Entrevistamos al fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja que se personó contra GasNatural por cláusulas abusivas y frente a las entidades bancarias por las cláusulas suelo. Ahora la Fiscalía mira hacía las eléctricas con el recién nombrado Delegado de Discapacidad en Andalucía. Entre sus funciones se incluyen la protección de los consumidores, de las familias y de los derechos fundamentales. Hablamos del poder de los ciudadanos frente a los oligopolios y el papel de la Fiscalía para garantizarlo.

Laura Carmona

Publicado en marzo de 2017 en el Número 3 de la edición impresa

¿Cómo valora la labor jurídica que viene desarrollando desde su puesto en favor de la defensa colectiva? ¿Cuáles han sido los principales logros? ¿Y cuáles los desafíos?

Los logros van siendo ya algunos. Hay que partir de la Constitución que le dedica un artículo al Ministerio Fiscal, el 124, donde habla del interés social y público especialmente protegido. Le da una fisionomía radicalmente nueva al Ministerio Fiscal como la defensa no sólo de la discapacidad sino de los consumidores, lo que nos abre una cantidad de posibilidades para servir a la sociedad, desde una institución pública como la nuestra.

Fue precisamente en Córdoba en el año 2003 donde se puso la primera demanda colectiva en el caso contra GasNatural. Ya la ley lo permitía desde 2002. Ante reclamaciones indudablemente muy pequeñas nadie iba a venir al juzgado, es antieconómico, pero si hay 250.000 personas, tiene que haber una institución que pueda asumir toda esas reclamaciones. Así,  en el año 2003, el Ayuntamiento de Córdoba me pone de manifiesto una serie de cláusulas abusivas en los contratos de GasNatural y pongo la primera demanda. Esto no ha hecho nada más que aumentar, después vinieron las preferentes, las cláusulas suelo y ahora con la personación en los procesos de desahucio de personas especialmente vulnerables, donde concurren muchas marginaciones, escasos recursos económicos, el tener una discapacidad, ser mayor… Cuando eso se acumula, la debilidad es tan grande que o hay una institución fuerte que vela por ellos o sus pretensiones ni siquiera van a llegar a juicio.

Usted como fiscal de Córdoba se personó como parte denunciando el carácter abusivo de las cláusulas suelo contra diversas entidades bancarias. ¿Cuál es su valoración del Decreto Ley del Gobierno central?

Decepcionante. Porque es en el artículo 51 de la Constitución donde se establece que los poderes públicos tienen que velar por los consumidores con procedimientos eficaces. La clave está en eficaces. Para ello era necesario una obligación de los bancos de asumir directamente el pago, no dejarlo a la valoración de cada entidad y dejar previstas sanciones si algún banco no actúa de buena fe en la valoración de si le afecta o no, pero no existen en este caso. Estoy preocupado de que dentro de este proceso extrajudicial los bancos digan que no devuelven el dinero a un porcentaje alto de los afectados por las cláusulas suelo y que no vaya a haber una institución que le lleve su pretensión ante el juez.

Foto: Ana Carbonero

¿Qué ocurre con las personas que han sido desahuciadas con cláusulas suelo? 

Tenemos la percepción de que ha habido muchas personas a las que no vamos a poder reparar. Siempre hago referencia a que no somos la Administración de Justicia sino la Administración de Reparación de la Injusticia. Y a veces reparar la injusticia es imposible o llega tarde y casi siempre es parcial. A veces se utiliza a la Administración de Justicia para aplazar como con el Yak42, trece años después hay una reparación moral, ¿por qué no se hizo desde el principio? A mí no me satisfacen mucho las reparaciones tardías.

Respondiendo a la pregunta, probablemente ya no los podemos reparar, podemos hacer una reparación moral, un reconocimiento, habrá que contar la historia de lo que paso y por qué pasó si no la contarán otros, que las asociaciones y los afectados la escriban, que no pudieron pagar porque sus hipotecas venían de un sobreprecio, un sobreprecio que venía de cláusulas que luego se han considerado abusivas legalmente. Hay gente estudiando ahora si se puede reclamar daños y perjuicios pero no sabría definir si se podrá.

¿Se toman medidas como la paralización de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria abiertos en los juzgados que incluyan cláusulas suelo?

Se está haciendo, la judicatura española parece que ha tomado consciencia ya clara de esto. Veníamos observando que salvo honrosas excepciones eran un poco tímidos, sin posiciones muy garantizas de los derechos de los consumidores pero tras la sentencia de noviembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde declara la doctrina de los efectos no retroactivos de la sentencia del Tribunal Superior como contraria al derecho comunitario, creo que ha habido una reflexión desde la cúpula a las bases por lo que asistimos a suspensiones diarias de procedimientos de ejecución hipotecaria porque el préstamo incluía cláusulas suelo.

La Fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación civil para averiguar las razones de los sucesivos aumentos de precio de la luz coincidiendo con la ola de frío que azota España.  ¿Qué opinión le merece?

