El BOE del pasado 20 de marzo recogía la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que resolvía quién será la Administración responsable de pagar las multas que la Comisión Europea ha impuesto al Reino de España por incumplir la Directiva de Aguas Residuales al no ser cumplida por varias aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes-equivalentes.

La Comisión Europea entiende que España no ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir la norma europea y ejecutar la Sentencia, por ello ha ido imponiendo multas por varios millones de euros. El Estado ha pagado ya tres multas: la de los 12 millones de euros (11 de octubre de 2018) y dos primeras multas coercitivas semestrales (5 de junio y 28 de noviembre de 2019) de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso. El importe de estas multas coercitivas se redujo a 10,35 millones de euros por la entrada en explotación de la EDAR de Tarifa.

Las responsabilidades para hacer frente a las multas coercitivas están repartidas. En cuanto a la construcción, habría que distinguir entre las EDAR de interés general (Estado), de las demás, que son de competencia autonómica. Y en todos los casos, los ayuntamientos son los responsables del ” abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales ” (Art. 25 c de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local).

Las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el Gobierno central -que tiene que establecer un programa de financiación-, la Junta -que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora- y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales, y de facilitar los terrenos para la EDAR.

Esta Resolución pone de manifiesto la pasividad y negligencia de las Administraciones, incomprensibles dada la certeza de la reiteración de las multas coercitivas, que se van a seguir imponiendo dado que no todas las depuradoras están en funcionamiento. De los 17 incumplimientos constatados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fecha actual 7 depuradoras siguen sin estar en explotación; entre las que están las andaluzas de Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina y Matalascañas. Ya están en marcha las depuradoras de Estepona, Tarifa y Nerja. En este último caso, sigue el retraso en la finalización de las obras de la depuradora, paralizadas desde hace muchos meses por la quiebra de la empresa adjudicataria.

La Junta de Andalucía argumentó sin éxito -todas sus alegaciones han sido rechazadas- que la competencia en materia de aguas residuales recae en los Entes Locales. El Gobierno central afea a la Administración Autonómica que solo acepte parte del informe de la Abogacía del Estado que le interesa para su argumentación, pero lo ignore cuando le perjudica. Además, recuerda a la Comunidad Autónoma que las Administraciones Locales son competentes en saneamiento y depuración, pero para realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales se necesita construir una depuradora o adaptar la existente, y ahí sí es responsable la Junta porque su ejecución se ha declarado de interés autonómico mediante Acuerdo de octubre de 2010. Es decir, es la causante del incumplimiento y por lo tanto debe asumir el pago de la multa.

Una vez determinados los responsables de cada uno de los casos, se procede a fijar las cuantías que corresponden a cada uno de ellos; en el caso de Barbate, Matalascañas, Estepona y Nerja las pagará el Ministerio, y las de Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los importes totales a satisfacer provienen de la suma de la multa a tanto alzado más las multas coercitivas impuestas hasta la fecha, y son de más de 18,8 y 5,5 millones de euros respectivamente.

Ecologistas en Acción reclama que este dinero lo paguen los funcionarios y autoridades responsables del daño causado. Así lo establece la ley que regula el procedimiento administrativo desde 1992.

Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no solo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante, al existir un alto porcentaje (34%) de depuradoras que no están cumpliendo la normativa.

Todos estos vertidos pueden estar provocando un daño sustancial en las aguas receptoras, lo que supone un riesgo para el sistema natural de los cursos de agua como ausencia de oxígeno disuelto, aumento de tóxicos para los organismos acuáticos, presencia de microorganismos patógenos, procesos de eutrofización (proliferación de algas), aumento de la turbidez, modificación del lecho de río, presencia de plaguicidas, metales, disruptores endocrinos, fármacos, etc. El aumento de la carga contaminante produce un deterioro de la calidad del agua, que puede llegar en muchos casos a incumplimientos del buen estado ecológico a la que obliga la Directiva Marco de Agua.

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