PARADIGMA entrevista A Rafael Del Castillo, Delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad

Redacción

Publicado en Junio 2017 en el Número 6 de la edición impresa


P.- Qué balance hace el Gobierno Municipal, y tu grupo municipal, del cumplimiento del Pacto de Gobierno a mitad de legislatura?

– El balance del Pacto de Gobierno lo haré a título personal, como grupo municipal es más correcto que lo haga el portavoz. Son 51 medidas, creo que hay algunas que están muy desarrolladas y que hay otras que necesitan todavía un impulso. No soy de poner notas cuando aún no hemos terminado con el examen ni tenemos criterios de evaluación consensuados. Hay que seguir trabajando mucho, no decaer y apostar por políticas valientes para poder tener al final del mandato un cumplimiento satisfactorio de todas y cada una de las medidas.

P.- El Gobierno Municipal transmite síntomas de fisura ¿Dónde están las principales dificultades para la gobernabilidad y cohesión?

El cogobierno lo forman dos fuerzas políticas muy diferentes y con apuestas políticas también diferentes. El PSOE apuesta por políticas reformistas frente a las políticas rupturistas que mi formación, IU, defiende. Este escenario provoca diferencias a la hora de hacer concreciones políticas municipales y en ocasiones provocan fricciones. Era algo que ya sabíamos cuando pactamos, que nuestras diferentes visiones podían provocar discrepancias y que habría que trabajar para resolverlas siempre pensando y actuando en el interés de Córdoba y las personas de nuestra ciudad en el marco de las 51 medidas del acuerdo de investidura.

P.- Cuáles son los principales logros y cuáles han sido y serán los mayores desafíos del Área de Asuntos Sociales?

El mayor logro en al área social lo resumo en que tenemos un ayuntamiento que está mucho más cerca de las necesidades de las personas que el anterior debido a la mayor sensibilidad y apuesta social. Esto se concreta en un plan de rescate ciudadano con medidas como la creación de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, el aumento de recursos habitacionales para luchar contra los desahucios, haber conseguido herramientas que aseguran el suministro básico gracias al mínimo vital, haber multiplicado por 5 las ayudas de emergencia, disponer de ayudas al alquiler que antes no se tenían o aumentar el número de recursos para el sinhogarismo. En gran parte ello se ha logrado gracias a la gran implicación del personal del área, su vocación y su sensibilidad social. Con la notoria escasez de personal, sin su buen trabajo no lo habríamos logrado.

El mayor desafío es generar estructuras estables y duraderas, conseguir que ninguna persona duerma en la calle, que a ninguna familia le falte un techo digno y ser capaces de generar en la ciudadanía cordobesa la conciencia de que el presupuesto social no es un gasto sino una inversión.

P.- ¿Qué negociaciones ha habido con el sector bancario y los grandes propietarios de inmuebles referente a los afectados por desahucios?

La lucha por el derecho humano a la vivienda digna no se hace solamente desde el área de servicios sociales, también se han hecho iniciativas muy interesantes desde otras áreas, como la de vivienda por ejemplo. Desde el minuto cero nos pusimos a trabajar por este problema tan grave y que tanto daño hace. Además de la creación de la oficina municipal en defensa de la vivienda nos pusimos como locos a buscar viviendas, y al primer sitio que acudimos fue a los bancos, los grandes tenedores de vivienda vacía en este país, hablamos con todos los bancos, hasta con la SAREB (el banco ‘malo’). Fruto de estas negociaciones hemos conseguido la cesión de 49 viviendas de CajaSur, 8 de la Caixa y muchos acuerdos relacionados con desahucios y lanzamientos que han terminado en alquileres sociales. No sé como desde fuera se pueden valorar estos resultados, yo no los voy a calificar como buenos porque todavía necesitamos muchos más recursos. Todavía muchas, demasiadas, personas de esta ciudad ven vulnerado su derecho humano a la vivienda digna. Mientras una sola persona de esta ciudad vea este derecho tan básico vulnerado no podré decir que los resultados son buenos, solo puedo decir que trabajamos desde nuestras competencias, muy limitadas, con mucho ahinco y poniendo el alma, pero mientras no haya leyes que garanticen este derecho y permitan que haya casas sin gente y gente sin casas lo tendremos muy difícil. Como ayuntamiento, no tenemos capacidad legislativa, ésta le corresponde a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, que además tienen la competencia en materia de vivienda, y se puede, pero me temo que no se quiere, sobretodo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

