Área de Marginación de APDHA.

Publicado en la edición en papel de Paradigma. Número 11. Anuario 2018.

El pasado 26 de noviembre nos sorprendió la dramática noticia de que una mujer de 65 años se había suicidado cuando iba a ser desahuciada de su vivienda de alquiler en el barrio de Chamberí de Madrid. No es la primera vez que ocurren terribles sucesos como ese. Ya en noviembre de 2012 la exconcejal socialista Amaya Egaña se arrojó por la ventana de su casa de Barakaldo (Bizkaia) cuando iban a desahuciar a su familia. ¿Cuál es la causa de estos dramáticos hechos? Y ¿qué medidas podrían evitarlos?

Hasta ahora, el impago de la hipoteca era la principal causa de los desahucios; no obstante los medios nos confirman que hoy 6 de cada 10 desahucios son por impago del alquiler, no de la hipoteca. Personas que se han quedado en paro o con un trabajo precario no pueden pagar el alquiler y, al mismo tiempo, hacer frente a los gastos de su casa. Descienden así a un último peldaño de pobreza, causa de su desesperación, depresión y suicidio. Situaciones que se repiten con harta frecuencia en los barrios pobres, marginados e ignorados de España, en particular en Andalucía, privándoles de su derecho a la vivienda, reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Según la OMS, la pobreza y el desempleo son las principales causas de los 800.000 suicidios que ocurren cada año.

Frente a esta situación dramática de pobreza y precariedad Cáritas, Cruz Roja, los Bancos de Alimentos etc., se inclinan por la beneficencia, que solo remedia momentáneamente la pobreza de las personas que reciben las ayudas. El Estado y particularmente las CCAA, entre ellas Andalucía, ofrecen una Renta mínima de inserción. Los Sindicatos abogan por un Trabajo Garantizado (TG) y nosotros por una Renta Básica Universal (RBU).

La RBU se concibe como un ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano/a de pleno derecho o residente de la sociedad, independientemente de cuáles sean sus fuentes de renta y sin importar con quien conviva. Sus características son: es universal, dirigida a todas lxs ciudadanxs; individual, no familiar; incondicional, sea la persona rica o pobre y suficiente, por encima del umbral de la pobreza. Dicho umbral se fija hoy en España entre 7.800 y 8.400 € anuales. Otorgando una RBU de 650 ó 700 € mensuales a toda persona se solucionaría el problema fundamental de la pobreza y la desigualdad. Desaparecería el depender de Cáritas, los Bancos de Alimentos y los subsidios condicionados o rentas mínimas de inserción. Desaparecerían el papeleo y la burocracia muchas veces denigrante, obligatorios para solicitar y gestionar las ayudas. Si se tiene lo suficiente para vivir como un derecho de ciudadanía, nada se tiene que pedir por ser pobre, desaparecerá la pobreza y muchas de sus consecuencias: desesperación, depresión, suicidios etc.

Percibiendo una RBU se revalorizan los trabajos no remunerados, los cuidados del hogar y los voluntarios y, sobre todo, el empleo se vuelve algo más libre y optativo. Teniendo las necesidades básicas cubiertas se quita en parte al empresario capitalista el poder de no darnos trabajo, condenándonos al paro, a la precariedad o al hambre. Disminuye la angustia de la búsqueda de empleo, la rutina diaria de ir al trabajo y el agobio de empleos repetitivos y esclavizantes. Nos otorga la libertad de decir no a condiciones abusivas o degradantes en nuestro empleo y poder elegir aquellos que sean más acordes con nuestras cualidades. Nos garantiza el exigir, en particular a las mujeres, igual salario por igual trabajo y que se cumplan los convenios firmados.

¿Cómo se financiaría esta RBU? Hay estudios suficientes que muestran su viabilidad. En definitiva, la RBU no será la panacea, pero nos hará mejores personas ciudadanas. Es una pena que en las pasadas elecciones andaluzas ningún partido la llevara entre sus propuestas, pero mirando los resultados, esperamos que la izquierda recoja la RBU en sus programas futuros.