Martina Cociña Cholaky.

Bajo su política de “Ordenar la casa” el gobierno chileno ha impuesto en los últimos años una serie de medidas para abordar los flujos migratorios que, en vez de apostar por su inclusión social, fomentan su exclusión. Como si fuera sensato que la respuesta ante la irregularidad administrativa sea la expulsión de los inmigrantes.

En este último tiempo, muchos extranjeros han arribado a Chile con la finalidad de mejorar su vida, creando lazos, conformando familias e integrándose en la sociedad. Sin embargo, no la tienen fácil, puesto que la Administración dificulta su regularización, imponiendo nuevos requisitos a su ingreso y permanencia en el país, así, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera puso en marcha un plan de regularización que ha impedido, por más de un año, a los migrantes que están dentro de ese proceso, trabajar en el mercado formal. A lo anterior, hay que agregarle el colapso del Departamento de Extranjería (organismo encargado de gestionar lo referente a migración), que entre las “agilizaciones” estableció un único sistema online para solicitar horas, el que sólo está disponible en cierto horario y no entrega suficientes citas. Entonces, quienes no hayan podido conseguir una, se ven impedidos de realizar los trámites exigidos y que son esenciales para su estadía.

A pesar de estas falencias que urge resolver cuanto antes, el Ejecutivo insiste en apostar por una gestión que enfatiza asociar al extranjero como infractor legal, implementando fiscalizaciones sobre la población migrante. Cabe reflexionar: ¿no sería más sensato que la Administración chilena invierta en agilizar la burocratización que caracteriza a la institucionalidad migratoria, que, en parte, propicia la irregularidad, en vez de una política que responde con la deportación como mecanismo?

En esta lógica, el presidente Sebastián Piñera, ha llevado a cabo una serie de expulsiones, acompañándolas de un gran show mediático, satisfaciendo pulsiones sociales que demandan más “mano dura”, así el mandatario aprovechándose de los fantasmas y temores de ciertos sectores de la ciudadanía, ha presentado las deportaciones como un gran logro del gobierno, como una nueva política que vendría a poner “orden a la casa”.

En esta dinámica y bajo engaño, la policía de investigaciones este año ha expulsado a inmigrantes, a quienes los ha notificado para que concurran a sus dependencias. Una vez allí, han sido privados de libertad hasta que se ha procedido a su expulsión. Un procedimiento que a todas luces contraviene la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile sobre la materia.

Estas deportaciones se han ejecutado, a pesar de que los extranjeros tenían arraigo en dicho país, tanto a nivel social, familiar y laboral. Muchos de los expulsados tenían hijos, pareja, trabajo y ya habían cumplido su pena; otros, ni siquiera habían sido condenados ni se encontraban en irregularidad; pero, de todos modos, fueron detenidos y expulsados de Chile.

El recurso de amparo que se interpuso a su favor para frenar las expulsiones fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago y el 3 de junio de este año, la Corte Suprema confirmó la sentencia, en voto dividido. En contra se fundamentó que el proceso de detención fue realizado con infracción a la Carta Fundamental, engañando a los migrantes, haciéndoles creer que debían concurrir a las oficinas de la policía para otra finalidad. De ahí que este voto haya estimado que “tal manera de proceder por parte de agentes estatales no es tolerable, toda vez que desconoce la dignidad de estos ciudadanos extranjeros”, infringiendo el principio de probidad de los organismos y de publicidad de los actos de la Administración.

Lo más grave es que el hecho de que hayan sido detenidos bajo engaño no fuera motivo suficiente para frenar las expulsiones. Con este criterio jurisprudencial, quienes se desplazan quedan indefensos, ya que los tribunales de justicia, en vez de resguardar sus garantías, priorizan su deportación, posibilitando que estos días el Subsecretario del interior, defienda las expulsiones, sosteniendo que el gobierno ha actuado apegado a derecho, de acuerdo al criterio fijado por los tribunales de justicia.

Esta política de expulsiones no sólo desconoce la dignidad de los migrantes, sino también el principio de non bis in idem (no se puede juzgar un mismo acto dos veces), de resocialización y de proporcionalidad, también hace caso omiso del interés superior del niño, de la protección de la familia y el arraigo social, laboral y familiar que los expulsados tenían en esta nación.

El gobierno de Sebastián Piñera al hacer uso de mecanismos punitivos como respuesta al tratamiento de los flujos de personas, ha soslayado el principio fundamental que sustenta todo Estado de Derecho, es decir, la utilización del sistema punitivo como ultima ratio. Sobre este punto, Luigi Ferrajoli nos recuerda en su conocida obra “Derecho y Razón” que el derecho penal, aún dotado de todas las garantías, concentra una intrínseca brutalidad que hace dudosa su legitimidad moral. Por lo mismo, afirma que un sistema punitivo “está justificado si, y sólo si minimiza la violencia arbitraria en la sociedad (…), y alcanza dicho fin en la medida en que satisfaga las garantías penales y procesales del Derecho penal mínimo”.

La utilización del derecho penal como herramienta de gestión de la movilidad humana implica la negación de la política como institución capaz de administrar las garantías de los extranjeros. Al parecer, el gobierno de Chile frente a la inmigración no tiene más respuesta, no hay política, sólo “mano dura”.

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