La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza, está permitiendo al cultivo de arroz,   el uso de fitosanitarios prohibidos  o la exención de algunas condiciones de la PAC.

Convertir en regla la excepción, puede conllevar  grandes riesgos, como  la denuncia por otros países de la Unión Europea y la pérdida de mercado, advierten desde Ecologistas en Acción.

El cambio climático va a más. La mitigación de sus efectos va a ser muy lenta a pesar de las acciones que tímidamente se van adoptando. Es una realidad que el arrozal debe ir teniendo en cuenta que tendrá menos agua disponible con el paso del tiempo y la excepcionalidad de las normas, para favorecer su mantenimiento no se puede convertir en la regla.

Ecologistas en Acción entiende que la apuesta de la administración andaluza por maximizar los beneficios del arrozal, a costa de excepcionalidades en la legislación aplicable, es perjudicial para este cultivo porque merma su credibilidad como producto sostenible en relación a los usos del agua, el tratamiento con agrotóxicos y otras prácticas incompatibles, con la necesaria complementariedad del cultivo con los ecosistemas del Humedal natural de Doñana.

Las licencias al sector se están llevando al límite, mediante la declaración de excepcionalidades y tenemos varios ejemplos de ello, que además, van contra su propia sostenibilidad.

Hace poco se publicaba la decisión de permitir el uso de propanil como fitocida. El resultado es un producto que está prohibido en Europa, por presentar toxicidad para organismos acuáticos, lo que lo hace especialmente desaconsejable para su uso en cultivos como el arrozal. El uso de herbicidas tóxicos como el propanil no está justificado debido a que no se ha acreditado el cumplimiento de las exigencias que determinen su uso excepcional, lo que pone de manifiesto el recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción a su autorización. Las fumigaciones aéreas con éste y otros agrotóxicos hacen que llegue directamente a los habitantes de la zona, envenenando a las personas con productos en su mayoría disruptores endocrinos,de alta toxicidad.

La mecanización en todas las fases de cultivo del arrozal, ha hecho que pase de ser un gran demandante de mano de obra, a uno de los que menos empleo genera, debido a la utilización masiva de medios aéreos para la mayoría de las labores del cultivo.

Mantener las tradicionales tareas de desyerbado manual, justificarían los pagos recibidos de la PAC por su función social y la no utilización de agrotóxicos legitimaría a su vez el cobro del Pago Verde por su contribución al mantenimiento de un agrosistema sano muy querencioso para las aves. El total de ayudas recibidas por los arroceros se estima en unos 28.000 euros por explotación, con unas 40 hectáreas de media.

Por tanto, produciendo cada vez menos beneficios ecosociales, el arrozal genera beneficios privados llevándose casi un tercio del agua de riego de la cuenca del Guadalquivir, 360/300 hectómetros cúbicos anuales, del total almacenado en las grandes infraestructuras de embalse de la cuenca realizadas con dinero público. Una cantidad de agua que como decimos, irá disminuyendo poco a poco, por lo que es urgente ir buscando una alternativas que permitan la sostenibilidad del cultivo y un uso optimizado del recurso agua, cada vez más escaso.

Otra excepcionalidad aplicada al arrozal, es la que recoge el acuerdo de exención del cumplimiento de las obligaciones, para el llamado Pago Verde que con la pretensión de beneficiar al arrozal , sin embargo lo va a situar fuera del marco de la normativa de la Unión Europea. Esta situación podría ser objeto de denuncia por cualquier país productor por el mal uso de las ayudas, mermando la viabilidad del cultivo en el medio plazo. La propuesta que realiza Ecologistas en Acción es que se cumpla pura y simplemente el condicionado para este pago, sin recurrir a la exención, mediante el mantenimiento de la zona no regada como barbecho.

Otro asunto delicado es la quema de rastrojos permitida cada otoño que produce enormes nubes de humo tóxico por los agroquímicos aplicados, que están soliviantando cada vez más, a la población de los pueblos arroceros contra estas prácticas.

En cuanto a las aves, también se permite eliminarlas, en particular el calamón (porphyrio porphyrio) , por supuestos daños que hay quien califica de inasumibles, Ecologistas en Acción propone otra alternativa menos lesiva para la fauna, basada en la dispersión de las aves, medida más que suficiente aunque algo más costosa, que no se contrapondría con otras acciones realizadas para la conservación de las especies protegidas.

Además se ha ido ocupando buena parte del Dominio Público Marítimo Terrestre, mediante concesión a varias empresas, en una zona con más de 36.000 hectáreas de arrozal, en la que estos reductos de suelo público debían destinarse a la conservación, manteniendo la vegetación natural y evitando su transformación.

En definitiva, que más que excepcionalidad, parece un trato de favor infundado que puede dar lugar a denuncias de terceros países, por prácticas incompatibles con la legislación europea, a la vez que volverse en contra del propio sector del arrozal en Doñana debido a sus malas prácticas ambientales. Porque es indudable que el público consumidor de su producto, en su mayoría del norte de Europa, es especialmente sensible, tanto al uso de sustancias nocivas en la producción de alimentos, como a las prácticas que van contra la conservación de la avifauna y que podrían acabar cambiando de proveedor de arroz.