Rosa Blanco Casares.

Un año más el 25 de noviembre nos ha reunido para alzar la voz contra la violencia patriarcal y la violencia de Estado contra las mujeres. ¿Importamos las mujeres al Estado Español? ¿y a la Comunidad Autónoma Andaluza? ¿Se toman suficientes medidas contra la violencia de género para evitar no sólo los asesinatos de mujeres sino también los de sus hijos e hijas? ¿Qué pasa con las medidas políticas, económicas, judiciales, sanitarias, educativas, administrativas, etc., recogidas en la Ley de 2004? Lo que está ocurriendo es que estas medidas se toman con demasiada lentitud o no se toman y esto tiene como consecuencia la lista negra de asesinatos de cada año.

Desde la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres se denuncia cada año, y mes a mes, las mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, junto a niños y niñas, a quienes el padre les ha arrebatado la vida con la única finalidad de destrozar la de su madre. Incluyen también en este cómputo a aquellas mujeres a las que se les ha robado el nombre. Desde el año 2000 hasta el presente mes de noviembre de 2018 se han contabilizado 1357 víctimas en total, de las cuales 41 han sido niños y niñas; y 240 se han propucido en Andalucía.

Son cifras alarmantes que ponen de manifiesto la incapacidad de las Instituciones Autonómicas y del Estado para proteger a las mujeres contra la violencia machista. Un año después del tan publicitado “Pacto de Estado”, firmado por todos los partidos políticos, aún no se había transferido el dinero comprometido, correspondiente a las Comunidades Autónomas, y a los Ayuntamientos, para financiar las medidas contempladas en el Pacto para el año 2018. ¿Cómo se van a tomar medidas si es tan lento transferir un presupuesto, que a todas luces resulta además insuficiente? ¿Cómo se van a cambiar actitudes contra las violencias machistas si la actual Ley de Educación no contempla nada más que una declaración de intenciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres?

Es necesario y urgente una modificación de la LOMCE o su derogación completa, en pro de una ley de Educación que garantice la educación afectivo-sexual, en valores de Igualdad, con carácter transversal y en todos los tramos educativos, que eduque a los niños para que rechacen unas masculinidades violentas, posesivas y dominantes y posibilite a las niñas desarrollar su individualidad y ser protagonistas de su propia vida, fuera del estereotipado amor romántico. Esto sólo es posible con una escuela pública de calidad, verdaderamente democrática, crítica, laica y coeducadora.

Es primordial que jueces y juezas, así como todo el personal relacionado con las Administaciones de Justicia, Sanidad y Educación reciban formación específica con perspectiva de género y atención a la diversidad sexual (LGTBIQ ) para que haya criterios claros de intervención en el sentido de proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de los agresores.

Es imprescindible que se amplíe el concepto de violencia de género, violencia machista, a todas las violencias que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo la violencia sexual. Hace falta hacer una gran pedagogía social para que se produzcan cambios culturales en torno a las ideas, actitudes, relaciones e imaginario colectivo, que reconozca a las mujeres como personas con derechos, dueñas de nuestras vidas, dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras decisiones. Esto exige disponer, por parte del Estado y de todas las Administraciones, de recursos suficientes para la prevención, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

Queremos tener una vida libre de violencia y construir un mundo en el que podamos vivir sin miedo a ser asesinadas, violadas, explotadas, acosadas, perseguidas por ejercer nuestra libertad o por defendernos de las agresiones. Por todo ello, gritábamos este 8 de Marzo: “BASTA! A todas las violencias que sufrimos en todos los ámbitos y espacios de nuestras vidas: en el hogar, en el trabajo y en los espacios públicos.

Y hoy, después ya del 25 de noviembre, seguimos pidiendo a la ciudadanía firmeza y constancia en la exigencia de PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y JUSTICIA Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE HAGAN POSIBLE ROMPER LAS CADENAS DE LA VIOLENCIA.