El pasado mes de enero, las asociaciones Ecologistas en Acción y Lobo Marley, así como el partido político EQUO, apoyados por medio centenar de asociaciones ecologistas, animalistas, conservacionistas, naturalistas…, parlamentarios de varios grupos políticos y algún ayuntamiento, reiteraron a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Desarrollo Sostenible la obligatoriedad de incluir al lobo como “especie en peligro de extinción” en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada. Pero la Junta de Andalucía «no ha informado hasta la fecha si ha iniciado este proceso».
El lobo (Canis lupus) está catalogado en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados en Andalucía, publicado en 2001, como “en peligro crítico de extinción”, constando en ese Libro de referencia como su mayor amenaza “la muerte ilegal por la guardería de fincas privadas para prevenir supuestos daños a las especies cinegéticas”. El lobo es una especie estrictamente protegida por el Convenio de Berna (anexo II) y por la Directiva de Hábitats al Sur del río Duero.
Según Ecologistas en Acción Andalucía la Junta de Andalucía «nunca ha formalizado esta catalogación, ni ha aprobado el correspondiente Plan de Recuperación obligatorio» para todas las especies en peligro de extinción; un plan que «debe ser viable, legalmente vinculante, y con una clara programación y financiación». Lo que sí ha hecho la Junta de Andalucía «es bloquear su elaboración».
Es más el resultado de esta inacción ha sido que «la población andaluza de lobo se ha ido reduciendo», y se puede «dar prácticamente por extinguida» Mientras «permitía su extinción», la Junta de Andalucía «no ha dudado en beneficiarse de un proyecto LIFE basado en el lobo, financiado por la Unión Europea con más de un millón y medio de euros, y que se ha cerrado sin pena ni gloria, y con un resultado nulo».
Además en «su línea anti-lobo», el gobierno andaluz «votó el pasado 4 de febrero en contra de la propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial», lo que va a suponer «ampliar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, y que deje de ser considerada especie cinegética».
Según la organización ecologista el lobo es una pieza fundamental e insustituible en los ecosistemas andaluces. Este gran depredador controla poblaciones de ungulados como el jabalí, la cabra montés, el ciervo y el gamo, además de otros carnívoros generalistas, eliminando los individuos débiles, enfermos, accidentados, viejos… lo que le hace comportarse como un auténtico agente preventivo de las epizootias, y un protector de la vegetación ante la presión excesiva de los herbívoros. Esta labor actúa en favor de la ganadería extensiva, ya que minimiza los contagios desde la fauna silvestre.
Además, también mejora las poblaciones silvestres, seleccionando las mejores características de los individuos. Constituye, sobre todo, una especie clave, esto es, influye sobre gran cantidad de especies en los ecosistemas, ofreciendo innumerables recursos para éstas y siendo un motor de recuperación y mantenimiento de la biodiversidad, tan deteriorada en muchos montes andaluces.
Por otra parte, el control que ejerce el lobo sobre sus presas reduce el riesgo de accidentes de tráfico por colisión con fauna, muy frecuentes en bastantes puntos de la red viaria andaluza. Además, el lobo rehúye toda presencia humana, por lo que no constituye peligro para las personas, no habiéndose registrado ataques constatables a humanos en toda España en las últimas décadas.
El lobo ibérico «requiere una protección estricta», que permita la recolonización de los montes andaluces a partir de su expansión hacia el sur de las poblaciones del noroeste; expansión y recolonización que se acelerará con la protección del lobo a nivel nacional.
Por ello, Ecologistas en Acción entiende que «es indignante la actitud de la Junta de Andalucía con respecto al lobo», negándose a procurar «la recuperación de esta piedra angular del patrimonio natural andaluz», y recuerda a la Junta de Andalucía que «es responsable de cumplir con la Directiva Hábitats y con los compromisos adquiridos con la Unión Europea a través del programa LIFE para proteger efectivamente al lobo».
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