César Pérez Navarro

Publicado en marzo de 2017 en el Número 3 de la edición impresa

Entrevista a Rafael Espino, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera: “necesitamos una mayor implicación de las administraciones local y autonómica, y una decisión política que saque esto adelante”.

AREMEHISA cumplió en enero diez años desde su constitución en Córdoba. Hablamos con su presidente, Rafael Espino, quien en su día llevó a la Audiencia Nacional los casos de 174 personas desaparecidas en la provincia durante la Guerra Civil y la posguerra de un listado de 4.889 entre los años 1936 a 1939. La de Aguilar de la Frontera fue una de las 19 fosas para las que se autorizó exhumación tras declararse al juez Baltasar Garzón competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad. En su histórico auto de octubre de 2008, Garzón explicaba que el delito a investigar aún existía en ese momento por no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Las exhumaciones se hicieron por vez primera en España “bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encontrase” la fosa, que debía dirigir “el levantamiento del cadáver, la identificación, la inhumación y el registro de la víctima”. En el cementerio de Aguilar de la Frontera y a través de los trabajos previos con georradar, la asociación Aremehisa consiguió localizar tres fosas comunes. En una primera, se encontró un enterramiento de unos 30 metros de largo por unos 2,50 metros de profundidad y algo más de dos de ancho. La segunda tenía unas dimensiones parecidas aunque una longitud algo inferior, entre 22 y 25 metros aproximadamente. Una tercera fosa -de menor tamaño- alojaba a entre cuatro y seis cuerpos. “Siempre fue una certeza que las casi 200 personas que asesinan en Aguilar desde el mes de julio a mediados de octubre de 1936 estaban en esas fosas del cementerio, pero nadie las había localizado”, nos explica Espino. Los intentos de intervención en las fosas por parte del Partido Comunista, que gobernó la localidad tras la transición, “se paralizaron”, e incluso a algunos “casi los meten en la cárcel, los amenazaron”. Todo comenzó “tomando un testimonio oral de una mujer que falleció ya hace dos años, Manuela Molina, y que para nosotros fue de una resolución vital para la localización de las fosas”. La señora preguntaba si “a ella podía pasarle algo por contar aquello, sentía el miedo que han sentido todas las personas que han vivido estos dramáticos acontecimientos”. Ella presenció los asesinatos una madrugada. Marcó el lugar con un margen de error de un metro o metro y medio. “Los metían en la fosa y desde arriba les disparaban. Luego los quemaban, y de madrugada olía a carne quemada en el pueblo”. A raíz de ese testimonio se realizaron dos intervenciones con georradar en la zona y se localizó el emplazamiento de las dos primeras fosas comunes. Con un detector de metales se localizaron también casquillos de bala, prueba incuestionable de los crímenes. Aprovechamos para preguntarle por la fiabilidad del georadar y su posible utilización en los cementerios municipales de la capital. Nos aclara que “en el cementerio de San Rafael ya se indagó en una zona muy concreta. En el informe se localizó una gran fosa de unos 50 X 60 metros, pero es el trabajo arqueológico el que ofrece fiabilidad”.

En 2008 se presentaron denuncias por crímenes de lesa humanidad en los juzgados correspondientes junto con otras fosas como la del barranco de Víznar (Granada) en la que se creía enterrado al poeta Federico García Lorca. “Como siempre, se agarraron a la Ley de Amnistía y declararon que los crímenes habían prescrito”.

El Ayuntamiento ocultó con premeditación las fosas

Hubo una planificación de los asesinatos y luego una “ocultación premeditada” para que no se encontrasen las fosas. En los expedientes se averiguó que la propiedad de ciertos panteones sobre las fosas pertenecía a un falangista y secretario del ayuntamiento: “se la concede el ayuntamiento en el año 43”.

Esas fosas “estaban vivas”, en continuo uso, se reabrían para enterramientos comunes y para las “sacas” o “paseos” durante la represión de la posguerra. “En Aguilar se usan fosas comunes hasta mediados de la década de los sesenta” para personas que morían de indigencia, muchos sin ni siquiera caja de madera. También se utilizan cientos de sepulturas de ladrillo o mampostería de unos dos metros de profundidad. “A esos emplazamientos nos llevan distintos testimonios”. En los años sesenta, el ayuntamiento pone en venta esos nichos y muchos se ocupan por nuevos panteones familiares que ocultan muchas de estas fosas comunes.

La asociación ha llevado a cabo tres intervenciones en Aguilar, de ellas, la de 2010 fue la más relevante, donde se encontraron 55 cadáveres gracias a una subvención del Ministerio de la Presidencia en los años en los que se dotaba de presupuesto a los trabajos relacionados con la Ley de Memoria Histórica; la de 2011, con medios de AREMEHISA. En 2014 se actuó en Adamuz, en busca de miembros de la guerrilla que operaba en esa zona hasta la década de los 50, pero tuvo que abandonarse por falta de medios económicos.

“Lo de Guadalcazar es un caso escalofriante relacionado con la posesión de tierras, la colonización y la reforma agraria de la II República”

En 2015 en Guadalcázar se buscó a “los carboneros”, seis miembros de la misma familia asesinados en un cortijo y enterrados en el cementerio de ese municipio a principios de la guerra civil. Llegaron de Sevilla y se alquilaron un cortijo en Guadalcázar para labores agrícolas y carbón. Con la reforma agraria, muchos de los colonos organizan un sindicato de aparceros de la tierra y pleitean contra el dueño de la finca. Ganan en la Audiencia, pero -tras el golpe de estado- el señorito se lleva a la familia a un bar, donde intenta emborracharlos con un grupo de falangistas para que firmen la entrega de las tierras. “Tras negarse a firmar los llevan al cementerio y los asesinan a todos”.

“Amenazas” y “falta de colaboración institucional”

Desde que AREMEHISA iniciase su labor en Aguilar muchos son los que aún muestran reticencias y sienten miedo ante la posibilidad de testificar. “Andrade me enviaba cartas a mi buzón con fotografías de Franco, insultos, etc.”, pero la asociación continúa realizando un trabajo que “deberían asumir directamente las administraciones”. Además, no se puede intervenir sin “una petición previa por parte de familiares directos de las víctimas” y el gobierno del PP eliminó el presupuesto anual que el Ministerio de la Presidencia dedicaba a exhumación de fosas: “fue una de sus primeras actuaciones, con lo cual, nos afixian económicamente. Ahora hacemos pequeñas intervenciones con la ayuda de técnicos voluntarios o con solicitudes a la Junta de Andalucía”.

Espino recuerda que ante una petición escrita con registro de entrada dirigida al ayuntamiento en tiempos de Rosa Aguilar, sobre el paradero de doce personas asesinadas en Aguilar y trasladadas al cementerio de San Rafael en la capital, “no tuvieron a bien ni contestarnos siquiera”. Las peticiones de intervención en los cementerios municipales obtenían siempre la misma respuesta al margen de quien gobernase el consistorio: “¿Esto quién lo financia?”.