Un año más, tras un análisis de los aproximadamente 8.000 kilómetros de las costas del Estado español, Ecologistas en Acción ha presentado su informe Banderas negras. Se trata de un estudio que recopila las 48 banderas que la organización ecologista otorga a puntos concretos del litoral español, dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma. De esta forma, se denuncia un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental en cada uno de estos lugares aunque, tal y como afirma la organización, “por desgracia podrían ser muchos más”.

En esta edición, la organización ecologista ha puesto el foco en el problema de apropiación y ocupación del espacio público marítimo-terrestre en el litoral del Estado español, una práctica muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles.

A pesar de tratarse de actuaciones ilegales, muchas veces algunas Administraciones no hacen cumplir la Ley de Costas. Es el caso de la bandera negra a los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo, “que consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”, según explica el informe.

En otros casos, Ecologistas en Acción denuncia que es el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población. El informe relata varios de los casos de este tipo que se repiten en toda la costa, como por ejemplo: Isla Pancha (Ribadeo), donde además se hace un uso indebido del espacio, ya que este pertenece a la Red Natura 2000; en los aparcamientos que invaden el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, (Cantabria); o con los chiringuitos en Andalucía que, lejos de ser instalaciones temporales, cada vez invaden más el DPMT construyendo incluso sótanos y privatizando el uso de un espacio que es y debe ser público.

Por otro lado, la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas, está detrás de muchas de las usurpaciones de espacio público y suele ser constantemente señalado, año tras año, en el informe Banderas negras. Este año repite en las Islas Canarias la denuncia por la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).

La costa andaluza es, asimismo, objeto de apropiación indebida, con ejemplos como: la bandera negra Costa de Trafalgar en la provincia de Cádiz; el crecimiento urbanístico en zonas inundables con destrucción de hábitats en el humedal del Salar de los Canos (Almería); o la presión urbanística en la playa tarifeña de Los Lances.

Si hablamos de territorios, Catalunya es donde hay más presión urbanística en el litoral. De hecho, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d’en Feliu (ambos en Girona) donde el plan del gobierno municipal de Llançà pretende urbanizar estos terrenos, a pesar de ser zona inundable y de alto valor ambiental en el umbral del Parque Natural de Cap de Creus.

El informe ‘Banderas negras 2025’ ha sido realizado gracias al trabajo voluntario de decenas de activistas de los grupos locales de Ecologistas en Acción, a quienes la organización muestra su profundo agradecimiento. El estudio puede encontrarse en formato informe, pero sus resultados también están disponibles en formato mapa o estructurados por provincias, comunidades/ciudades autónomas y años, en la página web de la organización ecologista.

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