Aureliano Sainz. Coordinador de Córdoba Laica
Hace ya cuarenta y cinco años que falleció Francisco Franco, pero algunos siguen añorando su régimen dictatorial, de modo que continúan como si todavía existiera el nacionalcatolicismo, que era la estricta fusión entre el Estado y la religión católica, dado que estaba considerada la religión oficial, por lo que todos los españoles tenían que ser educados bajo esta fe si no quisieran quedar socialmente marginados.
A ellos de nada les sirve que en la Constitución aprobada en diciembre de 1978 y que en su artículo 16 se indique: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Su aprobación fue un paso importante, ya que del texto se deducía que en términos de las creencias (religiosas o no religiosas) pasábamos a ser un país aconfesional, en el que todas se encontraban en nivel de igualdad ante la ley. Por otro lado, implicaba, aunque solo fuera como declaración, que era posible acabar con la multitud de privilegios, reales y simbólicos, que la Iglesia católica había obtenido del dictador por apoyar el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la Segunda República Española.
Pero una cosa es la ley y otra es la realidad, porque la Iglesia católica sigue teniendo multitudes privilegios que se resiste ceder, pues está construida sobre ellos. Desde este punto de vista, se entienden las amenazas veladas que el obispo Demetrio Fernández, el mismo que se ha vacunado inmediatamente contra la covid-19, hizo en sus declaraciones durante la misa del domingo 17 de enero celebrada en Aguilar de la Frontera.
Esas amenazas estaban relacionadas con la retirada de la cruz de los caídos (de los caídos en el bando nacional), una retirada algo tardía ya que en la mayoría de las localidades españolas se llevaron a cabo a los pocos años del comienzo de la democracia.
El señor obispo considera que bastó con que se quitara la lápida que había detrás en la que aparecían una relación de nombres. Por otro lado, se comprueba que a él los poderes civiles no le interesan mucho; imagino que, para él, el poder eclesiástico está por encima, ya que supuestamente es de origen divino. De nada le sirve que haya sido el pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera el que aprobara la retirada definitiva de la cruz de los caídos, siguiendo lo que se establece la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Al señor obispo, conviene recordarle que los significados de los símbolos tienen una historia y un sentido que no desaparecen porque la lápida de detrás se retirara. Para todos los vecinos de Aguilar de la Frontera esa era la “cruz de los caídos”, la que había levantado por el régimen franquista para ensalzar a quienes defendieron su causa. En cambio, todavía los restos de muchos de los republicanos fusilados durante la guerra y la dictadura se encuentran todavía enterrados en las cunetas de carreteras o en fosas comunes. Esto último parece que no le quita el sueño al señor obispo.
De todos modos, a pesar suyo y de todos los grupos integristas que se resisten a que caminemos hacia una verdadera democracia, es decir, hacia un Estado laico en el que el poder del Estado y el poder eclesiástico estén verdaderamente separados, nosotros aplaudimos la decisión del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en la eliminación de los símbolos franquista que desgraciadamente todavía permanecen en nuestro país.
Muy claro y transparente, pero con esta gente es predicar en el desierto, los que estamos convencidos de las cosas, lo estamos y ya está. A mi me agrada que en tiempos en los que solo se leen soflamas fascistas se lean artículos sensatos, pero cada vez tengo más claro que esta gente está más crecida y ciega. Un saludo