La “Coordinadora No pagamos más crisis” ha emitido una nota de prensa en la que muestra su preocupación ante el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, más conocido como “el Decretazo”, que la Junta de Andalucía aprobó el pasado 9 de marzo.al que siguieron otras dos disposiciones en otros dos Decretos Ley de 11 de mayo y 9 de junio, y el anteproyecto de una nueva ley urbanística por el procedimiento de urgencia.

Cuando ni siquiera se había llegado al pico de la pandemia, la Junta aprovechó la incertidumbre generalizada para eliminar importantes garantías urbanísticas y ambientales bajo el pretexto de la productividad y un crecimiento económico que en Andalucía significa insistir en nuestra situación de economía extractiva, subalterna y dependiente.

El “Decretazo”, para la “Coordinadora No pagamos más crisis” permite, entre otros, la instalación de minas y canteras sin evaluación ambiental previa, y facilita la construcción de urbanizaciones, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales y de grandes infraestructuras, como puertos, aeropuertos, embalses… a pesar del alto impacto negativo que, se sabe, tienen en el entorno. Además, le da mayor control a la Junta de Andalucía al poder condicionar e imponer a los Ayuntamientos el modificar sus PGOU, sin que éstos puedan ser partícipes finales de la decisión. En consecuencia, esta imposición también limita la participación ciudadana, la cual queda aún más restringida. Este decreto-ley también elimina las normativas que hasta ahora obligaban a calcular la huella de carbono de productos y servicios contaminantes.

La Coordinadora denuncia que, sin tener que hacer una lista exhaustiva de las medidas aprobadas y en proyecto, se entiende que la Junta prioriza el lucro privado y la especulación por encima de la tierra en la que vivimos. “La apropiación de nuestra riqueza por parte de unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría. Mientras los Gobiernos Internacionales dan pasos adelante en la sostenibilidad, con la Junta de Andalucía regresamos al pasado, devolviéndonos a la cola en la lucha contra la Crisis Climática, Ecológica y Social“.

La vuelta atrás que esas medidas suponen para la protección del medio ambiente sería inadmisible en cualquier territorio, pero más todavía en una Andalucía que, si no frenamos el calentamiento global, en las próximas décadas sufrirá sequías, desertificación y la subida del nivel del mar. Las consecuencias del desprecio hacia la naturaleza no son ideas alarmistas, ni están lejanas en el tiempo: están científicamente comprobadas. Debemos rebelarnos hoy para no sufrirlas mañana, como ya en otros puntos del planeta está ocurriendo“, declaran desde la “Coordinadora No pagamos más crisis”.

La realidad lleva años demostrando que es sólo una cuestión de tiempo que la falta de recursos naturales haga imposible mantener la actual sociedad de consumo, y que la Junta quiere perpetuar con sus medidas. La actual crisis ha demostrado que el monocultivo turístico no asegurará la prosperidad andaluza para el futuro. La actual crisis lo demuestra, y por tanto, hay que reconocer la necesidad urgente de transitar hacia un modelo económico que esté al servicio de la vida de toda la ciudadanía, y no del beneficio de una minoría. Un modelo enfocado a las necesidades de consumo básicas, a la priorización de los servicios públicos, a la relocalización (consumo local), colaboración, economía circular y de reutilización, con sueldos y condiciones dignas y justas, y respetuoso con la biodiversidad; poniendo así la vida en el centro, no la economía. El capitalismo es incompatible con un planeta habitable; debemos aprender a vivir mejor con menos, dejando atrás la cultura del usar y tirar, y construyendo lazos comunitarios como la base de una convivencia más justa.

A esta política de desregulación ambiental y urbanística se suma ahora el proyecto de “Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía” (LISTA), que, en contra de los principios de sostenibilidad, plantea el “todo urbanizable”, permitiendo que en suelo no urbanizable, ahora denominado rústico, se puedan desarrollar todo tipo de actividades: industrias, centros comerciales, complejos turísticos y usos residenciales. O sea, urbanizar el campo.

Estas modificaciones legales pueden impulsar el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos que amenazan espacios naturales y paisajes únicos. Millones de metros cuadrados recalificados, miles de nuevas viviendas de segunda residencia, campos de golf, complejos hoteleros…, pura especulación urbanística que seguirá generando corrupción y una economía vulnerable y dependiente del ladrillo y el turismo“, denuncian.

Los colectivos y sindicatos que componen la Coordinadora exigen:

  1. Que el Decreto Ley 2/2020 y las disposiciones adicionales aprobadas sean derogadas de forma inmediata y completa.
  2. Que se paralicen aquellos proyectos contaminantes que ya han sido autorizados en Andalucía y, en caso de tener una función imprescindible, sean sustituidos por alternativas sostenibles y respetuosas con la vida y la naturaleza.
  3. Que se paralicen los macrocomplejos urbanísticos actualmente en tramitación, y se proceda a la desclasificación de todos los suelos urbanizables de la burbuja inmobiliaria.
  4. Que en la nueva Ley urbanística realmente se incluyan los principios de sostenibilidad territorial, pero también ambiental y social, garantizando el derecho de toda la ciudadanía a una vivienda digna, impidiendo la especulación urbanística y protegiendo de forma efectiva y eficaz el suelo rústico.
  5. Que la Junta de Andalucía, en vez de promover el retroceso en garantías ambientales, tome medidas concretas contra el Cambio Climático y la preservación de la Biodiversidad.
  6. Que las autoridades responsables inicien la transición justa hacia una economía que ponga la vida en el centro, fomentando los cuidados, la soberanía alimentaria y la cobertura de las necesidades básicas de las personas.
  7. Que estos procesos sean llevados a cabo en colaboración con la ciudadanía y en concordancia con los datos científicos que advierten sobre el colapso climático y ecológico.