En los últimos días se han escrito muchos artículos interesantes que critican con diferentes tonos la última visita que Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha realizado al Papa Francisco, en Roma. Ni a Juan Antonio Aguilera le sobra nada de acierto en su sarcasmo ni a José Pablo Ferrándiz, Antonio Gómez Movellán o a David Torres les falta claridad en sus respectivas críticas. Y es que no debemos olvidar cuales son los términos del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar en relación al avance en laicidad del Estado en general y en la recuperación de una educación pública y laica, en particular, cuando afirman en la página 27 del acuerdo: “promoveremos una educación basada en la tolerancia y el laicismo”? ¿Se promoverá, al fin, una ley sobre el derecho de libertad de conciencia y se denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede? Tan solo Pangloss, el compañero de Cándido en la obra homónima de Voltaire podría creer que esto tendría la más mínima posibilidad de ocurrir con este Gobierno.

Desde 2006 diversos grupos parlamentarios como Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Izquierda Unida, han promovido proposiciones de ley para derogar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) y para desarrollar una ley integral de libertad de conciencia con el fin de dar respuesta a los nuevos escenarios de pluralismo religioso surgidos en la sociedad, por un lado, y para regular y aplicar otras opciones de conciencia diferentes a las religiosas, por otro. El propio PSOE, en 2008 promovió la reforma de la LOLR, llegando a elaborar una “Ley orgánica del derecho a la libertad de conciencia y religiosa” en 2009 que nunca se atrevió a tramitar en el Parlamento. Por su parte, Europa Laica realizó una propuesta de Ley de Libertad de Conciencia también en 2009 y la actualizó en 2022.

Después, ya con el Partido Popular en el poder, la izquierda catalana no independentista, presentó en 2013, en el Senado una “Propuesta de Ley de libertad ideológica, religiosa y de culto” que no prosperó, por la que se sometían a las organizaciones tanto religiosas como no religiosas al derecho común, se derogaban los Acuerdos de 1992 y se proponía la denuncia de los Acuerdos firmados en 1976 y1979. Más tarde Podemos planteó en el Parlamento la necesidad de derogar la LOLR e, incluso, en 2017, ERC consiguió aprobar por mayoría parlamentaria la necesidad de legislar urgentemente una Ley orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto.

Ya a finales de 2019, a diferencia del acuerdo firmado el 24 de octubre de 2023, y con Unidas Podemos como partenaire del PSOE, su acuerdo programático concretaba mucho más cuando afirmaba: “Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Concienciaque garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas”, tomando el testigo de lo que el Gobierno de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero no se atrevió a tramitar. No obstante, en los cuatro años de gobierno, nunca hubo la ocasión de dar los pasos para realizar lo pactado.

Además, si analizamos el párrafo que sigue a la referencia al laicismo en el acuerdo entre PSOE y Sumar, tan solo se limitan a afirmar, sin rubor, que “en las enseñanzas de religión [las calificaciones] seguirán sin computar en la obtención de la nota media”, en continuidad con la LOMLOE aprobada en 2020 y dejando claro que nada más harán. Ninguna iniciativa para promover una educación basada en la tolerancia y el laicismo, como, por ejemplo: a) iniciar un proceso de desconcertación de la enseñanza con el fin de reforzar la enseñanza pública, laica e inclusiva, la única capaz de garantizar tanto la igualdad efectiva de oportunidades, como la libertad de conciencia de los menores; b) promover el respeto y la promoción de los valores constitucionales para todos, en detrimento de los “valores propios” de cada ideología cuyo espacio legítimo no se encuentra en las aulas; c) atreverse a sacar la religión confesional de la escuela, en vez de ampliar el adoctrinamiento religioso con la inclusión de catequistas de otras confesiones con Acuerdos firmados con el Estado; d) blindar la imposibilidad de que las comunidades autónomas gobernadas por las derechas establezcan un “pin parental” que interrumpa y pervierta las programaciones didácticas y las actividades curriculares y extracurriculares elaboradas por los funcionarios docentes en relación con contenidos que los “padres” quieran prohibir en base a su ideología particular; e) derogar los Acuerdos con todas las confesiones religiosas, incluida la denuncia de los Acuerdos de carácter internacional o la reforma del artículo 16.3 de la Constitución española.

La libertad de conciencia ha desaparecido del acuerdo entre PSOE y Sumar y queda una legislatura en la que ambas formaciones políticas no solo no darán un paso en su defensa, sino que continuarán profundizando en su deterioro de forma pasiva o activa. ¿Tal vez sea mejor así, pues en la anterior legislatura tan solo se aparentaba su defensa, como en todas las anteriores? Nada cambiará mientras no cambien los dioses, nos advirtió Rafael Sánchez Ferlosio hace mucho tiempo.

Por consiguiente, tan solo caben dos opciones ante este hecho: o levantamos todos nuestras copas y brindamos o denunciamos el papel del PSOE y de Sumar en este nuevo desprecio a la educación laica, a la protección efectiva del derecho de libertad de conciencia y al Estado laico, con el que se continua en la línea abierta por la llamada “transición a la democracia” en la protección de los privilegios de la iglesia católica conseguidos durante la Dictadura. No cabe la equidistancia ante la degeneración progresiva del respeto al pluralismo ideológico en pie de igualdad para todo tipo de convicciones.

Presentación de “El desafío ateo de Puente Ojea”, de Miguel Ángel López Muñoz Una humilde propuesta (a propósito de la escuela concertada)