Pedro García «me preocupa la doble vara del Partido Socialista que hace en Madrid una cosa y en Córdoba otra».

Antonio Maíllo , Coordinador general de IU Andalucía ha demandado hoy en Córdoba la publicación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, que el Gobierno Central ha anunciado  va a publicar.

Al mismo tiempo ha exigido una actuación activa de la Administración Central y del Gobierno para invalidar y anular esa apropiación indebida que robó la Mezquita a los cordobeses por 30 euros. Antonio Maíllo ha calificado este asunto de «escandallo de dimensiones colosales. » «Estamos hablando de la adquisición de bienes de carácter histórico y de valor incalculable adquierido por 30 euros y en muchos casos  por la simple palabra del obispo y la autocertificación del abogado del obispo de turno diciendo que ese bien era de uso de culto religioso».

También hemos recogido declaraciones de Pedro García sobre este asunto.» Estamos ante uno de los escándalos y de los desfalcos urbanísticos que se se han dado en la historia de Europa». Expresó que en la publicación de los bienes inmatriculados por la iglesia no va a ver grandes sorpresas.  «Ya sabemos a grandes rasgos desde la Mezquita de Córdoba como el punto más importante, como la cima de las inmatriculaciones pero hay muchísimas más» .

El Presiente de La Gerencia Municipal de Urbanismo ha querido hacer constar que en los pueblos puede haber alguna sorpresa. En los pueblos pequeños pueden darse alguna sorpresa ya que  no saben si  las ermitas, locales, cocheras son de la iglesia. «Lo que ahora toca es la segunda parte.  Invalidar las inmatriculaciones y devolverlas a la propiedad pública». «En algunos casos van a ser más complejos, en Córdoba lo tenemos ya avanzado con la comisión de expertos de la Mezquita Catedral donde ya está prácticamente el informe terminado que se va a presentar en el juzgado».  Esta actuación puede servir de ejemplo para otros ayuntamientos. «Aunque es el Gobierno Central quien tiene todas las armas para revertir esta situación, declarando inconstitucional lo que hizo en su momento el gobierno de Aznar».

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