P.- Visto que muchos desahucios seguramente se podrían haber evitado sin las cláusulas suelo declaradas abusivas, ¿qué apoyo presta la Delegación de Asuntos Sociales a los afectados para reivindicar sus derechos?

– Las cláusulas abusivas de las hipotecas han generado muchos desahucios y ahora están saliendo sentencias que confirman que nuestro sistema financiero ha realizado prácticas ilegales e inmorales que han echado a personas de sus casas empujándolas a dramas familiares que en muchos casos se han vuelto insoportables. Desde la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda asesoramos a las personas que pueden haber sido afectadas con estas prácticas, lo hacemos en coordinación o por derivación con la Oficina de la Vivienda de la Junta de Andalucía, con la que  mantenemos muy buena relación, están especializados en tema hipotecario.

P.- ¿Cuántas personas hay sin techo, sin hogar, en nuestra ciudad? ¿Y cuántas personas afectadas viviendo en precariedad? ¿Y afectados por pobreza energética?

En noviembre de 2015 hicimos un recuento de personas sin hogar y el resultado fue de 240 personas, volvimos a hacerlo en enero de 2017 y el resultado ha sido de 200. Yo creo que este es el margen en el que nos movemos: 200-240 personas, la mayoría de ellas disponen ya de recursos de emergencia. En relación a la pobreza energética me remito al estudio de Vimcorsa: el 10% de los cordobeses ha sufrido algún corte de luz por impago en los últimos años, el 48% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, el 9% ha buscado ayuda de los servicios sociales para el pago de las facturas y el 28% ha pedido ayuda a sus familiares y amigos.

Un 30.4% de la población cordobesa en edad de trabajar está en paro y parte de la que está trabajando lo hace con contratos precarios. Tenemos unos indicadores sociales muy alarmantes que requieren políticas gubernamentales y leyes que rescaten a las personas en vez de a los bancos o a las autopistas, lamentablemente no vamos en esa dirección.

P.- ¿Cómo afecta a la Delegación de Servicios Sociales la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “Ley Montoro? ¿Qué alternativas posibles existen para paliar los efectos de esta Ley?

La ley Montoro es una ley muy nociva para los ayuntamientos. Además de limitar y condicionar nuestra autonomía local para tomar decisiones está suponiendo una grave ímpedimento para contratar personal. Esto afecta de manera muy grave al área de servicios sociales que ya partía con una gran escasez de personal, y este número ha disminuido aún más en estos dos primeros años de mandato. Afortunadamente hace unos días se han incorporado ocho trabajadoras sociales que aliviarán la situación, aunque no es suficiente, necesitamos todavía más profesionales, sobretodo trabajadores y educadores sociales para prestar unos servicios sociales a la altura de lo que necesitan y merecen las personas de nuestra ciudad.

P.- ¿Habéis estudiado posibles alternativas para paliar los efectos de esta Ley?

¿Qué se puede hacer? Pues, desde el área de servicios sociales se puede reclamar, denunciar y explicar el daño que esta ley nos provoca, son otras áreas, como la de Personal, a quien le corresponde buscar soluciones imaginativas y legales que nos permitan sortear estas dificultades, aunque reconozco que no es sencillo.

P.- ¿Alguna propuesta innovadora para lo que queda de legislatura?

– Tenemos pensado varias, alguna todavía en fase de estudio, y estamos viendo su viabilidad normativa y legal. Tenemos que culminar un plan integral para personas sin hogar, generar un pacto social con el tercer sector contra la pobreza y la exclusión, mejorar nuestra comunicación interna y externa en base a un plan de comunicación serio y profesional, contribuir a avanzar en el plan integral de Palmeras y crear un observatorio social municipal.

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