En el actual escenario de cambio climático e inestabilidad económica, las políticas agrarias están centrándose cada vez más en mejorar la capacidad de adaptación y resistencia de las explotaciones agrarias y no solo en fomentar su sostenibilidad. Esta capacidad, conocida como resiliencia, es en realidad altamente heterogénea por lo que, si las políticas públicas quieren ser efectivas, han de ser más específicas y centrarse en sus dos componentes: la estabilidad y la flexibilidad. Es la conclusión de un estudio realizado por el Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba y publicado en la revista Environmental and Sustainability Indicators.

A través de un novedoso marco teórico, el equipo formado por los investigadores Jaime Martín García, José A. Gómez Limón y Antonio Menor Campos ha comprobado que las explotaciones agrarias tienen dos componentes de resiliencia económica que son en cierta medida opuestos. Algunas explotaciones son más estables a lo largo del tiempo y presentan dificultades para adaptarse en el largo plazo, mientras que a otras les resulta más fácil transformarse ante las perturbaciones externas, pero no se muestran tan estables en el corto plazo.

Dado que en base a los dos componentes de la resiliencia identificados las explotaciones agrarias pueden responder a los cambios externos de dos formas, mantenerse inalterables o aplicar cambios a corto (por ejemplo, modificar el mix de cultivos de un año a otro) o largo plazo (pasar del cultivo de secano al regadío o de la agricultura convencional a la ecológica), la clave para un mejor diseño de políticas públicas es que estas sean más específicas y tengan en cuenta la gran variedad de factores que, de forma positiva o negativa, influyen en los dos componentes de la resiliencia de las explotaciones. Así, atendiendo a las circunstancias de cada sector y/o región, las políticas deberán estar orientadas a fomentar la estabilidad o bien centrarse en desarrollar más la flexibilidad de las explotaciones.

Los cultivos herbáceos españoles como caso de estudio

Para probar el marco teórico propuesto para la evaluación de la resiliencia de las explotaciones, los investigadores se han basado en datos de explotaciones agrarias españolas dedicadas a cultivos herbáceos. Estos cultivos, entre los que se encuentran los cereales o las legumbres, representan más del 30% de la superficie agraria útil de España, siendo fundamentales para la sociedad al ser la base de la alimentación tanto de las personas como de los animales.

Utilizando una base de datos de 947 explotaciones de este sector agrario, el equipo analizó factores que iban desde el tamaño de la empresa, la mano de obra o la edad de los agricultores, hasta el régimen de producción ecológica, los fertilizantes o los pagos de la Política Agraria Común. Con esos datos, recogidos durante 13 años por la Red Contable Agraria Nacional (un instrumento perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), el equipo comprobó que existía una resiliencia parcial en los cultivos herbáceos españoles ya que tenían una buena estabilidad, pero una baja flexibilidad.

Así, factores como los pagos desacoplados de la Política Agraria Común, la propiedad de las tierras o los cultivos de cereales de verano estaban más relacionados con la estabilidad. Por otro lado, la conversión ecológica garantizaba una mejor flexibilidad, pero el tamaño de la explotación, el valor de la tierra, la edad del agricultor o la proporción de mano de obra familiar afectaban negativamente a la flexibilidad necesaria para afrontar las perturbaciones externas a lo largo del tiempo.

El estudio demuestra que no todas las políticas públicas son igualmente efectivas para mejorar la resiliencia económica de las explotaciones, requiriéndose instrumentos diseñados a medida y debidamente adaptados. La formulación de políticas debe tener en cuenta la complejidad de este concepto multidimensional. Según los resultados, impulsar la estabilidad (resiliencia estática) podría perjudicar la flexibilidad (resiliencia dinámica), y viceversa. Por ello, se necesitan instrumentos de política adaptados y específicos que consideren ambos componentes de la resiliencia.

Dado que el objetivo último de la investigación es fomentar que las explotaciones agrarias puedan continuar produciendo y manteniendo sus funciones a lo largo del tiempo, que las políticas tengan en cuenta la complejidad del concepto de resiliencia redundaría en beneficios para la sociedad. Como explica Jaime Martín García, investigador del grupo WEARE de la UCO y autor de una tesis que, centrada en la transición ecológica de la agricultura, incluye esta investigación sobre la resiliencia, entre los beneficios se encontrarían «una producción de alimentos más estable, un menor impacto ambiental del sector agrario o un mayor desarrollo rural, ayudando a fijar población en zonas rurales que a menudo sufren despoblación».

La investigación ha sido financiada por los proyectos TRANSECOag (ProyExcel_00459, Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza, convocatoria de 2021) y FARMPERFORM (PID2022-136239OB-I00, Proyectos de Generación de Conocimiento, convocatoria de 2022).

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