Se cumplen 25 años de uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de nuestro país: la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Siete millones de toneladas de residuos tóxicos acabaron vertidos en el río Guadiamar y alcanzaron la mayor reserva ecológica de Europa: Doñana. 

Un desastre con consecuencias fatales: 37 toneladas de peces muertos, 4.600 hectáreas de diez municipios envenenadas, acuíferos altamente contaminados, 5.000 empleos perdidos y unas pérdidas económicas de más de 11 millones de euros.

Fue una catástrofe anunciada y advertida por organizaciones ecologistas. Las administraciones competentes y la multinacional sueca que gestionaba la mina, Boliden, hicieron oídos sordos a las advertencias y siguen impunes tras 25 años.

En este aniversario del desastre de Aznalcóllar, Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciando «que esta forma de operar, social e ambientalmente irresponsable de la minería, ha llevado a este sector industrial a convertirse en uno de los principales productores de residuos y en una gran amenaza para la vida en el planeta«. 

En los informes La impunidad del sector minero y Una catástrofe de la que no hemos aprendido, ambas organizaciones recuerdan las causas que provocaron la rotura de la presa y los acontecimientos tras el desastre ecológico, poniendo de relieve que lo sucedido no es un caso aislado fruto de la fatalidad, sino la consecuencia del modus operandi del extractivismo mundial.

Además, activistas de ambas organizaciones, han desplegado una pancarta en el río Tintillo con el lema: «Ayer Aznalcóllar, mañana Riotinto» y advierten de que la historia se puede volver a repetir debido a la actual autorización para recrecer el muro de contención de las balsas de residuos mineros de Riotinto, que alcanzaría la cota de 417 metros sobre el nivel del mar, para albergar 161 millones de toneladas de lodos, que se añadirían a los 182 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos ya acumulados. 

Las balsas de Riotinto están a punto de colapsar, pero la empresa que gestiona esta mina, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, quiere seguir recreciéndolas, a pesar de que varios informes científicos concluyen de que la probabilidad de que las balsas de Riotinto se rompan en los próximos 20 años es del 95 %. 

La rotura de la balsa de residuos mineros de Riotinto podría provocar un desastre diez veces mayor que el de Aznalcóllar

Hoy la población es más consciente de los perjuicios ambientales y sociales que acarrea una mina en su entorno, lo que dificulta a la empresa minera comprar la licencia social con solo meras promesas de puestos de trabajo. Hace 40 años, la población a orillas del Guadiamar desconocía lo caro que les resultarían sus empleos en Boliden. El desastre de la rotura de la presa en Aznalcóllar evidenció el daño ambiental de la minería extractiva, pero estas explotaciones mineras llevaban años contaminando las aguas, afectando gravemente al ecosistema y envenenando a la población local.

Para las organizaciones ecologistas, al igual que Boliden jugó con la Junta de Andalucía, las empresas mineras procuran hacer rehenes a las administraciones locales con la coacción de los puestos de trabajo. Mediante esta maniobra, las empresas mineras reciben ingentes cantidades de dinero público a través de subvenciones, a cambio de unas contrapartidas que pocas veces se materializan en su integridad y solo permanecen en el tiempo mientras sea del interés de la minera. 

Con frecuencia, esta colaboración acaba convirtiendo a la administración local en cómplice de los recortes en seguridad ambiental que la minera realiza de forma sistemática para abultar su cuenta de resultados. De esta forma, la empresa minera traslada su pasivo ambiental a la sociedad. En el caso de las minas de Aznalcóllar, la administración competente permitió a Boliden ahorrarse costes realizando los últimos recrecimientos del muro de contención de la presa con materiales y medios inadecuados.

Subrayan que tampoco es un hecho aislado el negocio extra que tenía montado Boliden con el tráfico ilegal de residuos tóxicos. Las empresas mineras, a menudo, utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas. Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas.

La impunidad con que operan las empresas mineras es otra de sus características esenciales. Al igual que en el caso de Aznalcóllar, la empresa matriz minera no es la misma empresa que opera en el territorio. Crean un entramado societario y es una pequeña empresa pantalla, de escaso capital social y fundada para la ocasión, la que ostenta la concesión de la explotación. 

En ocasiones la empresa minera se enfrenta a grandes indemnizaciones y sanciones. Si esto compromete la rentabilidad de la explotación, llevan a la empresa pantalla a la quiebra económica, como hizo Boliden, eludiendo así pagar por los perjuicios causados. El entramado societario de que se ha dotado la minera les protege de la acción de la justicia. 

Tampoco es necesario un desastre de las proporciones de Aznalcóllar: a menudo la minera lleva a la quiebra a la empresa pantalla solo para eludir costear la restauración, en el caso de que esta tenga un coste más elevado que los avales depositados para llevarla a cabo.

Ecologistas en Acción y Greenpeace esperan que tanto la ciudadanía como las administraciones tengan presente el caso de Aznalcóllar ante la actuación de otras explotaciones mineras con el mismo o mayor potencial de acabar en desastre ambiental. 

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