La Plataforma Cordobesa en Defensa de las Pensiones Públicas sigue en las calles informando sobre la actualidad de la problemática con las pensiones públicas y las políticas que, como la Plataforma repite sin descanso, gobierne quien gobierne se encargan de vigilar.

En estos momentos en el que el gobierno PSOE-UP se encuentra en plena negociación sobre el futuro del sistema público de pensiones, desde la Plataforma se denuncia que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha enviado a Bruselas un Pacto de Toledo y un Plan de Resiliencia con el que pretende implantar en el estado el modelo vasco de las EPSV (Entidades de Previsión Social Vascas), los Planes Individuales de Empresa. Según anuncia la Plataforma, en los presupuestos del año 2021 ya se contempla la exención fiscal hasta de 10.000€ anuales para las aportaciones a estos planes. El actual sistema de reparto es incompatible con el modelo mixto-privado de pensiones.

Mesa instalada en la puerta del Ayuntamiento para la recogida de firmas y de inscripciones para el viaje a Madrid el 16 de octubre

¿Pero, qué son y qué consecuencias suponen los planes privados de pensiones?. No son sino planes individuales de las personas trabajadoras, recogidos en convenios colectivos, que se nutren de las aportaciones de éstas y de las empresas, formando parte del sueldo y cuyos fondos están gestionados por representantes del mundo empresarial, la administración y sindicatos mayoritarios.

La primera consecuencia que denuncian desde la plataforma es que la parte que aporta la empresa reduce la base del impuesto de sociedades y no cotiza a la Seguridad Social. Por otra parte, la aportación de la persona trabajadora se descuenta para el cálculo del IRPF. Por cada 10.000€ aportados, Hacienda deja de recaudar unos 4.000€.

La segunda es quiénes podrán aportar cantidades significativas a estos fondos. Y, aquí, la Plataforma también es muy clara: quienes tengan ingresos muy altos. Es decir, altos salarios, directivos, gerentes, consejeros, altos funcionarios, etc., y, particularmente de sectores tecnológicos e industriales del País Vasco, Cataluña o Madrid…

La tercera consecuencia denunciada por la Plataforma es que, para fomentar estos planes, hay que liberar a los grandes sueldos del pago de parte de las cotizaciones sociales que les corresponderían. Es lo que se conoce como “el tope” de cotización (4.070€). Por este motivo la Seguridad Social no ingresará más de 9.000 millones de euros anuales, que no podrán ser utilizados para el pago de pensiones. Este hecho contradice el criterio de solidaridad intergeneracional que supone el modelo de reparto actual.

Y la última consecuencia: al concentrarse el grueso de estos planes en los territorios antes señalados (País Vasco, Cataluña, Madrid) se romperá también el actual criterio de solidaridad interterritorial por el que las zonas con mejores salarios (y pensiones) contribuyen más al pago de pensiones de territorios menos avanzados.

La Plataforma señala claramente los motivos de este interés en los planes privados de empresa:

1. Porque su gestión producirá pingües beneficios a los directivos/as de las empresas que gestionen los fondos.
2. Porque estos fondos nutrirán a los bancos “necesitados” de fuentes de nuevo negocio.
3. Porque responden a la ideología Neo-liberal que impera en la UE y que se plasma en la Orden de implantar en toda Europa los llamados PPEP (Plan de Pensiones Paneuropeos) o planes privados de pensiones, como las EPVS. Negocio para las oligarquías financieras de siempre.
4. Porque con su publicidad atacan el modelo público de reparto y moldean a la opinión pública para que acepte su sustitución por un modelo público-privado.
   Las pensiones públicas perderán poder de compra. Ya hay pensiones públicas de caridad en Reino Unido, bajas pensiones públicas en Alemania, que obliga a pensionistas a seguir trabajando en los llamados „mini-empleos‟, y un sistema de pensiones en quiebra en Chile.

Por ello denuncian que la implantación de modelos de pensiones privadas siempre acaba debilitando al sistema público y solo beneficia a las rentas más altas y a la oligarquía financiera, produciendo mayor desigualdad entre la clase trabajadora y entre las personas pensionistas. Para luchar contra esta realidad, vuelven a llamar a la movilización que la Plataforma lleva protagonizando de forma incansable desde hace más de diez años.

La próxima, a nivel estatal, el 16 de octubre en Madrid, para lo que toda aquella persona puede acudir cualquier lunes a apuntarse en las mesas que instalan en la puerta del Ayuntamiento o en los teléfonos anotados en el cartel al efecto

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