Este mes Servicios Sociales

Redacción

Publicado en diciembre de 2016 en el Número 0 de la edición impresa

Cualquier persona compartiría que nuestro Estado de Bienestar debería estar sostenido por cuatro pilares básicos; la sanidad, la seguridad social, la educación y los servicios sociales, última “pata” de esta “especial silla” en la que se ha convertido nuestro sistema y que en periodos de graves y largas crisis como la que estamos atravesando, pone de manifiesto que esta “pata” está coja de manera abrumadora. Estos años de ofensiva neoliberal han demostrado que los cimientos del supuesto Estado de Bienestar están asentados sobre arenas movedizas, que han agudizado la situación de pobreza y pobreza extrema y han hecho que una gran parte de familias de clase media caigan a lo más profundo de nuestra desigual sociedad. En tiempos de crisis, el capítulo de Gasto Social adquiere especial relevancia, y el compromiso verdadero con la ciudadanía y sus problemas reales tendrá que ser medido con especial atención a través de este capítulo.

A través de la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de diciembre de 2013, el gobierno central del PP marcaba un claro rumbo hacia el alejamiento de los Servicios Sociales de la administración más cercana a la ciudadanía, con la consecuente pérdida de la facilidad que da el estar en los barrios poniéndole rostro a las dificultades de la gente. Lo “poco” avanzado (teniendo en cuenta el modelo de protección social que teníamos que ni por asomo se acerca a países nórdicos como Suecia o Noruega) en los 30 años de desarrollo de los Servicios Sociales en nuestro país, saltaba en mil pedazos, abocado a un modelo basado en la caridad, la beneficencia y el asistencialismo que avalaban los Fondos FEAD (Fondos europeos de Ayuda a los más Necesitados) con su distribución a través de parroquias y entidades caritativas.

La llegada de los Ayuntamientos “del cambio” generó esperanza de poder, al menos, desenmascarar las gravísimas deficiencias de nuestro supuesto sistema de Bienestar. Mucho avanzado, y mucho más por hacer aún. Condicionado por las mencionadas leyes que siguen vigentes y el bloqueo ante la disparidad de interpretaciones de las diferentes legislaciones en vigor es el triste día a día de la Administración Local.

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba llevaba un claro camino hacia una segunda legislatura del PP: su desmantelación. Es destacable, por ello, que lo primero que se planteara fuera un Plan de Rescate que se está construyendo de manera participada con colectivos y consejos de distrito. Según voces críticas desde el sector social, este Plan puede fracasar porque no cuenta con el apoyo decidido de todas las áreas municipales.

Los avances en la intervención social, apuesta estratégica del Gobierno Municipal y del Pacto de Gobierno, son notables. Se ha puesto en marcha una Oficina en Defensa de la Vivienda que en los 13 meses que lleva funcionando ha atendido alrededor de 1800 personas, ha ejecutado un Plan de Contingencia facilitando 5 pisos compartidos, y como resultado de la negociación con dos entidades bancarias ha logrado la cesión de 60 viviendas. Pero esta labor ardua no podrá dar los resultados esperados si no cuenta con la decisión firme del gobierno municipal o la capacidad de presión del ayuntamiento, vía inspección y sanción para conseguir unos objetivos mucho más ambiciosos. Al final, el sector bancario, y de manera más generalizada el sector empresarial, no parecen dispuestos a asumir de manera voluntaria contraprestaciones que realmente supongan un beneficio social y no empresarial.

A ello hay que sumar la notoria falta de personal en el área de Asuntos Sociales, hecho que dificultará la deseada eficacia ejecutora. Aun así, la sensación que transmite el área es de trabajo eficiente y con entrega. La ciudadanía sabrá apreciar este hecho como apuesta hacia el cambio en el modelo de intervención social que tanto necesita la comunidad cordobesa. Teniendo en cuenta los enormes desafíos, es preciso que el Gobierno Municipal sepa dotar el área de personal cualificado. Más aún si el programa europeo EDUSI que beneficia a Córdoba con 15.000.000€ quiere ser ejecutado con eficacia y profesionalidad. Sin olvidar que el trabajo profesional en temática social a menudo conlleva situaciones que potencialmente ponen en riesgo la integridad física y mental de las y los profesionales. Los resultados no podrán ser a costa del bienestar profesional y personal de las personas a cargo de la intervención social.

Es importante destacar la valentía y decisión del Área de Servicios Sociales, y en extensión del Gobierno Municipal, en algunos pasos dados. Cabe mencionar la ayuda de emergencia que se ha cuadriplicado (véase el gráfico), la negociación de viviendas con el sector bancario o la resolución de dificultades para empadronarse y para contratar agua con EMACSA. Hoy, para muchas familias que antes no disponían de agua en sus domicilios, forman parte del objetivo del Derecho al Agua, la consecución del mínimo vital exento de pago de tres metros cúbicos por persona de la unidad familiar y mes. Se trabaja sin descanso contra el “sinhogarismo”, se convocan subvenciones paralizadas más de cuatro años, se eliminan subcontrataciones para trabajos de la delegación,… Pero las leyes existentes siguen impidiendo ir más allá. Por ejemplo, la empresa de Florentino Pérez, CLECE, ha obtenido la renovación de su contratación del servicio de ayuda a domicilio, algo increíble dada la calidad prestada y lo costosa que sale para las arcas municipales.

Si queremos enfrentar los enormes retos, a la vez que aumentar la eficacia y el impacto de la gestión municipal en la intervención social, es imprescindible contar con los movimientos sociales del sector. Más aún teniendo en cuenta el mencionado programa europeo que permite una inyección financiera de muchos millones de euros, de los cuales el 50% va destinado a actuaciones sociales. De poco servirán si no se cuenta con el personal necesario y la experiencia existente en la ciudadanía. Es sumamente recomendable facilitar su participación en proyectos como los impulsados por la Mesa por la Energía, los ecológicos, los de empoderamiento ciudadano y de participación infantil, si queremos mejorar la vida de las personas más vulnerables, objetivo principal que debería guiar a toda institución e intervención pública.