El Gobierno ha anunciado recientemente la puesta a disposición de 50.000 viviendas a las comunidades autónomas y ayuntamientos, una medida que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ve como un paso en la buena dirección, aunque llega tarde. Durante años, la PAH ha estado reclamando un Parque Público de Vivienda adecuado, una propuesta que ha sido rechazada por el PSOE en el pasado.

La medida llega tarde en opinión de este colectivo porque, durante años de negativa del PSOE a establecerla, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como el «banco malo«, ha ejecutado cientos de desahucios con las consecuentes tragedias humanas. Aunque algunos desahucios han sido detenidos por la acción de la PAH, muchas personas han sufrido la angustia y la incertidumbre generada por estas situaciones.

Además, consideran la medida insuficiente, ya que, de las 50.000 viviendas anunciadas, se incluyen 14.000 que ya están en uso en diversas formas, y miles más que no están en condiciones de habitabilidad o aún se encuentran en construcción. Además, su disponibilidad estará sujeta a las decisiones de las comunidades autónomas, lo que podría dejar fuera a las personas que viven en regiones gobernadas por el Partido Popular, lo que reduce la eficacia de la medida. La PAH también señala que en su momento, la SAREB llegó a tener un patrimonio de más de 140.000 viviendas, lo que habría tenido un impacto mucho más significativo.

La PAH también destaca que el anuncio se realiza en un contexto pre-electoral, lo que levanta sospechas sobre las intenciones detrás de la medida. Sin embargo, también podría ser considerado como un reconocimiento explícito de las grandes limitaciones que el acuerdo sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda tiene.

Desde la PAH, se sostiene que tanto las viviendas de la SAREB como las de los bancos y fondos buitres rescatados de la burbuja inmobiliaria de 2009 deben cederse sin costo alguno a las comunidades autónomas y ayuntamientos para ampliar el parque público de vivienda social y asequible. La PAH argumenta que la ciudadanía ya pagó el rescate bancario entre todas, sin recibir ninguna contraprestación a cambio, enfrentándose a desahucios y deudas de por vida. Ahora es el momento de recuperar en forma de viviendas lo que se necesita para garantizar el derecho a la vivienda.

Por otro lado, entienden que las familias ya están sufriendo de manera extrema, debido a los alquileres abusivos, la inflación en el costo de la vida, las subidas de interés, entre otros. Por lo tanto, no consideran viable volver a los créditos, aunque sean del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La PAH considera que esta es la única manera de ampliar el deficiente Parque Público de Viviendas en nuestro país y hacer posible la promesa de llegar al 20% lo antes posible. “Ya no basta hacer promesas”, concluyen.

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