La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, constituida por una decena de colectivos patrimonialistas, ha mantenido en las últimas semanas una rueda de contactos con los grupos parlamentarios del PSOE, Cs, Adelante Andalucía y el grupo de no adscritos para solicitar el listado completo de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en Andalucía, en tanto que el facilitado por el Gobierno central no se corresponde con los inventarios que varios ayuntamientos andaluces han ido haciendo públicos en los últimos meses. Por otro lado, la Plataforma pide que se ofrezca una relación completa de estas inmatriculaciones desde el año 1946, y no solo desde 1998, como es el caso en el listado publicado actualmente.

En estas reuniones, todos los grupos parlamentarios han mostrado sintonía para poner en marcha un proceso que permita conocer en realidad la dimensión de estas inmatriculaciones, favoreciendo la publicación de todos los bienes afectados por la inscripción registral en base al artículo 206 de la ley hipotecaría que otorgaba a los obispos la condición de fedatarios públicos.

Además, basándose en la resolución que el Defensor del Pueblo Andaluz emitió a favor de esta Plataforma en relación a la necesidad de dotar de planes directores a las catedrales andaluzas, el colectivo ha pedido que la administración autonómica tutele su desarrollo y control para los bienes de interés cultural, tal y como recomienda UNESCO en el caso de los monumentos del Patrimonio Mundial y como apunta la propia ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía para los espacios culturales “que por su relevancia o significado en el territorio donde se emplazan se acuerde su puesta en valor y difusión al público”.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz trabaja para que las administraciones, particularmente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados, defiendan el patrimonio histórico a través de los instrumentos administrativos y legales de que dispongan, para que se restituya la legalidad constitucional y la devolución al dominio común de todos los bienes culturales de Andalucía inmatriculados por la jerarquía católica de forma irregular.