo-producción, sería justo que cada territorio tenga una producción dimensionada a su consumo”.

Ecologistas en Acción considera fundamental establecer garantías para la correcta evaluación de los impactos en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, a través de una correcta evaluación de todos las afecciones sobre la fauna y la flora, los recursos hidrológicos, la biología, los sistemas alimentarios, la economía local, el patrimonio arqueológico, el paisaje y el valor cultural. «Se debe asegurar la minimización de impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos de los diferentes proyectos que se dan en un mismo territorio. Del mismo modo, se hace imprescindible abordar el necesario decrecimiento de consumos energéticos netos y la disponibilidad real de materiales como los minerales, ya que, de no ser así, se estarán comprometiendo recursos necesarios en el futuro para satisfacer los intereses de grandes empresas y apuntalar un sistema de producción y consumo insostenible e inviable. El cumplimiento escrupuloso de estos principios debería concluir con el rechazo de muchos de los proyectos actualmente en tramitación debido a inasumibles impactos, así como favorecer la penetración de aquellos proyectos que estén en consonancia con los valores ambientales, sociales y culturales de los territorios«.

Por último, Ecologistas en Acción denuncia cómo actúan las empresas del oligopolio energético, que son las que han dictado las normas del mercado eléctrico y de su desarrollo. Empresas que se mimetizan en el sector de las energías renovables repitiendo los errores que han llevado a la crisis planetaria actual. Ante esta realidad, entienden que es urgente establecer fórmulas que favorezcan los consumos energéticos y eléctricos con beneficios a la comunidad y penalicen los privativos y acaparadores, «mediante, por ejemplo, el impulso a la gestión de la electricidad desde la economía social y solidaria, eliminando o reduciendo significativamente la tributación de los proyectos energéticos generados desde esta óptica no lucrativa. Se necesita más ambición en este sentido y potenciar esas pequeñas y medianas instalaciones de poca potencia instalada, y que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energéticas o de cooperativas, cubrirían demandas locales y se perdería poca energía en el transporte».

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