José Luis Campal.

Abundante público se registró el pasado sábado 9 de febrero en la concentración convocada, a las seis de la tarde, por la Plataforma de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y que se verificó, en un clima de pacífica cordialidad y respetuosa exposición de su ideario, en el templete del Bulevar del Gran Capitán en Córdoba.

La Plataforma de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela logró transmitir, gracias a la espontánea participación colectiva de la población congregada en pleno centro neurálgico de la capital, su preocupación por la gravísima situación de acoso y derribo que padece el país sudamericano, denunciando la agresión que, desde diversos frentes (político, económico, mediático, militar), se cierne sobre el gobierno en ejercicio de Venezuela, cuya legitimidad (la limpieza electoral venezolana ha sido reconocida por expresidentes como Jimmy Carter y José Luis Rodríguez Zapatero) pretende conculcarse mediante un derrocamiento encubierto dirigido por espurios intereses imperialistas de signo totalitario que han hecho de la inaceptable injerencia extranjera su arma de combate fraudulento, menospreciando y violando la autonomía del pueblo de Venezuela, que ha manifestado sus deseos sin coacciones y por la vía de la más estricta legalidad.

Los asistentes a la concentración, la primera que organiza la recién constituida plataforma cordobesa, se agruparon en torno a una gran pancarta de inequívoco y contundente mensaje en la que podía leerse: “Córdoba con la República Bolivariana de Venezuela. Ni golpe de Estado, ni invasión, ni guerra”. Muchos de los presentes portaban, igualmente, otros carteles de menor dimensión en los cuales se reproducían lemas y consignas que arropaban el espíritu general de las inquietudes que habían motivado el acto, tales como: “No más sangre por petróleo”, “No al golpe de Estado en Venezuela”, “Ni golpe, ni invasión, ni guerra”, “No a la injerencia imperialista”, “No a las sanciones económicas” o “No en nuestro nombre, Pedro Sánchez”, en alusión al reconocimiento por parte del presidente del Ejecutivo español del usurpador de la titularidad presidencial, y cuyo ultimátum de 8 días dio lugar a la presentación ante el Tribunal Supremo de una querella contra Sánchez por parte del abogado cordobés Antonio Luna Crespo.

El llamamiento de la Plataforma de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela –constituida el 31 de enero en la sede del Círculo Cultural Juan 23 de Córdoba e integrada por colectivos sociales, políticos, culturales y personas a título individual- iba dirigida a toda la ciudadanía comprometida con la libertad de expresión y el respaldo sin fisuras a la soberanía nacional sobre la que se sustenta el futuro de las sociedades democráticas, que deben velar por la escrupulosa defensa de la intocable voluntad popular expresada en las urnas. La respuesta al llamamiento ha sido valorada positivamente por la entidad convocante.

La concentración del pasado sábado tuvo su eje central, además de en el reparto de octavillas y el diálogo abierto con cuantas personas interesadas se acercaron al templete del Bulevar, en la lectura de un primer manifiesto, a quien puso voz uno de los activos miembros de la Plataforma. Comenzó señalando que «desde que el pueblo venezolano inició, mediante reiterados procesos electorales, el proyecto bolivariano al servicio de su mayoría social se enfrentó a la oposición y resistencia de los poderes económicos y políticos que sustentan el neoliberalismo, especialmente del imperialismo norteamericano. Las agresiones que se han sucedido han sido brutales, desde un golpe de Estado hasta cierres patronales y boicots económicos y comerciales»; para incidir a continuación en que «mientras se agredía a la revolución bolivariana con acciones desestabilizadoras de carácter económico, comercial, financiero y político, otros pueblos que cuentan con recursos naturales y minerales estratégicos sufrieron la intervención militar de los estadounidenses, unas veces con más aliados y otras con menos pero siempre en contra del derecho internacional y sin contar con la ONU, que han provocado la muerte de millones de seres humanos y la destrucción de las infraestructuras y equipamientos de los países afectados (Afganistán, Iraq, Libia, Siria, etc.) convirtiéndolos en Estados fallidos y generando el éxodo de millones de personas». La declaración hecha pública el sábado proseguía señalando que «hoy se vuelven a poner en marcha todos los mecanismos y recursos con que cuentan USA y sus satélites (embargos y boicots económicos, financieros y comerciales, golpe de estado, injerencia extranjera y, si hace falta, la invasión militar y la guerra) con el objetivo de apropiarse de los recursos estratégicos que tiene la República Bolivariana de Venezuela (petróleo, oro, diamantes, coltán, bauxita y otros). Por desgracia, igual que en anteriores ocasiones, el gobierno del Estado español (ya sea del PP o del PSOE) se adhiere sumisamente a lo ordenado por Estados Unidos». En su recta final, el manifiesto afirmaba sin titubeos ni lenguaje calculado o ambivalente que los dirigentes estadounidenses «siempre han justificado esta política bélica y violenta en que buscan “salvar” a los pueblos afectados, pero los resultados que han obtenido han sido siempre la muerte y la destrucción y no la vida y el bienestar de sus habitantes. Pero, en cambio, como aves carroñeras, se han apropiado del petróleo y de las riquezas de esos países». Por todo ello, la Plataforma de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela concluía su texto diciendo: «Estamos convencidos de que solamente con el respeto al derecho internacional y a la ONU y buscando el diálogo en el marco de la Constitución que el pueblo venezolano se ha dado, se superará la situación provocada por los intereses egoístas de los poderes neoliberales.»

Con la concentración del pasado sábado, la Plataforma profundiza en la serie de acciones que están planificándose asambleariamente, y que se iniciaron el sábado 2 de febrero cuando tuvo lugar, en la concurrida plaza de las Tendillas, su presentación a los medios de comunicación, que sirvió, además, para mostrar públicamente la adhesión de sus componentes a la carta abierta lanzada por 71 personalidades internacionales y encabezada por el prestigioso intelectual norteamericano Noam Chomsky. Se distribuyó entonces, entre los periodistas y viandantes, un extracto de los puntos principales de tan oportuna declaración en momentos de confusión y tergiversación. En la misma, se recogía con rotunda claridad lo siguiente: «El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la política interna de Venezuela con el objetivo de derrocar al gobierno del país (…) mediante protestas a menudo violentas, un golpe de Estado militar u otras vías que eluden las urnas. Las acciones de la administración Trump y sus aliados regionales empeorarán casi seguro la situación en Venezuela, lo que llevará a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad. (…) Las sanciones económicas de Estados Unidos serían ilegales bajo los parámetros de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como de la legislación de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales. Estas sanciones han agravado la crisis económica, causando la muerte de muchas personas que no pudieron acceder a medicamentos que hubieran podido salvar sus vidas. (…) Al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela –algo ilegal según la Carta de la OEA– la administración Trump ha acelerado drásticamente la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándola a elegir un bando. (…) Si la administración Trump y sus aliados continúan su curso imprudente en Venezuela, el resultado más probable será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad. Estados Unidos debería haber aprendido algo de sus iniciativas de “cambio de régimen” en Irak, Siria, Libia y su larga y violenta historia de patrocinio de “cambios de régimen” en América Latina. (…) Por el bien del pueblo venezolano, la región y por el principio de la soberanía nacional, estos actores internacionales deben apoyar las negociaciones entre el gobierno venezolano y sus oponentes que permitirán que el país salga finalmente de su crisis política y económica».

La adhesión de la Plataforma cordobesa de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela a la carta abierta de la intelectualidad internacional volvió a leerse el pasado sábado en la concentración del Bulevar del Gran Capitán.