En un nuevo acuerdo sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda, se han unido Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España, según una rueda de prensa convocada de urgencia el pasado viernes. Ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

A pesar de esto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) valora que el acuerdo anunciado no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. La ley únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación cuya resolución no tienen por qué respetar, lo que significa que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.

La PAH también expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías.

Además, la PAH lamenta que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales.

La PAH también expresa su preocupación por la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la SAREB, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las Comunidades Autónomas y aumentar así el parque público de vivienda. Al respecto, es de destacar el anuncio hecho ayer domingo por el gobierno de que va a poner 50.000 viviendas de la SAREB para alquileres sociales. Medida que habrá que conocer con exhaustividad cuando sea plasmada en papel.

A pesar de todo, la PAH reivindica aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta, la rebaja de la definición «grandes propietarios» a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las Comunidades Autónomas.

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