Me parece fundamental que este ahí la Fiscalía, es coherente con todo lo que vamos diciendo. Estuvimos con la energía gas, con las preferentes, las cláusulas suelo y allí donde pueda haber una mala práctica, un abuso o pueda haber una regulación mejorable debemos estar. Nos encontramos con dos situaciones, en las que vemos conductas que son contra la ley y sin embargo, hay conductas que se hacen con la ley pero que consideramos también injustas. Yo lo he dicho muchas veces, no todas las leyes son justas aunque tengamos que aplicarlas. El fiscal si tiene la capacidad de decirle al Parlamento a través de propuesta de reforma legislativa si detecta una legislación que nos parece memorable e injusta, lo que hacen también los jueces presentando una cuestión de inconstitucionalidad prejudicial si dudan.

Ahora ponemos el foco encima de las eléctricas para saber qué está pasando. Para conocer de qué se compone una factura de la luz, cómo se produce, la Fiscalía su papel es conocer y ya después valoraremos si hay una conducta ilícita, o si la normativa la consideramos injusta pues acudiremos al TJUE para plantearle la discrepancia entre nuestra normativa y las directrices comunitarias y si nos vuelven a decir que no están amparadas pues se tendrá que cambiar la normativa

¿Estamos los consumidores más desprotegidos que nunca al abuso por los lobbies energéticos y financieros? ¿Puede el asociacionismo y la movilización frenarlos y generar mecanismos de control? 

No más que nunca no, hace quince años estábamos mucho peor. Sin embargo, frente a las relaciones de consumo que en vez de haber una intervención directa de los estados se le dejo al consumidor la responsabilidad de ser árbitro de inspección mediante las célebre hojas de reclamaciones. Esto funciona muy bien con el hotelito de playa que resulto un desastre o con la tintorería que te quemó el vestido. El problema es cuando subimos y vamos hacia las grandes empresas, los oligopolios. Ahí el consumidor se encuentra absolutamente indefenso y es donde entra la Fiscalía ha trabajar, intentando darle esa fuerza aunque no ha sido nada fácil. Pero en el sector de la banca, las cañas se han vuelto lanzas, antes no hacían ni caso a estas reclamaciones ni al fiscal, pero de repente día a día, año a año, se ha creado una red social civil que ahora mismo no puedo decir que frente a un banco haya un consumidor absolutamente indefenso, hace quince años sí. Con GasNatural se consiguió, un día miles de familias andaluzas se levantaron con 80 euros más en sus cuentas, nadie sabe que fue el fiscal quien puso una acción colectiva y ha estado prácticamente trece años luchando por eso. Y así vamos caminando y más deprisa de lo que yo jamás pensé. Ahora hay un movimiento social muy bien trabado que va a impulsar el proceso.

¿Cree que en nuestra democracia está garantizada la separación de poderes? ¿El poder judicial es independiente o padece interferencias políticas?

Creo que lo está suficientemente, quizás la impresión que se da es otra, pero los que estamos en provincias, el 98%, entramos en esto a los veintitantos y nos jubilamos sin ver ni de lejos ningún tipo de interferencia. ¿Qué pasa? Que hay casos mediáticos donde se levantan sospechas, donde legítimamente se da a pensar la interferencia. Se ha incidido en el nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial, en apariencia parecía más independiente pero creo que sería bueno como imagen el devolver esas garantías. Salvo algunas cosas llamativas, en el día a día los jueces y los fiscales actúan con criterios técnicos, se equivoquen o no.

Dentro de la nueva ola de desconocimiento y victimismo en los juzgados con el Caso Noos, la Gurtel o las tarjetas Black, la ciudadanía asistimos perplejos a espectáculos donde se alega desconocimiento de la ley, confianza ciega en sus asesores o familiares. ¿No sería aplicable a estos casos lo mismo que al de Sandokan o Messi “El que no quiere conocer pudiendo conocer acepta lo que está pasando”?

En nuestra formación clásica no se estudiaba la ignorancia deliberada, construcción anglosajona que la jurisprudencia asumió en el año 2009. Pero a un jurista clásico no le suena bien. Si admitimos la ignorancia como excusa llegamos a soluciones injustas, desde que el mundo es mundo quien comparece en un tribunal siempre dice lo mismo, “yo no sabía”, “confié”, “me enteré por la prensa”. Las palabras sirven para decir cualquier cosa, por lo que tenemos que someterlo a un contraste y corroborarlo con la lógica y la valoración de la experiencia. Aunque la ignorancia excusada generaba injusticia, asumir que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento y aplicar la pena llevaba también a situaciones de abuso. Esa jurisprudencia ha elaborado unos criterios, cuando se dan las mejores condiciones para conocer, te puedes informar con facilidad y pasa el tiempo e insistes y persistes, entonces se da la culpabilidad de no querer conocer, aceptas lo que está pasando como se recoge en la sentencia Messi y en el caso de Sandokan.