Ángel-Bartolomé Gómez Puerto. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
El año 2019, definitivamente, está siendo un año marcado por una agenda pública electoral muy intensa, frenética. Ya llevamos varios ejercicios políticos con esa intensidad e inestabilidad político-institucional, sobre todo desde que, tras las elecciones generales de diciembre de 2015, el anterior modelo bipartidista quedó desarticulado, con la aparición de nuevos emprendedores y actores políticos, que se ha completado hace unos meses con la aparición de un quinto elemento político partidario. Los procesos electorales, en los diferentes ámbitos del poder territorial, se reiteran, y las promesas que conllevan se abren paso a modo de grandes titulares, con las personas votantes como objetivo.
Pero, surgen dudas sobre las mismas y sobre el compromiso ético con la ciudadanía de los operadores políticos que las formulan: ¿está regulada la promesa electoral en España?, es decir, ¿los compromisos de los partidos políticos en sus programas electorales tienen algún efecto jurídico?, ¿suponen un compromiso “contractual” con la ciudadanía, con el “cuerpo electoral”?, ¿tiene consecuencias el incumplimiento de una promesa en período electoral?, ¿son viables las propuestas electorales de los partidos políticos?, ¿llevan aparejados algún estudio o informe que avalen su posibilidad de cumplimiento?. Son algunas preguntas que hago, en público, al respecto.
Asistimos cada campaña electoral a una serie de promesas electorales de las diferentes opciones políticas que concurren a cada convocatoria, compromisos a veces muy concretos que se insertan como contenidos de los programas electorales, y que los partidos políticos hacen públicos en el tiempo inmediatamente anterior a la fecha de la celebración de la elección de nuestros representantes, o que anuncian en entrevistas o debates públicos, televisados o no.
Muchas de esas promesas se incumplen, algunas de ellas muy sonadas. En materia de puestos de empleo, que supuestamente se iban a crear, ha sido de las más escandalosas en la historia de nuestro actual período democrático, en un tema tan sensible socialmente. Pero hay otros temas en los que también se han producido incumplimientos de promesas, como en materia de bajada de impuestos, política exterior, siembra de un número determinado y muy abultado de árboles, etc.
La situación es que, una vez constituidas las cámaras legislativas o corporaciones para las que se desarrollaba el proceso electoral, una vez en posesión de sus puestos de representación de la soberanía popular las personas electas, resulta que muchas de las promesas del tiempo electoral quedan en el olvido y la ciudadanía queda sin ningún tipo de opción de exigir el cumplimiento de la palabra dada por la persona candidata, ya electa y en posesión del “escaño”.
El problema de desafección a la actividad política que padecemos puede tener relación, también, con la sensación que se tiene de que se prometen acciones o resultados que, sin embargo, y sin explicación o justificación en muchos casos, no se llevan a cabo una vez que nuestros representantes están ya en ejercicio de sus cargos. Y todo ello, sin consecuencia alguna, sin posibilidad real de reclamación o queja, o de un procedimiento de revocación del incumplidor.
La realidad que acabo de exponer la considero una cuestión esencial para la credibilidad de nuestro “Estado social y democrático de Derecho” (definición de nuestro Estado en el primer precepto de la Constitución), dado que para decidir el sentido de nuestro voto tenemos en cuenta no sólo la formación u honestidad de las personas candidatas, sino también las promesas electorales de mejora de la vida o dignidad de la gente. Votamos de forma informada y consciente, pensando que, sinceramente, una vez elegidos nuestros representantes van a trabajar por conseguir que sean realidad las promesas electorales.
Si se produce el incumplimiento de lo prometido, los administrados deberíamos tener la opción de emitir algún tiempo de queja ante alguna instancia pública, que previamente tuviera un registro oficial de los diferentes programas electorales suscritos por las personas candidatas, para que asuman, si no cumplen lo prometido o justifican la imposibilidad de cumplimiento, su responsabilidad, y pueda producirse algún tipo de consecuencia, como pudiera ser su revocación o su imposibilidad para volver a ser candidato. Lógicamente serían necesarias reformas constitucionales y en el resto del ordenamiento jurídico, en especial, el electoral. Una más que habría que sumar a otras que habría que abordar.
La actual redacción artículo 6 de nuestra Constitución proclama que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Pienso que este importante precepto constitucional debería tener una última frase, que literalmente podría ser esta: “Los partidos políticos deberán dar cumplimiento a las promesas que formulen a la ciudadanía en los períodos previos a las elecciones, en tanto que constituyen un elemento esencial para la formación de la voluntad de las personas votantes”. Este añadido que propongo al artículo 6 del texto constitucional debería ser desarrollado en la normativa electoral general, a fin de concretar la manera de registrar las promesas electorales, consecuencias de su incumplimiento o no justificación de su imposibilidad de aplicación, etc.
Con la propuesta que acabo de expresar y justificar, se trataría de hacer más fiable y creíble nuestro Estado democrático, de aproximar los intereses generales ciudadanos con nuestros representantes públicos, de hacer eficaz y transparente el mandato representativo. En definitiva, se trataría de que el principio de responsabilidad opere también en la representación democrática de la soberanía popular y de respetar al votante, a su libre voluntad expresada en la urna pensando en lo que se le ha prometido. Es una cuestión ética fundamental.
Blog del autor: http://gomezpuerto.blogspot.com
Totalmente de acuerdo, pero desde mi punto de vista la culpa del incumplimiento no es solo de los partidos, que con un buen planteamiento de marketing, solo nos dicen el titulo de la noticia buscando el impacto y el sensacionalismo, y no como la van a desarrollar o de donde van a conseguir los medios o que va a costar o su viabilidad. También la culpa es de nosotros los electores, que en la gran mayoría no conocemos bien o nada bien los programas electorales, de las fuerzas concurrentes a las elecciones.ademas de haber un gran desconocimiento, por las nuevas generaciones de la cultura política, de la constitución y la transición que nos llevo a ella.Pienso como usted dice que el programa electoral, debería ser algo lo más parecido a un contrato con sanción por incumplimiento.
Otro punto a tener en cuenta es que el fanatismo político de algunos ciudadanos por ideales les impide ver las cosas mal hechas o no hechas que hace el partido al que voto, por lo que no son críticos nada críticos con sus siglas y si con el partido de oposición y en su casa no exigen, pues para ellos todo esta bien, de ahí la defensa ante la corrupción.
Estimado alumno, muy de acuerdo con tus aportaciones. Gracias por tu comentario a este artículo-propuesta. Efectivamente, los electores también tenemos nuestra responsabilidad.