José L. Campal.

Después de la reciente higienización del callejero (insuficiente aún, por lo que habrán de venir nuevas oleadas de despioje que barran las miasmas franquistas), no conviene olvidar que a estas muestras del rótulo de vías, evidentes por su diaria visibilización, hay que añadir otras más ocultas pero igual de deleznables y aborrecibles, y cuya sola existencia enfanga la convivencia comunal. Me refiero a la designación de hijo adoptivo y/o predilecto, en unos casos, a indecentes sujetos involucrados en el golpe de Estado fallido del 18 de julio de 1936 que propició el estallido de la guerra civil, así como la posterior y bárbara represión que siguió al crimen de lesa traición al juramento de lealtad republicana, y, en otros casos, a personajes que se sumaron a la sublevación como adrenalínicos cooperadores (por acción u omisión) en la justificación del genocidio y persecución de disidentes desafectos, y en el crapuloso enaltecimiento y apuntalamiento del Régimen surgido de una calculada aniquilación del contrario.

Córdoba no debe consentir que desdoren la nómina de predilectos y adoptivos individuos de la calaña de José Cruz Conde, Ciriaco Cascajo Ruiz, Benito Arana Beascoechea, José María Rey Díaz, Manuel Aguilar Galindo y Aguilar Galindo, Fernando Suárez de Tangil, Albino González y Menéndez- Reigada, Gonzalo Queipo de Llano, José Varela, Eduardo Sáenz de Buruaga y José Antonio Girón de Velasco. Ahorro al lector la atroz hoja de servicios de muchos de ellos, auténtico monumento a la obscenidad humanitaria, ya que está recogida en la exhaustiva investigación historiográfica última.

Otro punto a resolver es el oscurantismo que se cierne sobre la lista real de personas que han recibido tales distinciones. En diciembre pasado traté de averiguar el número exacto de (des)honores concedidos por el Ayuntamiento dirigiéndome a los grupos de izquierdas en él representados (en principio los únicos con voluntad política y social de proceder a la reparación de unos derechos conculcados a sangre y fuego; la derecha se ha distinguido, en este empeño, por su apatía antidemocrática no reconociendo incluso la existencia de una dictadura y obstruyendo, siempre que los mecanismos se lo han permitido, la aplicación de la ley) y a la alcaldía-presidencia, pero solo obtuve o desconocimiento indiferente o algo mucho más peligroso: silencio. Y ello a pesar de que hace más de tres años, en declaraciones recogidas por el periódico digital El Plural el 3 de diciembre de 2015, el gobierno bipartito prometía derogar con urgencia los nombramientos del franquismo a este respecto.

A la vista de todo lo cual y para que no se vuelvan a arrumbar las demandas cívicas en la montaña de asuntos pendientes e irresueltos, apelo a las comisiones de la Memoria Histórica para que eleven al Consistorio cordobés una exposición razonada de la necesidad de acabar con esta ya larga afrenta. Y si les dan esquinazo burocrático o vagas promesas de ponerse a ello (actitud muy de nuestros ediles zascandileadores), que hagan de la insistencia recurrente su obstinado estandarte, ya que, según se ha sabido hace poco, ni al Defensor del Pueblo Andaluz le atienden sus consultas los seguramente muy ocupados cargos públicos que sestean en Capitulares.

*Miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos.