Por noveno año consecutivo, Ecologistas en Acción presenta el Informe relativo al saneamiento y depuración en Andalucía basado en el control que ejerce la propia Administración hidráulica andaluza de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) de más de 2.000 habitantes-equivalentes correspondiente al año 2024, así como la evolución en los últimos 12 años, con el objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Sin embargo, hay que destacar que estas depuradoras analizadas apenas suponen el 45% del total de las construidas, según el último Informe de Medio Ambiente de Andalucía que sitúa la cifra total de EDAR en 696 más 82 en fase de construcción.

También hay que enfatizar el hecho de que la Junta siga omitiendo los datos de más de 40 EDAR que sí eran proporcionados en años anteriores, lo que viene a representar a más de 770.000 habitantes. Especialmente significativo la falta de datos en la provincia de Huelva, sobre todo la ausencia de muestras analíticas de la EDAR La Antilla (diseñada para 600.000 h-eq), ya que afecta a los principales núcleos de población de la Costa Occidental de Huelva. Este dato, unido al mal funcionamiento de las depuradoras de Matalascañas o Mazagón, supone en la práctica que, durante el periodo veraniego, estos emisarios vierten sin cumplir la legalidad vigente, lo que es realmente preocupante porque las poblaciones afectadas en verano acogen a una población superior al resto de la provincia.

Las conclusiones finales revelan, después de analizar 313 aglomeraciones urbanas en las ocho provincias andaluzas, que en 2024 se ha alcanzado el mejor porcentaje de cumplimiento de la normativa, situándose por encima del 71%, tres puntos porcentuales mejor que el año anterior. Sigue habiendo significativas diferencias entre provincias, mientras que Córdoba y Huelva están en torno al 90%, la provincia de Málaga no llega al 47% o Almería en torno al 55%. Estas dos últimas provincias son las únicas, junto a Jaén (aunque se mantiene por encima del 75%), que han empeorado respecto a 2023. El resto de Andalucía ha mejorado un año después, destacando Huelva por encima del resto.

Con respecto a la evaluación de los últimos doce años, con una media de 310 depuradoras analizadas, se ve claramente que solo Córdoba se ha mantenido en porcentajes que rondan el 85% de media. Por el contrario, la provincia de Sevilla inició una mejora significativa desde 2018, que, aunque se vio frenada en 2022, este año ha vuelto a mejorar hasta casi igualar su mejor porcentaje histórico.

En cuanto al balance de ingresos y gastos, después del compromiso del presidente andaluz en su discurso de investidura de suprimirlo durante 2023, se ha vuelto a retomar el pasado año. Desde su implantación se han recaudado más de 1.300 millones de euros, con una inversión comprometida a 31 de diciembre de 2023, de más de 1.600 millones de euros. La inversión ejecutada a esa fecha anterior asciende a casi 800 millones de euros, de los que el 73% (582 millones) corresponden a inversión con cargo a los ingresos del canon de mejora. El resto, 214 millones, a financiación de fondos certificados a la UE.

En los últimos años se ha acelerado de forma notable las infraestructuras pendientes que se declararon de interés autonómico en 2010, lo que debe afectar -cuando funcionen a pleno rendimiento- al cumplimiento de los objetivos ambientales de las masas receptoras del efluente depurado. Si en 2018 había más de un 42% de actuaciones sin iniciar, ahora mismo todas las obras están en marcha, bien finalizadas, en ejecución, licitadas, en tramitación, anuladas o simplemente se han estimado como no necesarias.

Actualmente España es el país de la Unión Europea (UE) que más infracciones ambientales tiene abiertas, con 22 expedientes activos. Llevamos años vulnerando distintas normativas, entre ellas la depuración de las aguas residuales urbanas. En total España se ha enfrentado a siete procesos de estas características, cuatro actualmente en curso. A principios de abril de este año, el Estado presentó ante el TJUE su alegato para evitar una condena por incumplimiento reiterado de la Directiva de aguas residuales. Finalmente, la Comisión solo ha dirigido las acciones judiciales contra 53 aglomeraciones, después de que España haya demostrado que el resto de las señaladas sí cumplían la norma.

Por ello, Ecologistas en Acción seguirá exigiendo a las Administraciones responsables (Local, Autonómica y Estatal) la ejecución de las actuaciones pendientes y que aceleren los procedimientos administrativos necesarios y no escatimen los ingresos del canon para su ejecución. Principalmente las depuradoras de Matalascañas, Barbate y Alhaurín el Grande, cuya falta de tratamiento dará lugar a que siga incrementándose la multa al menos hasta 2028.

Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente en Andalucía, no solo de localidades que siguen sin tratar adecuadamente sus aguas residuales y cuyo incumplimiento nos seguirá costando centenares de miles de euros en multas, sino que la situación de las que están funcionando es también muy preocupante como concluimos en este Informe. Por ello, reclamamos a los Entes Locales -en función de los recogido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local-, que asuman las competencias en materia de tratamiento de aguas residuales. Que faciliten los terrenos para ubicar la depuradora, expropiando si es menester, agilizando permisos y, sobre todo, asumiendo con posterioridad las operaciones de mantenimiento de las mismas, el verdadero problema para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa de aguas residuales urbanas.

Es una urgente necesidad que las Administraciones competentes se marquen el vertido 0 como primer y único objetivo a corto y medio plazo. La salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos.

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