Ecologistas en Acción ha expresado su satisfacción por la anulación de aspectos fundamentales de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía por parte del Tribunal Constitucional. Esta decisión pone de manifiesto la inconstitucionalidad de las normas del llamado «todo urbanizable«, que abrirían la puerta a la urbanización del medio rural.

La organización ecologista felicita a los parlamentarios que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad, Unidas Podemos, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Plural y al Grupo Mixto, por lo que considera un éxito de la iniciativa. Destaca la diversidad de los parlamentarios involucrados y la renuncia del Estado a interponer recurso, a pesar del informe de la abogacía del estado.

Según la nota informativa del Tribunal Constitucional, se han anulado y/o interpretado varias cuestiones fundamentales que afectan al suelo rural, medidas estrella presentadas por el PP y señaladas por Ecologistas en Acción por su insostenibilidad y posible inconstitucionalidad. Entre estas cuestiones se encuentran las viviendas no vinculadas a los usos ordinarios en el suelo rural, las minas como uso ordinario del suelo rural protegido y sin necesidad de autorización urbanística, la desafectación de ciertas vías pecuarias, entre otros aspectos. Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra todos estos aspectos ahora declarados inconstitucionales.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional un inciso del artículo 22.2 de la ley, así como la palabra «mineros» del artículo 137.2.f), por rebajar el nivel de protección ambiental y vulnerar la legislación básica en materia de medio ambiente, respectivamente.

La organización ecologista espera que la sentencia haya anulado también el resto de artículos e incisos que autorizaban el uso de segundas residencias en el suelo rural, pendientes de analizar en profundidad.

Ecologistas en Acción ha denunciado que la nueva ley del PP es social, ambiental y económicamente retrógrada, y que tergiversa el principio de sostenibilidad.

A la preocupación del Tribunal Constitucional se suma la inseguridad jurídica provocada por la cantidad de aspectos de la ley que han sido cuestionados por la Abogacía del Estado y resueltos mediante acuerdo interpretativo con la Junta de Andalucía.

La organización ecologista denuncia que partidos políticos que se auto arrogan el monopolio de la constitucionalidad aprueben normas inconstitucionales con pleno conocimiento de causa.

Finalmente, Ecologistas en Acción insta a la Junta de Andalucía a entender que no todo vale en la promoción de la especulación urbanística y que el medio rural debe destinarse a actividades propias como la agricultura, ganadería, silvicultura y un turismo rural sostenible, nunca a la promoción de segundas residencias que terminarían por urbanizar el campo.

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